Representantes de la coalición política La Libertad Avanza, en la Cámara de Diputados de Argentina, presentaron un proyecto de ley que deja sin efecto la legislación que despenalizó el aborto
Seis de los treinta y ocho representantes de la gobernante coalición política La Libertad Avanza (LLA), en la Cámara de Diputados de Argentina, presentaron, en ese organismo legislativo, un proyecto de ley que deja sin efecto la legislación que despenalizó, hace algo más de tres años, el aborto.
La iniciativa -introducida el 8 de febrero en la corriente legislativa, y consistente en seis artículos-, plantea penas de risión en el rango de uno a quince años para quienes, según las diversas responsabilidades previstas, incurran en el delito que se procura reinstaurar.
En los 32 párrafos de fundamentación de la propuesta, los autores sostienen que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley IVE) -aprobada en diciembre de 2020, vigente desde enero de 2021-, es inconstitucional.
El proyectado instrumento legal apunta a anular las reformas que la Ley IVE introdujo a los artículos 85, 86, y 88 del Código Penal de la Nación -cuerpo legal cuya redacción inicial, que data de 1921, ha sido objeto de numerosas reformas, las que no modificaron, en su esencia, en concepto de criminalización del aborto-.
En su categórico primer artículo -del total de seis-, el proyecto determina: “derogase la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”.
Respecto a las sanciones carcelarias, entre otras disposiciones, prevé, al modificar el artículo 85, que “el que causare un aborto será reprimido: 1º Con reclusión o prisión de tres (3) a diez (10) años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince (15) años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”.
Y, “2º Con reclusión o prisión de uno (1) a cuatro (4) años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximum de la pena se elevará a seis (6) años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”.
En cuanto al artículo 86, la redacción propuesta señala que “incurrirán en las penas establecidas en el artículo 85 y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo”.
Igualmente, indica que “el aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios”.
Para el artículo 88, plantea que “será reprimida con prisión de uno (1) a tres (3) años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho”.
Según lo explicado para fundamentar el proyecto, los proponentes partieron de la base de que la Ley IVE es violatoria de la Constitución de la Nación Argentina.
Ello, por considerar que choca con el sentir de la población, que su redacción es engañosa, y que apunta a asesinar a una persona antes de que nazca.
“Entendemos que dicha ley no es constitucional, y contraría el sentir general del pueblo argentino y y que no contempla la dignidad de la persona humana, razones por la cuales corresponde promover su derogación”, indicaron, para agregar que, “en su promulgación redundan aspectos específicos a los que nos referiremos”.
“Un punto es la denominación misma del procedimiento legislado ‘Interrupción Voluntaria del Embarazo’, la misma no es más que falsificación al llamar al acto que es, lisa e indubitablemente un aborto”, precisaron.
De modo que “fue, claramente, la intención, la de confundir a partir de un eufemismo que lo único que persigue es hacer creer el reconocimiento, por ley, de un derecho al aborto, mientras que se está realmente ante el derecho a acabar con la vida de la persona por nacer”, aseguraron, a continuación.
Referencia explícita a la dignidad del ser humano desde la fecundación
“El comienzo de la vida humana, hace tiempo que ha sido aclarada por la ciencia (…) la genética moderna ha demostrado que desde el instante de la fecundación se forma un nuevo individuo de la especie humana, con carga cromosómica propia, característica que lo convierte en una entidad distinta a su madre”, puntualizaron.
“La dependencia que tiene este nuevo ser respecto de su madre no anula su condición de individuo, que continuará su desarrollo hasta el nacimiento, siempre y cuando no se vea agredido por una fuerza externa”, aclararon.
“De hecho, desde la concepción en el seno materno, no se produce ningún cambio disruptivo que permita afirmar que lo que antes era un ‘fenómeno’ ahora es un ser humano”, lo que determina que “todo el proceso es un desarrollo progresivo de alguien que ya es”.
Los proponentes de la medida, se refirieron, asimismo a lo que describieron como la “cuestión de la personalidad”.
Con sintaxis por momentos defectuosa, plantearon que “se ha repetido en diversos ámbitos que, sin negar la existencia de vida humana, argumentaban que no debía reconocerse al no nacido el estatus de persona”.
“Por otro lado, hay quienes -sin negar la condición de persona del no nacido- creen que ante una colisión entre el derecho a la vida de aquél y el pretendido derecho al aborto debe optarse por salvaguardar el segundo”, agregaron, a continuación, en un planteamiento simplista.
“Se han referido a una supuesta ‘gradualidad de los derechos’, según la cual éstos adquieren una mayor intensidad en base a características como los latidos del corazón, la capacidad de sentir dolor, o la viabilidad extrauterina”, siguieron afirmando.
Los impulsores de la iniciativa, hicieron, igualmente, referencia explícita a la dignidad del ser humano, señalando que la naturaleza organizativa del Estado depende de lo fuerte -o débil- que sea la conceptualización que se tenga de la persona.
“La dignidad humana necesita de fundamentos que no sean objeto de controversia por modas o usos más allá de cualquier circunstancia o un plazo, que siempre serán arbitrarios”, razonaron.
“De otra manera, esa opción se vuelve muy frágil”, explicaron, además de expresar que “la dignidad inherente a la persona humana es inviolable e inalienable, es parte del derecho natural, y aún en las más dramáticas circunstancias debe resguardarse el derecho a vivir de todo ser humano”.
“Si se niega este derecho, el más elemental, todos los demás derechos quedan en cuestión, como cubiertos por un manto de duda y a merced del arbitrio de los poderosos”, aseguraron.
