El Estado mexicano se muestra indiferente de cara a los femicidios, que constituyen un problema nacional creciente, planteó, el fin de semana, la Iglesia católica local, y llamó, a las autoridades, a proteger la vida de los sectores poblacionales en situación vulnerable -en particular, las mujeres.
El señalamiento fue formulado, durante la misa dominical, en la capitalina Catedral Metropolitana, por el obispo auxiliar de México, Salvador González, quien, sin mencionarla por su nombre, hizo así implícita referencia al femicidio de Ingrid Escamilla, crimen que, por la particular brutalidad con la que fue cometido, y por la repudiada cobertura que tuvo de medios sensacionalistas, conmocionó al país.
Al referirse al Estado, que “da la impresión de no hacer nada o hacer muy poco”, González lo acusó de “relativizar lo que tendría que estar en primer lugar en su esfuerzo: trabajar por el respeto de la vida de las personas, especialmente las más vulnerables, dígase las mujeres”, además de “los niños, los niños dentro del vientre de sus madres, los enfermos, los migrantes”.
“Un escándalo tremendo es lo que vivimos, en nuestra ciudad, con los abusos, la trata de personas y la esclavitud sexual”, denunció.
El sacerdote hizo así alusión a datos oficiales que indican que los femicidios registrados el año pasado, a nivel nacional, llegaron a 976, mientras que, en el caso de la Ciudad de México (CDMX), aquellos de los que se tiene denuncia fueron, en el mismo período, 68, aunque organizaciones de sociedad civil aseguran que ambas cifras constituyen subregistros.
De acuerdo las mismas fuentes, 2018 marcó un promedio diario de 10 mujeres asesinadas, más de 40 por ciento de las cuales estuvo constituido por víctimas de sus respectivas parejas.
Al abordar la violencia de género y la necesidad de combatirla, el obispo auxiliar expresó que “el acompañamiento a los jóvenes, para ayudarles a descubrir la belleza de relacionarse con respeto y reverencia al otro, puede permitirles dar el paso al riesgo de vivir a plenitud el amor fiel, responsable, y comprometido”, lo cual “no puede vivirse en un mundo de mentira”.
González formuló las declaraciones un día después de que centenares de mujeres realizaron, en la capital, un marcha pacífica que culminó en el norteño distrito capitalino de Gustavo A. Madero, frente al edificio donde se ubica el apartamento en el cual Escamilla, de 26 años, fue asesinada, a puñaladas, por su pareja, a quien se ha identificado como Érick Francisco ”N”, de 46 años.
El femicidio ocurrió el 9 de febrero, en el marco de una discusión durante la cual el agresor no solamente apuñaló a la víctima sino que, luego, la desmembró, la evisceró, y la desolló, echando partes del cuerpo en el inodoro de la vivienda y en una cloaca pública, de acuerdo con versiones periodísticas locales e internacionales.
El victimario cometió el crimen en presencia de su hijo, un adolescente de 14 años, quien padece autismo, según las mismas fuentes.
“Les pedimos, a los medios, que no hagan, de esto, un circo”, declaró, durante la actividad, Victoria Barrios, una de las participantes y tía de la víctima.
“Cada vez que vayan a publicar una foto, que vayan a escribir una línea, piensen, que lo piensen un poco, que sea una comunicación limpia, que no sea amarillista”, expresó Barrios.
La manifestante se refirió así a la cobertura inicial que, al crimen, dieron algunos medios sensacionalistas locales, lo que generó masivo repudio popular.
Tal es el caso del periódico tabloide Pásala -caracterizado por ese manejo de la información policial-, que tituló, al día siguiente del asesinato, en su portada, que “La culpa la tuvo Cupido”, en alusión al hecho de que el crimen fue perpetrado cinco días antes de la conmemoración de San Valentín.
El título fue, además, acompañado por una foto que ilustra claramente la mutilación que sufrió la víctima.
Durante la manifestación llevada a cabo el 15 de febrero, en la Ciudad de México (CDMX), fueron coreadas consignas tales como “No, no, no es un hecho aislado, los feminicidios son crímenes de Estado”, “Señor, señora, no sea indiferente, se matan a mujeres en la cara de la gente”, “Que te dije que no, pendejo (estúpido)! Mi cuerpo es mío, tengo autonomía!”.
Simultáneamente a la manifestación en la capital, similar actividad se desarrolló en el noroccidental estado mexicano de Baja California, en la ciudad de Tijuana –fronteriza con la sudoccidental ciudad estadounidense de San Diego, con la que comparte 24 de los 3155 kilómetros de frontera binacional-.
En ese caso, unas cuatrocientas mujeres marcharon hasta la sede de la Fiscalía General del Estado de Baja California (Fgebc), en cuyas puertas de vidrio escribieron, usando lápiz labial: “Cómplices, asesinos, justicia, ni una más”.
El grafiti respaldó la exigencia de fin a la agresión contra las mujeres en ese estado, que, al igual que otros puntos del territorio mexicano, registra un alza en materia de femicidios.
Las participantes en la marcha exigieron, a la fiscalía, “mayor sensibilidad para atender la violencia de género”, fenómeno social que es considerado como el mayor problema que enfrentan las mexicanas, a nivel nacional.
