Costa Rica posee una deuda histórica con las mujeres: la desigualdad en el acceso al trabajo y en la distribución del cuido. Para construir un país próspero e igualitario, necesitamos que todas las mujeres tengan las condiciones para estudiar, trabajar, emprender y liderar.
Hablar hoy del futuro de Costa Rica es reconocer que estamos ante un punto de inflexión. Nuestra democracia, aunque viva y resiliente, enfrenta tensiones que amenazan su promesa histórica: la del país que apostó por la educación, la inclusión y la paz. La Costa Rica que heredamos es la que abolió el ejército para invertir en escuelas; la que entendió que la igualdad de oportunidades debía ser una política pública sostenida y equitativa. Esa es la Costa Rica que debemos proteger y fortalecer en el siglo XXI.
Como mujer, escritora, comunicadora social, profesional en criminología y política comprometida con mi país, mi convicción es clara: la seguridad, el desarrollo y la democracia solo se sostienen cuando se sustentan en la justicia social, la equidad y la educación. Un país seguro no se construye desde el miedo ni la represión, sino desde la oportunidad y la dignidad de cada persona a lo largo y ancho del país. Por ello, las prioridades del próximo gobierno deben partir de la base más poderosa que tiene una sociedad para prevenir la violencia, crear riqueza y garantizar cohesión social: el desarrollo humano integral basado en la educación y la creación de oportunidades.
- Educación pública integral, gratuita y de calidad: el cimiento de una nación segura y próspera
Costa Rica no puede retroceder en su apuesta fundacional. La deserción estudiantil, las brechas territoriales, la pérdida de calidad y el debilitamiento de la inversión educativa constituyen un riesgo real para nuestra democracia y nuestra economía del conocimiento.
La primera prioridad para el próximo cuatrienio es restaurar la educación como el motor estratégico nacional, desde la primera infancia hasta la universidad. Esto implica:
- Universalizar la educación inicial de calidad, con énfasis en estimulación temprana, nutrición y desarrollo socioemocional.
- Fortalecer la educación pública con formación docente, infraestructura moderna, apoyo psicosocial y conectividad universal.
- Reformar los planes de estudio para integrar pensamiento crítico, ciencia y tecnología, alfabetización digital, valores democráticos, perspectiva de género y competencias para la vida.
- Garantizar acceso y permanencia mediante becas, transporte estudiantil, comedores escolares y apoyo a estudiantes en condición de vulnerabilidad.
La educación debe volver a ser la gran herramienta de movilidad social, no un privilegio condicionado, la condición socioeconómica o la brecha digital.
- Redes de cuido: corresponsabilidad para liberar el talento de las mujeres y fortalecer el desarrollo infantil
Costa Rica posee una deuda histórica con las mujeres: la desigualdad en el acceso al trabajo y en la distribución del cuido. Para construir un país próspero e igualitario, necesitamos que todas las mujeres tengan las condiciones para estudiar, trabajar, emprender y liderar.
Fortalecer y ampliar las redes de cuido no es un gasto social: es una política de desarrollo, productividad y equidad. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad, priorizar zonas vulnerables y articular al Estado con el sector privado y comunidades permitirá:
- Impulsar la autonomía económica femenina.
- Garantizar desarrollo temprano integral para la niñez.
- Reducir las brechas salariales y profesionales.
- Aumentar la participación laboral femenina y el crecimiento económico.
Cuando el Estado cuida, las mujeres obtienen su autonomía económica, sus derechos sociales plenos y la sociedad prospera.
- Educación técnica y empleabilidad: vincular formación y mercado laboral
Costa Rica enfrenta una paradoja: desempleo y subempleo conviven con déficit de talento especializado. Para avanzar hacia una economía moderna y dinámica, debemos fortalecer instituciones como el INA y los centros de estudios y la universidad técnica, con programas alineados a las demandas productivas: tecnologías emergentes, energías limpias, agroinnovación, logística, cuidados, salud, turismo sostenible, industrias creativas y servicios globales.
El futuro exige aprendizaje continuo, reconversión laboral y formación técnica accesible para jóvenes, mujeres y personas en busca de trabajo. La revitalización del empleo pasa por formación pertinente, alianzas público-privadas y estímulos para que las empresas generen oportunidades con responsabilidad social y territorial.
- Reactivación económica con inclusión: producción, innovación y bienestar
La recuperación económica no puede ser aséptica ni excluyente. Crecer solo en indicadores macroeconómicos sin mejorar la calidad de vida no es desarrollo: es espejismo. La economía que proponemos se fundamenta en tres pilares:
- Competitividad y productividad basada en innovación, tecnología e inversión en infraestructura (digital, energética, vial y logística).
