Rescataron 564 personas explotadas sexualmente, la mayoría mujeres oriundas de Brasil, Colombia, España, Paraguay, Rumania, y Venezuela
Las fuerzas de seguridad de España rescataron, en 2022, a nivel nacional, a más de quinientas víctimas de explotación sexual, cifra constituida, casi totalmente, por mujeres y niñas, de acuerdo con los más recientes datos oficiales.
La mayoría fue secuestrada por estructuras de crimen organizado que se dedican a la trata de personas, según los indicado en el informe “Balance Estadístico 2022 sobre Trata y Explotación de Seres Humanos en España”, dado a conocer, el 8 de mayo, por el Ministerio del Interior español.
Las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado rescataron, el año pasado, a 564 personas quienes eran explotadas sexualmente, indicó el ministerio, en el documento producido por su Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco).
El desglose de la cifra determinó que se trató de 520 mujeres y 14 niñas, además de 30 hombres.
El componente de género -adultas y menores de edad- se ubicó, así, en el brutal nivel de 94.7 por ciento, indicó el Citco, en el texto, citado por medios de comunicación nacionales.
El centro determinó, asimismo, que “el 56% de las víctimas de trata identificadas por los cuerpos policiales eran explotadas sexualmente y el 45,7 % de las víctimas de explotación eran obligadas a ejercer la prostitución.
La mayoría de las mujeres son oriundas de Brasil, Colombia, España, Paraguay, Rumania, y Venezuela, ubicándose en el grupo etario de 23 a 27 años, precisó.
Algunas de las víctimas “fueron captadas por redes criminales organizadas de trata de seres humanos, que se ocupan de la sustracción de una persona de su entorno habitual, mediante engaño, violencia o abuso de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual o laboral”, señaló.
Otras, estaban “sometidas también a procesos de explotación sexual en entornos de prostitución (…) aunque en su caso no se ha podido demostrar que hubiesen llegado a esa situación por la intervención de una red organizada de trata de personas”, aclaró, a continuación.
También informó que “las operaciones policiales llevadas a cabo en el ámbito de la trata y explotación sexual culminaron con la desarticulación de 53 grupos y organizaciones criminales”.
Además, hicieron posible “la detención de 402 personas, la mayoría de nacionalidad española”, reveló.
Por otra parte, y de acuerdo con la información oficial, la Guardia Civil -gendarmería de naturaleza militar- y la Policía Nacional implementaron, durante 2022, acciones de monitoreo y prevención en materia de trabajo sexual.
Las dos fuerzas de seguridad cuya cobertura es nacional, “realizaron 1,810 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución”, indicó el ministerio.
En términos generales, “la trata de personas supone una grave violación de los derechos humanos y una de las actividades criminales más lucrativas, solo por detrás del tráfico de drogas y al mismo nivel que el tráfico de armas”, reveló.
“Esta realidad creciente ha impulsado la elaboración de un Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023, que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, presentó el 18 de noviembre de 2021 ante el Consejo de Seguridad Nacional”, relató, a continuación.
“El plan (…) potencia y articula medidas para mejorar la lucha contra este delito y facilitar la asistencia y protección a sus víctimas”, continuó explicando.
“Todo ello mediante un mecanismo de cooperación entre los distintos organismos de la Administración General del Estado implicados, así como con las organizaciones especializadas de la sociedad civil”, precisó.
En materia de violencia de género, según datos oficiales referidos, también, al año pasado, España fue escenario de casi medio centenar de femicidios.
La incidencia de estos asesinatos -la máxima expresión del machismo agresor- fue, el año pasado, virtualmente igual a la registrada en 2021 -y en otros dos años-, indicó, al informar, en enero de 2023, sobre el tema, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
“En este año, 49 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en España, siendo la segunda cifra anual más baja -igual en 2016 y 2020-, y después de 2021, cuando se registró la cifra más baja de asesinatos machistas con 48 mujeres muertas”, informó.
“De estas 49 mujeres, el 57,1 % no había puesto denuncia”, además de que “65,3 % eran cónyuges o pareja y el 34,7 % se encontraba en fase de ruptura o eran exparejas”, detalló, además de informar que algo más de un tercio -específicamente, 32.7 por ciento- correspondía al segmento etario de 41 a 50 años.
A esos datos de 2022 se sumó el hecho de “38 menores quedaron huérfanos en 2022 por violencia de género”, denunció la delegación especializada.
Simultáneamente, las plataformas de ayuda en casos de agresión machista registraron considerablemente elevados índices de comunicaciones.
“El 016, el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, superó en 2022 las 100,000 llamadas, concretamente 102,391”, señaló la entidad.
“Por otro lado, el chat online de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha recibido (…) un total de 2,167 consultas”, mientras que “el correo electrónico ha recibido 1,499 consultas este 2022 y el WhatsApp, 6,063 consultas”, puntualizó.
En declaraciones que formuló en enero, inmediatamente después de conocida la información difundida por la delegación, la sindicalista Lourdes Pedrazuela, rechazó los crímenes de género, y exhortó a que la población se sensibilice respecto a las agredidas.
“Los datos demuestran que la violencia de género se mantiene como un problema de primer orden también en 2022”, señaló Pedrazuela, quien se desempeña como secretaria de Políticas Sociales, Igualdad y Formación de la Unión Sindical Obrera (Uso).
También planteó la necesidad de acción estatal interinstitucional más eficaz, para hacer frente al crítico cuadro de situación.
“Desde Uso, seguimos reiterando nuestro más absoluto rechazo a esta violencia contra las mujeres, sistemática e insoportable”, expresó.
Ello, “insistiendo en que tiene que existir una mejor coordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado, los juzgados, los servicios sociales, y las comunidades, así como más recursos humanos y materiales para abordar el problema”, agregó, en calidad de puntual recomendación.
En opinión de la dirigente, es necesario, “también, mejorar nuestra percepción -como sociedad- de las víctimas que podamos tener a nuestro alrededor, para alertar, denunciar y apoyar”.
Foto: Gantas Vaičiulėnas
