Guatemala no está logrando prevenir ni abordar la violencia sexual sistémica; la atención médica, educación, seguridad social y justicia inadecuadas es lo que reciben las jóvenes sobrevivientes
Los sucesivos gobiernos de Guatemala han incumplido sus obligaciones con las niñas que enfrentan embarazos precoces y forzados debido a la violencia sexual, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Las autoridades deben brindar a las sobrevivientes de violencia sexual atención médica integral, educación y seguridad social, así como la protección legal, la justicia y las reparaciones necesarias.
El informe de 85 páginas, “»Obligadas a renunciar a sus sueños: Violencia sexual contra niñas en Guatemala», documenta las numerosas barreras que enfrentan las niñas sobrevivientes de violencia sexual para acceder a atención médica esencial, educación, seguridad social y justicia. La ley guatemalteca clasifica como violencia sexual cualquier actividad sexual que involucre a una niña o niño menor de 14 años. El Registro Nacional de las Personas (RENAP) de Guatemala reportó que, entre 2018 y 2024, 14,696 niñas menores de 14 años dieron a luz y se convirtieron en madres, en muchos casos contra su voluntad.
“La violencia sexual sigue siendo un problema generalizado y sistémico en Guatemala, que afecta desproporcionadamente a las niñas menores de 14 años”, afirmó Cristina Quijano Carrasco, investigadora de derechos de las mujeres de Human Rights Watch. “El hecho de que Guatemala no adopte medidas adecuadas para prevenir y erradicar la violencia sexual y los embarazos forzados entre las niñas puede tener consecuencias potencialmente mortales, incluyendo riesgos para su salud física y mental, y puede afectar profundamente el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales”.
Human Rights Watch entrevistó a más de 72 representantes de sociedad civil organizaciones, funcionarios gubernamentales, personal de atención médica y otros expertos para el informe de 2023 y 2024, y analizaron datos gubernamentales.
En un caso, una niña de 11 años de una zona rural fue violada por su padre y buscó atención médica tras descubrir que estaba embarazada de cinco meses. Aunque denunció el caso, las autoridades la enviaron de vuelta a casa con su padre, y se vio obligada a dar a luz en su hogar en condiciones inseguras y sin asistencia. Las autoridades nunca arrestaron al padre y, dado que el caso nunca fue objeto de una resolución judicial, la niña no recibió ninguna reparación por el daño sufrido.
Acceso deficitario a servicios de salud
El acceso a servicios integrales de salud para las niñas en Guatemala es muy limitado. Las largas distancias de viaje, la escasez crónica de personal capacitado y la insuficiencia de recursos en los centros de salud dificultan el acceso oportuno a servicios y suministros esenciales de salud, como la anticoncepción de emergencia y la atención prenatal, del parto y posnatal.
Estas barreras tienen un impacto desproporcionado en las niñas de comunidades rurales e indígenas, quienes a menudo deben viajar horas o incluso días fuera de sus comunidades para llegar a centros de salud en las capitales departamentales. La ley guatemalteca permite el aborto terapéutico cuando la vida de la embarazada está en riesgo, pero el estigma y el desconocimiento de la ley entre los profesionales de la salud dificultan el acceso a este servicio esencial.
El sistema educativo guatemalteco tampoco apoya a las niñas embarazadas ni a las madres jóvenes. Hasta noviembre de 2024, solo 213 estudiantes embarazadas estaban registradas en el sistema educativo a nivel nacional entre enero y junio. La falta de apoyo de las escuelas y el gobierno, el estigma, la presión familiar y la violencia contribuyen a las altas tasas de deserción escolar de las niñas embarazadas, especialmente en las comunidades rurales. Muchas se ven presionadas a abandonar la escuela definitivamente y, a menudo, son enviadas a vivir con sus agresores o encargadas de labores domésticas.
La sociedad suele etiquetar a las niñas como «impuras» o «sucias», estigmatizándolas aún más y culpando a las sobrevivientes en lugar de a los abusadores. La falta de políticas públicas diseñadas para que las estudiantes embarazadas o madres puedan continuar sus estudios deja a las niñas sin el apoyo académico, social y emocional necesario.
Programas de protección social
Los programas de protección social para niñas embarazadas y madres también son insuficientes para garantizar su derecho a la seguridad social. El programa gubernamental Vida, cuyo objetivo es brindar asistencia económica a niñas embarazadas y madres menores de 14 años, tiene una cobertura baja debido a sus estrictos requisitos de elegibilidad y a los engorrosos trámites burocráticos. En 2024, solo 129 niñas estaban inscritas en el programa, a pesar de que 1953 niñas menores de 14 años dieron a luz ese año.
El camino hacia la justicia para las niñas sobrevivientes de violencia sexual está plagado de fallas sistémicas. Entre enero de 2018 y octubre de 2023, fiscales y jueces desestimaron 6,697 casos de violencia sexual contra niñas menores de 14 años, incluyendo 2,271 solo entre enero y octubre de 2023; un aumento drástico en comparación con años anteriores. Incluso cuando los casos proceden, la rendición de cuentas sigue siendo escasa: los jueces emitieron solo 136 acusaciones preliminares entre enero de 2018 y septiembre de 2023 y 102 condenas por violación entre enero de 2018 y octubre de 2023 en casos que involucraban a niñas embarazadas menores de 14 años sobrevivientes de violencia sexual.
Estas deficiencias del sistema de justicia indican la falta de un enfoque con perspectiva de género y centrado en la infancia en los procesos legales. Las sobrevivientes de violencia sexual se enfrentan a numerosas barreras, como estereotipos de género, maltrato y acceso limitado a las oficinas gubernamentales. Las niñas indígenas y las niñas sordas enfrentan desafíos adicionales debido a las barreras lingüísticas y la falta de intérpretes capacitados y culturalmente sensibles para las lenguas indígenas y la lengua de señas. Cuando se otorgan reparaciones, a menudo no cubren las necesidades, lo que refleja una falta de comprensión generalizada de las circunstancias y necesidades específicas de las niñas. Las deficiencias en la justicia se ven agravadas por un sistema judicial sobrecargado que provoca graves retrasos.
La falta de denuncia de la violencia sexual, la mala gestión de los datos y la falta de coordinación entre las instituciones gubernamentales han obstaculizado aún más la capacidad del gobierno para rastrear, prevenir y responder eficazmente a la violencia sexual.
“Sin reformas significativas, que incluyan el fortalecimiento de la prevención, los servicios y el acceso a la justicia, las niñas en Guatemala seguirán enfrentándose a niveles alarmantes de violencia sexual y a obstáculos insuperables para el ejercicio de sus derechos”, declaró Quijano Carrasco. “El gobierno debe tomar medidas urgentes para garantizar que las niñas sobrevivientes de violencia sexual tengan acceso a…la atención sanitaria, la educación, la seguridad social y las protecciones jurídicas a las que tienen derecho, a fin de recuperarse y reconstruir sus vidas”.
Datos clave sobre violencia sexual y maternidad forzada en Guatemala :
Un total de 6.697 casos de violencia sexual contra niñas menores de 14 años fueron desestimados entre enero de 2018 y octubre de 2023. Entre enero de 2018 y septiembre de 2023, los jueces sólo emitieron 136 acusaciones preliminares.Entre enero de 2018 y octubre de 2023, 102 personas fueron condenadas en casos de niñas embarazadas menores de 14 años sobrevivientes de violencia sexual (datos oficiales del MP).
Fuente: Agung Pandit Wiguna