- Inclusión y equidad territorial, promoviendo el empleo y la atracción de inversión fuera del Gran Área Metropolitana, fortaleciendo sectores rurales y costeros.
- Apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, que son el corazón del empleo nacional, mediante capacitación, crédito inclusivo, simplificación administrativa y encadenamientos productivos.
El desarrollo no debe ser un privilegio urbano; debe sentirse en Limón, Puntarenas, Guanacaste, Zona Norte y Zona Sur. Un país avanza cuando todas sus regiones de forma equitativa apuntalan su desarrollo.
- Políticas sociales reforzadas: salud, vivienda, bienestar y movilidad estudiantil
La promesa histórica del Estado social de derecho es que el desarrollo sea inclusivo, diverso y equitativo. Para cumplirla, debemos garantizar:
- Salud pública universal, moderna y preventiva, reforzando la CCSS, la salud mental y la atención primaria.
- Vivienda digna, priorizando familias en pobreza y proyectos urbanos con servicios, movilidad sostenible y acceso seguro.
- Sistema de becas transparente, suficiente y eficiente, que no abandone a jóvenes talentosos por falta de recursos.
- Transporte estudiantil seguro y accesible, para que estudiar sea un derecho, no un privilegio geográfico.
El bienestar no es asistencialismo: es seguridad humana, justicia social y productividad futura.
- Equidad, igualdad y cero femicidios: la democracia se fortalece con mujeres vivas, seguras y libres
La violencia contra las mujeres es una emergencia nacional. Ningún país es libre si sus mujeres viven bajo amenaza constante de muerte. Debemos fortalecer políticas integrales de prevención, protección y justicia para lograr cero femicidios. Esto implica:
- Educación con enfoque de igualdad y prevención de violencias.
- Protocolos interinstitucionales para atención temprana y acompañamiento.
- Fortalecimiento judicial y policial con enfoque especializado.
- Programas para la autonomía económica de mujeres en riesgo.
- Prevención de violencia en redes y entornos digitales.
La igualdad no es un discurso vacío: es una obligación democrática y civilizatoria.
- Seguridad como resultado del desarrollo: el futuro no se negocia con el crimen
Como criminóloga, sé que la seguridad no se garantiza únicamente con más personas, uniformes, cámaras, vehículos y armamento. La seguridad nace donde hay educación, trabajo digno, oportunidades y cohesión social. La violencia avanza cuando el Estado retrocede. La respuesta debe ser integral:
- Prevención inteligente basada en datos y evidencia.
- Combate frontal al crimen organizado y la corrupción.
- Contención del lavado de dinero y fortalecimiento de la inteligencia financiera.
- Modernización policial y coordinación interinstitucional.
- Inversión social como política de seguridad preventiva.
Una política de seguridad transversalizada con perspectiva de género y que erradique los paradigmas localistas, punitivistas, adultocéntricos y androcéntricos.
Una sociedad educada y con justicia social es la mayor barrera contra la criminalidad. He insistido en afirmar que la seguridad es la consecuencia directa de un país que protege a su niñez, educa a su juventud, genera empleo, promueve equidad y defiende la democracia.
Por último, Costa Rica tiene todo para volver a ser un país ejemplo en el mundo: capital humano, instituciones, tradición pacífica y vocación democrática. Pero no basta con preservar lo logrado: debemos renovar el contrato social, poner a las personas en el centro, invertir donde crece el bienestar y recordarnos que la desigualdad, el odio y el abandono no son destinos inevitables.
La política no puede ser ruido, miedo ni improvisación. La política debe ser un proyecto país, ético y democrático.
Mi compromiso es claro: un país donde la seguridad sea fruto del desarrollo, donde las mujeres tengan igualdad real, donde la infancia sea prioridad, donde la educación sea nuestro orgullo y donde la democracia se sienta en la vida cotidiana de cada persona y cada territorio.
La Costa Rica que soñamos se construye desde la valentía, con políticas públicas serias, con enfoque humano, reactivación económica y con la convicción de que un país más justo es, inevitablemente, un país más seguro.
Apuesto por una Costa Rica que no permita que su porvenir sea arrebatado. Una Costa Rica donde el futuro no esté en manos del miedo ni del crimen, sino de su ciudadanía; donde cada niña y cada niño crezcan sabiendo que su destino no está secuestrado, sino lleno de oportunidades, dignidad y esperanza.
Fuente: Molina R., Tania. (2026). Prioridades para la Costa Rica del próximo cuatrienio: una visión desde la equidad, la seguridad humana y el desarrollo sostenible. En “Costa Rica en voz de mujer: Pensamiento político de las mujeres candidatas a la Presidencia y Vicepresidencia de la República 2026” (pp. 157–166). D3 Ediciones Scientia.
