La aprobación, en el parlamento de Costa Rica, de un proyecto de ley contra la violencia de género en política es necesaria, como compromiso ética para erradicar esa práctica, planteó la ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Marcela Guerrero.
Es necesario lograr la participación política en un ambiente de igualdad, aseguró la ministra.
Con apoyo unánime en la Comisión de la Mujer, la iniciativa pasó, el 27 de julio, a consideración en el plenario de la Asamblea legislativa (parlamento unicameral), donde tiene que ser votada en dos debates.
El proyecto -identificado con el número 20308, y denominado “Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política”, apunta, entre sus objetivos centrales a definir el concepto de esa variante de agresión, indicó el Inamu, en un comunicado, que emitió dos días después, y en el que citó a la jerarca gubernamental.
“Gracias a la lucha de las mujeres, a lo largo de la historia, Costa Rica ha avanzado, con firmeza, para garantizar la paridad de género en los espacios políticos-electorales, sindicatos, asociaciones comunales y solidaristas”, expresó Guerrero, una ex parlamentaria (2014-2018) por el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC).
“Requerimos fortalecer los esfuerzos para que esa participación ocurra en espacios de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y, para lograrlo, esta normativa es una herramienta básica”, señaló, a continuación.
“Es por esta razón que se puede afirmar que, con la aprobación de esta normativa, Costa Rica continuaría a la vanguardia, a nivel latinoamericano, en la defensa del derecho a la participación política de las mujeres, libre de violencia de género”, agregó.
Ello, “porque, con este proyecto, apostamos por una visión integral”, ya que “no sólo se atiende a las militantes de los partidos políticos sino, también, a aquellas que participan en organizaciones sociales como sindicatos y asociaciones”, reafirmó.
Al señalar la necesidad de que el texto sea debatido favorablemente en el plenario legislativo, Guerrero dijo que se trata de “un compromiso ético por generar un pacto social y político que permita la trasformación y la eliminación de prácticas o argumentaciones que violentan a las mujeres, y que han sido naturalizadas”.
“No hacerlo va en contra de las luchas de las mujeres, y de los compromisos adquiridos por el Estado Costarricense, mediante normativa nacional e internacional sobre derechos humanos y políticos de las mujeres”, advirtió.
Respecto al trámite parlamentario que ha seguido el proyecto, el Inamu señaló que el texto fue planteado, inicialmente, hace nueve años, y que, tras un período sin atención en la Comisión de la Mujer, tuvo una nueva redacción, la que, ahora, con algunas modificaciones, recibió aprobación unánime, el 27 de julio, en el grupo de trabajo legislativo.
Inmediatamente después de esa votación favorable, la legisladora Nielsen Pérez, representante por el PAC, una de las promotoras de la potencial ley, también subrayó la necesidad de erradicar la desigualdad de género en el campo de la política en el país centroamericano.
“En el marco del respeto a los derechos humanos de las mujeres, Costa Rica tiene el compromiso de eliminar todos los tipos de discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, y garantizar, a las mujeres, igualdad de condiciones para el libre ejercicio de sus derechos políticos”, expresó.
“Este proyecto provee al país de un marco legal -que no existe, en este momento- para cumplir con esta tarea, y atender una problemática real, que afecta a muchas mujeres en los partidos políticos, gremios y organizaciones sociales”, precisó.
“Esta legislación es un gran pendiente, en nuestro país”, aseguró, para subrayar que, “desde hace nueve años, se discuten proyectos de ley, y hoy, finalmente, se logra culminar con un dictamen afirmativo, lo cual es sin duda es un gran paso que hemos dado en la comisión”, aseguró.
Su compañera de bancada, Paola Vega, planteó el mismo día, al respecto, que, por experiencia propia, apoya la iniciativa.
“Una cosa es hablar de violencia política y otra cosa es vivirla, pero lo cierto es que lo vivimos absolutamente todas”, dijo.
“Que, si una está muy flaca, muy gorda; que si es muy alta o muy baja, al final, nos siguen juzgando en política como si fuéramos un objeto publicitario, y como si estuviéramos que estar, día y noche, al servicio de los parámetros, estereotipos, y roles de género se le han impuesto a la mujer en diversos ámbitos”, enfatizó.
“Si este proyecto de ley va a garantizar que las siguientes generaciones de mujeres que vienen a política no sientan ese miedo, y que las barbaridades que nos dicen, por ejemplo, en redes sociales, sean menos frecuentes, es un proyecto que, definitivamente, vale la pena apoyar”, planteó.
En opinión de la parlamentaria, “es un legado que debemos dedicar a las mujeres que vienen en camino, a hacer política”.
De acuerdo con fuentes legislativas, el proyecto se enfoca en establecer mecanismos legales para prevenir, atender, sancionar, y erradicar las conductas violentas que atentan contra los derechos del sector femenino en el campo de la política.
Igualmente, identifica las diferentes manifestaciones violencia machista -física, psicológica, patrimonial, sexual, simbólica-, así como otros tipos de represalias contra las mujeres quienes incursionan en la escena de lo público, para ejercer liderazgos y cargos políticos, señalaron.
Asimismo, establece obligaciones de prevención, al igual que sanciones administrativas, éticas, electorales, y políticas, tomando en cuenta los criterios recibidos en el proceso de consulta del texto, a instituciones y organizaciones de sociedad civil, lo mismo que los estándares internacionales de derechos humanos que, para este sector poblacional, rigen en cuanto a su participación en este tipo de actividad.
