La sentencia de la Corte Interamericana expone cómo la violencia contra las personas trans no es un hecho aislado, sino el resultado de un entramado social y estatal que discrimina, persigue y omite. Cuando el Estado no investiga ni protege, deja de ser garante de derechos y se convierte en actor de los crímenes de odio.
El 19 de enero de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó mediante el CP-02-26 su sentencia en el caso Leonela Zelaya y otra vs. Honduras. El fallo identifica de manera clara un patrón de violencia, discriminación e impunidad hacia las personas trans y responsabiliza al Estado no solo por no actuar, sino también por su participación en causar este daño. Un daño que podríamos catalogar como silencioso, cómplice y profundamente sospechoso. La pregunta de fondo que deja la sentencia es doble: ¿por qué matan a las personas trans? y ¿por qué el Estado termina siendo cómplice de esos crímenes de odio?
Según se lee en el Comunicado de Prensa, Leonela Zelaya era una mujer trans, trabajadora sexual, en condición de pobreza y portadora de VIH. En 2004 fue detenida ilegal y arbitrariamente en tres ocasiones por autoridades estatales bajo normas ambiguas que habilitaban un uso discrecional del poder. Tras su muerte violenta, el Estado hondureño no investigó con la debida diligencia: no preservó la escena, no recabó testimonios clave, no consideró su identidad de género como posible móvil del crimen y, de forma reiterada, desconoció su identidad y expresión de género.
La Corte concluyó que Honduras es responsable internacionalmente por las detenciones discriminatorias, por la falta de investigación adecuada de la muerte y por la violación de múltiples derechos fundamentales, así como por el daño infligido a Thalía Rodríguez, su compañera de vida. Aunque el Tribunal no pudo atribuir la autoría material del homicidio al Estado, sí estableció algo más profundo: la responsabilidad estatal por crear las condiciones que permiten que estas muertes ocurran y queden impunes.
Más que conformarnos con el resultado de la sentencia, podríamos, en este momento, hacernos intentar dar respuesta a los dos cuestionamientos a la luz del rol del Estado, no como tutor de los derechos de las personas trans, sino como cómplice silencioso de sus asesinatos.
La primera interrogante nos plantea el reto de cuestionarnos: ¿por qué matan a las personas trans?
Las personas trans son asesinadas porque encarnan una disidencia radical frente a un orden social que castiga lo que se sale de la norma binaria y patriarcal. Se las mata por existir, por ocupar el espacio público, por desafiar una masculinidad hegemónica que necesita disciplinar los cuerpos para sostener su poder. El cuerpo como espacio político de disputa patriarcal no se deja por la libre; debe ser normado, legislado y políticamente regulado.
El crimen comienza con la exclusión educativa, en la precarización laboral, en la criminalización del trabajo sexual, en la patologización de la identidad y en el discurso social que deshumaniza todo aquello que resuene disidente. Esto incluye la discapacidad, los cuerpos desbordados, la no binaridad, la diversidad, los tamaños, las tallas, los colores de piel, la expresión, la identidad despolitizada, la pobreza, la migración, las habitantes de tierras ancestrales. Cuando una vida se presenta como “menos valiosa”, su eliminación se vuelve socialmente tolerable. La violencia extrema es el último eslabón de una cadena larga y sistemática que se materializa desde un comentario en una red social hasta el crimen de odio en un espacio público o privado.
La segunda interrogante es más compleja, nos plantea: ¿Por qué el Estado se vuelve cómplice?
Porque cuando el Estado detiene arbitrariamente, investiga mal, nombra mal y mira hacia otro lado, deja de ser garante de derechos y pasa a ser productor de violencia. La sentencia es clara: la omisión reiterada, la negligencia y el desconocimiento de la identidad de género no son errores aislados, sino expresiones de una discriminación estructural. Una discriminación estructural que se institucionaliza en las Américas y el resto de continentes, sin excepción.
El Estado es cómplice cuando sus leyes son ambiguas y habilitan abusos; cuando sus policías actúan sin control ni ética; cuando sus sistemas judiciales no consideran el contexto de violencia contra personas trans; cuando el nombre y la identidad de la víctima son borrados incluso después de la muerte. Esa complicidad institucional envía un mensaje devastador: estas vidas no importan, estos crímenes no urgen, esta violencia puede repetirse. Una acción que el Estado espera pacientemente que ocurra y que solo se limita a registrar, cuando al menos accionan una lista, un nombre, una fecha o un cuerpo, porque en la mayoría de los casos quedan invisibilizados, como si la vida de una persona trans no pudiese equipararse al resto de vidas heteronormadas.
La sentencia de la Corte no repara una vida perdida, pero sí cumple una función política. Nombrar lo que muchos Estados prefieren callar; es decir, al menos resignifica la muerte y visibiliza lo callado. Reconocer la responsabilidad estatal es el primer paso para desmontar la impunidad.
La pregunta ya no es solo por qué matan a las personas trans, sino cuánto más tolerará la sociedad que el Estado sea parte del problema. Sin políticas públicas con enfoque de derechos, sin investigación diligente, sin reconocimiento pleno de la identidad de género, la violencia seguirá siendo estructural. Y cada omisión seguirá siendo, también, una forma de violencia. ¿Nos atreveremos a nombrarla sin concesiones políticas?
Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2026, 19 de enero). Honduras es responsable por la detención arbitraria y discriminatoria de Leonela Zelaya, y por la falta de debida diligencia en la investigación de su muerte (Comunicado de Prensa No. 02/2026). https://www.corteidh.or.cr
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