En México y en algunos países de la región, las sobrevivientes a la violencia están reformulando las leyes, exigiendo responsabilidades y redefiniendo lo que significa participar en la vida pública en la era digital.
La violencia digital contra las mujeres está aumentando considerablemente en toda América Latina. Para las mujeres que participan en la vida pública —políticas, periodistas, activistas, defensoras de los derechos humanos— el abuso en línea no es solo una intromisión. Es un arma. Y no se limita al ámbito digital.
El abuso comienza con un mensaje, un deepfake, un ataque de doxing. Luego se extiende a la vida real: miedo, autocensura, pérdida de empleos, agresiones físicas. Un estudio de ONU Mujeres de 2023 sobre la violencia digital contra las mujeres en la vida pública en América Latina reveló que la mitad de las mujeres entrevistadas habían sufrido amenazas, toqueteos en espacios públicos. Además, habían visto cómo sus fotos se utilizaban como arma en las redes sociales para acosarlas. La violación era la amenaza física más frecuente. En general, las mujeres informaron que la violencia digital se había normalizado como “las reglas del juego” en la política y en el periodismo.
Pero las mujeres no aceptan esas reglas. En toda la región, las sobrevivientes están reformulando las leyes, exigiendo responsabilidades y redefiniendo lo que significa participar en la vida pública en la era digital.
En México, más de 10 millones de mujeres y niñas mayores de 12 años que utilizaron Internet en 2024 fueron víctimas de ciberacoso en los últimos 12 meses.
“Como sobreviviente de la violencia digital, he visto cómo esta violencia no se queda en la pantalla”, afirma Olimpia Coral Melo. “Se traslada a tu vida, a tu entorno, a tu presencia, a tu cuerpo y a tu memoria. A las sobrevivientes se nos hace creer que somos las culpables, mientras que las autoridades a menudo no actúan porque piensan que, si ha ocurrido de forma virtual, no es real”.
En 2013, Coral Melo grabó un vídeo íntimo con su pareja. El vídeo se compartió en Internet sin su consentimiento. Su vida se derrumbó bajo el peso de las culpas, del estigma y de la indiferencia oficial. Cuando intentó denunciarlo, las autoridades le dijeron que no se había cometido ningún delito y la enviaron a casa. En aquel momento, la legislación mexicana no reconocía la violencia digital.
La periodista deportiva Marion Reimers sufrió un ataque distinto, pero igual de brutal. Durante años, sufrió un acoso coordinado en Internet por denunciar el sexismo en el deporte y en los medios de comunicación. «Si alguien hackea mi cuenta o me agrede en la calle, el resultado es muy similar», explica. «La violencia digital también se extiende al mundo físico. Hay personas que, por ello, se autolesionan o son acosadas y agredidas fuera de Internet».
Los ataques le costaron a Reimers oportunidades laborales, dañaron su reputación y le provocaron depresión y ansiedad. Al igual que Coral Melo, se encontró con un muro de negación institucional: las fuerzas del orden tenían poca comprensión de cómo funcionaba la agresión digital y no existían protocolos para responsabilizar a las plataformas tecnológicas.
Transformación de trauma en una lucha por la justicia
Entre 2013 y 2021, las sobrevivientes se organizaron, hicieron campaña, testificaron y ganaron. México reformó su Código Penal para reconocer la violencia digital de género y responsabilizar a los perpetradores por producir, difundir, almacenar o poseer contenido sexual íntimo sin consentimiento.
El movimiento se conoció como la Ley Olimpia, una iniciativa legislativa pionera en América Latina que contribuyó a dar visibilidad a la violencia digital contra las mujeres. Desde 2016, muchos países de la región han aprobado o modificado leyes para reconocer la violencia digital como una forma de violencia de género. Entre ellos, Paraguay, Uruguay, Ecuador, México, Venezuela y Argentina han modificado sus leyes para incluir estas nuevas formas de violencia. Otros países, como El Salvador, Perú, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Costa Rica y varias naciones del Caribe (Belice, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Dominica, Cuba y las Bahamas), han promulgado leyes que penalizan ciertas formas de violencia digital contra las mujeres.
Ahora México está lanzando un Observatorio de Violencia Digital para rastrear tendencias y Olimpia, una herramienta de inteligencia artificial diseñada por sobrevivientes que ofrece apoyo en 30 idiomas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que se está expandiendo por toda la región.
ONU Mujeres apoya a México en la elaboración de una respuesta nacional
Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ONU Mujeres está impulsando un proyecto para generar evidencia y orientar las políticas públicas que abordan la violencia digital. Esta crisis afecta a más de 10 millones de mujeres y niñas en México, según datos del INEGI.
En colaboración con organizaciones de la sociedad civil, creadores de contenido, periodistas, sobrevivientes y colectivos feministas, el proyecto creará un Observatorio Nacional sobre Violencia Digital. Para los próximos 16 Días de Activismo, México lanzará la campaña «Es real» #EsViolenciaDigital para crear conciencia y prevenir el abuso en línea.
Sin embargo, los expertos sostienen que la justicia solo será real si las instituciones invierten en capacidades especializadas y se exige responsabilidad a las empresas tecnológicas mediante normas de moderación de contenidos y respuestas centradas en las víctimas.
Fuente: ONU Mujeres
Foto: Marco Antonio Casique Reyes