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Hogares afectados por incumplimiento de pago de pensión alimentaria

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En Argentina, tres de cada cinco hogares encabezados por mujeres enfrentan la omisión de padres, en el cumplimiento de la obligación -lo mismo legal que moral- de aportar la pensión alimentaria

Esos núcleos familiares, que representan algo más de 10% del total nacional, alojan a millones de menores de edad, enfrentados a la vulnerabilidad de no contar -o contar irregularmente- con el aporte monetario paterno.

Al informar, el 17 de noviembre, sobre esa dramática situación, la representación regional de la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) para américa Latina y el Caribe, reveló que un porcentaje considerable de las jefas de hogar se endeuda, para mantener a sus hijos.

La agencia especializada de la organización mundial, indicó que, “en Argentina, hay más de 1,600,000 hogares monomarentales (jefeados por mujeres) -el 11.7% del total de hogares- donde viven más de 3 millones de niñas, niños, y adolescentes”.

Aproximadamente la mitad de esos núcleos familiares carece de apoyo económico paterno, aseguró.

Al respecto, ONU Mujeres citó datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations Children’s Fund, Unicef), para indicar que “el 50.2 % de los hogares en los que no vive el padre, no recibió dinero en concepto de cuota (pensión) alimentaria, en los últimos 6 meses, y el 12% sólo lo recibió algunas veces”.

“Es decir, 3 de cada 5 hogares a cargo de mujeres no reciben la obligación alimentaria en tiempo y forma”, precisó.

Ello incide en el alto índice de precariedad socioeconómica que presenta la población femenina -que constituye casi 53 por ciento de la nacional-, denunció el organismo internacional.

“En Argentina, la pobreza afecta más a las mujeres, sobre todo a aquellas que viven en hogares monomarentales”, señaló, para agregar que, “en estos casos, la tasa de pobreza es del 53%, mientras que para el total de hogares es del 27%”.

Las horas que las jefas de hogar desarrollan tareas domésticas -obviamente, sin percepción de salario-, constituyen un componente fundamental en la perpetuación de ese aspecto de la inequidad de género, según las cifras reveladas por ONU Mujeres.

“Una de las causas de esta desigualdad es que las mujeres dedican el doble de tiempo (6.31 h) diario, al trabajo de cuidados no remunerado, que los varones (3.40 h)”, precisó.

En tal contexto, “el impacto de las responsabilidades de cuidado en el mercado laboral es evidente”, puntualizó, a continuación.

“En 2022, solo el 49 % de las mujeres participaba en el mercado de trabajo, mientras este porcentaje era del 70.2% en el caso de los varones”, agreg+ó, a manera de ejemplo.

“Esta inequidad impacta desfavorablemente en las posibilidades de las mujeres de garantizar su autonomía económica”, expresó.

En ese dramático cuadro de situación, la irresponsabilidad paterna en cuanto al aporte económico afecta, fuertemente, a los hijos menores de las jefas de hogar.

“Para crecer y desarrollarse, niños, niñas, y adolescentes necesitan cubrir los costos de alimentos, ropa, calzado, vivienda, salud, educación, traslados, y cuidados”, explicó ONU Mujeres.

“Sin embargo, muchas mujeres enfrentan obstáculos para que los padres se hagan cargo de la crianza de sus hijos/as”, reafirmó.

Al respecto, citó, como ejemplo, datos del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.

“Entre las mujeres que reciben esta cuota (la pensión alimentaria), el 32% indicó que tuvo que solicitar ayuda económica a su círculo cercano”, a causa de atrasos o de negativa, de los padres, a efectuar el pago, informó.

“Asimismo, el 12% tuvo que solicitar créditos o préstamos para cubrir gastos de cuidado, es decir, que el 44% depende de dinero prestado, ya sea de familiares, bancos, o financieras, para completar sus ingresos mensuales”, agregó.

“De este modo, el incumplimiento de la obligación alimentaria hace pasar, a las mujeres, de la condición de acreedoras a la condición de deudoras, afectando su posibilidad de ejercer su autonomía económica”, puntualizó, en modo de denuncia.

Índice de Crianza

ONU Mujeres explicó que, en respuesta a esa situación, la Dirección de Economía, Igualdad y Género, y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lanzaron. en mayo el Índice de Crianza.

La agencia de Naciones Unidas explicó que se trata de un instrumento que “permite contribuir a la organización y planificación familiar y a la gestión de los cuidados, y saber cuánto destinan las familias a alimentar, vestir, garantizar vivienda, trasladar y cuidar niños, niñas y adolescentes”.

“Además, esta herramienta tiene como objetivo ser un valor de referencia para jueces y juezas al momento de dictaminar en casos de demandas de cuotas alimentarias, con el fin de promover una distribución de los gastos de crianza más igualitaria”, agregó.

“Actualmente, el indicador ya fue aplicado en 18 fallos de cuota alimentaria en 10 provincias del país”, del total de 23, precisó.

El planteamiento de ONJU Mujeres es coincidente con la descripción oficial que, En el sitio del Ministerio de Economía, en Internet, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, de la Secretaría de Política Económica, presenta del Índice Crianza (IC).

Se trata de “un valor de referencia para saber cuánto destinan las familias a
alimentar, vestir, garantizar vivienda, trasladar y cuidar niños, niñas y adolescentes”, que “permite contribuir a la organización y planificación familiar y a la gestión de los cuidados”, de acuerdo con la información.

“Es una herramienta pionera, ya que se trata de la primera estimación llevada adelante por un organismo oficial a nivel continental y, que se tenga registro, en el mundo”, precisa la dependencia gubernamental.

“A través del IC se podrá informar a jueces/as, abogados/as y organismos que trabajan con
infancias y juventudes para que se cumplan sus derechos”, razón por la cual “resulta útil para distribuir los gastos de crianza de forma más igualitaria, especialmente en los procesos de separación de las parejas o luego de la separación”, según la misma fuente.

Citada en la nota informativa de ONU Mujeres, la directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia y derechos Humanos, Gabriela Carpineti, dijo que, “cuando el Estado logra dimensionar el problema, como un problema de orden público, comunitario, y transversal, empiezan a aparecer instrumentos para intervenir”.

Por su parte, la abogada Marisa Herrera, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos aires (UBA), destacó el valor de IC como instrumento para procesos judiciales de familia.

La omisión en el pago de pensión alimentaria, “es violencia económica y de género, y además es violencia contra niñas, niños y adolescentes”, subrayó.

“Seguir debatiendo estos temas, con una mirada profunda, comprometida, y realista de lo que implican las desigualdades de género en plural, me parece que no sólo es un compromiso sino una responsabilidad, si realmente pensamos en una sociedad más justa e igualitaria”, agregó.

En términos coincidentes, la abogada Nelly Minyersky, también profesora en la Facultad de Derechos de la UBA, advirtió que “los feminismos, a pesar de haber logrado numerosos avances en materia de derechos de las mujeres, han dejado de lado la perspectiva de la niñez como sujetos de derechos”, a lo que se suma el hecho de que “la sociedad ha naturalizado la obligación alimentaria como un asunto de personas adultas”, situación en la que, definitivamente, incide “la mirada patriarcal que aún atraviesa el sistema judicial”.

Sobre ese aspecto, Minyersky reflexionó en el sentido de que, “todavía, la situación del juicio de alimentos tiene una connotación -mal que nos pese- de que las mujeres somos capaces, en la letra de la ley -capacidad jurídica-, pero, en la vida, no se nos considera capaces, y no se nos cree”.

Foto: Ron Lach

 

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