En tal contexto, “si aparece una justificación para eliminar una vida inocente, siempre aparecerán otras razones para excluir de este mundo a otros seres humanos, dependiendo de las circunstancias”, vaticinaron, como reflexionando.
Por lo tanto, “cuando la concepción del hombre como persona se debilita, la organización del Estado tiende a volverse colectivista y absoluta”, advirtieron los representantes de la agrupación fundada, en 2021, por l presidente argentino, Javier Milei -un declarado enemigo de la existencia, precisamente, del Estado, quien se define como “liberal libertario”-.
“La universalidad del valor de la dignidad humana, para ser tal, debe ser considerada como anterior al derecho, y más aún, como su fundamento último”, agregaron.
“En efecto, los sistemáticos ataques que ha sufrido la persona humana en el curso de la historia reciente encuentran su origen filosófico en una concepción nihilista que rechaza de plano la posibilidad de que la realidad esté regida por un orden”, expresaron, en tono de denuncia.
“La moral y los derechos se vuelven así hechos puramente sociales, y, por ende, modificables en función de una voluntad mayoritaria circunstancial”, lo que significa que, en ese caso, “la defensa de los derechos humanos que no tenga en cuenta la dignidad intrínseca de la persona humana se torna ilusoria, es meramente discursiva, ya que carece de raíces”, aseguraron.
En opinión de los diputados mileístas, aseveraron que “una concepción biológica y materialista de la sociedad, se niega a reconocer la existencia de un orden fundamental y en consecuencia a respetar el carácter de persona del individuo humano, considera lícita la supresión de vidas humanas cuando representan supuestamente una carga para la comunidad”.
“Por este motivo, consideramos que la discusión del aborto debe darse siempre en el marco de la búsqueda sincera del bien común, que aborda la relación entre la persona y la comunidad como de un todo hacia otro todo, y que tiene como elemento fundamental la participación: nadie puede quedar fuera, todos los miembros de la comunidad política deben tomar parte tanto en su construcción como en su disfrute”, escribieron.
Según los proponentes del proyecto, como respaldo a la IVE, “se utiliza el argumento que la decisión de abortar forma parte de la autonomía de la mujer, en el marco del artículo 19 de la Constitución Nacional, que prohíbe la intromisión del Estado en las “acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero”.
“Pero lo cierto es que, como hemos visto, desde el instante de la fertilización nos encontramos en presencia de un individuo de la especie humana, con carga genética propia y distinta a la de la madre”, por lo que “resulta claro entonces que se trata de un ‘tercero’ en los términos del art. 19 CN”, afirmaron, a continuación.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
Ante la inminencia de la acción por parte del gobierno de Milei, activistas argentinas por derecho a aborto anunciaron, un mes antes, la decisión de sumarse a lo que describieron como “estrategias de lucha contra el embate antiderechos”, en términos generales, por parte del autocrático mandatario.
En ese sentido, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, declaró su incorporación a la masiva oposición popular argentina a la administración instalada el 10 de diciembre, para el período 2023-2027.
El movimiento fundado en 2005 -cuya lucha fue decisiva en la aprobación, el 30 de diciembre de 2020, de la Ley IVE- planteó que el aborto está en riesgo, ante el drástico cambio que Milei está imponiendo en el orden político del rioplatense y andino país sudamericano.
Al informar, el 5 de enero, sobre lo resuelto por la campaña, el diario argentino Página 12 -opositor al régimen mileísta- señaló que el legalizado procedimiento médico es uno de los frentes de ataque marcados por la nueva administración.
En ese sentido, citó a referentes del feminismo nacional, quienes coincidieron en denunciar que el gobierno instalado el 10 de diciembre -para el cuatrienio 2023-2027- apunta al desmantelamiento de componentes clave del sistema de salud -prioritariamente, la IVE-.
“El acceso al aborto es una de las principales políticas de salud pública amenazadas por el gobierno de Javier Milei”, indicó el periódico, en la nota informativa titulada “Aborto: ni un paso atrás”.
Ante ello, la campaña “resolvió participar de asambleas multisectoriales en todo el país para sumar activismos”, mientras líderes feministas en “diferentes sectores, tejen estrategias de lucha contra el embate antiderechos”, agregó.
Tres años después de aprobada, la legislación sobre la IVE “se encuentra en riesgo, frente a un nuevo orden público que tiene, entre sus premisas, la oposición férrea a la autonomía de los cuerpos de las mujeres y personas gestantes, y un cambio de paradigma anticonstitucional”, señaló.
Ello, por la vía del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la denominada Ley Ómnibus, que Milei presentó al bicameral Congreso de la Nación -cámaras, respectivamente, de Diputados y de Senadores-, proyecto que, de acuerdo con analistas locales, a lo largo de centenares de artículos, son violatorios de los derechos humanos.
La Ley Ómnibus enfrentó fuerte rechazo por parte de la mayoritaria oposición en la -cámara de Diputados, la primera que recibió la iniciativa, al punto que Milei decidió retirarla.
En su sitio en Internet, el movimiento de cobertura nacional se define como “una alianza federal amplia de organizaciones y personas, lanzada, el 28 de mayo de 2005, con el objetivo central de bregar por la legalización del aborto en Argentina y, más ampliamente, por los derechos sexuales y reproductivos”.
Ello, “bajo el triple lema ‘educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir’”, puntualiza, para agregar que “la Campaña (…) instaló, en la agenda política, la necesidad de legalizar y despenalizar el aborto como una cuestión de salud pública, de justicia social, y de derechos humanos”.
Foto: RDNE Stock project
