En 2021, en América Latina y el Caribe había 5,9 millones de personas trabajadoras migrantes, el 40% eran mujeres, quienes tienen tres veces más riesgo de ser víctimas de trabajo forzoso que las no migrantes
Cómo asegurar que a las personas trabajadoras migrantes se les respeten sus derechos laborales, que el sector privado tenga acceso a la mano de obra que requiere y que los gobiernos puedan aprovechar la migración para el desarrollo de los países. A estos retos pretende responder la Estrategia regional de migración laboral y movilidad humana en América Latina y el Caribe 2023-2030, lanzada hoy oficialmente y creada por 37 países y territorios de América Latina y el Caribe, con apoyo técnico de la OIT.
«El trabajo vertebra la migración: la falta de trabajo decente empuja a millones de personas en el mundo a buscar en otros países mejores oportunidades; en el tránsito, el trabajo es fundamental para proseguir la ruta, y al llegar al destino, es crucial para la integración socioeconómica de estas personas trabajadoras y sus familias. Dado que la vulnerabilidad de esta población es alta y el potencial de su integración para el desarrollo de los países es extraordinario, la OIT se propone una estrategia que garantice sus derechos laborales y que, al mismo tiempo, impulse la productividad de los países», señaló Ana Virginia Moreira, directora regional de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe.
De igual manera, Moreira destacó las contribuciones de las personas trabajadoras migrantes a los países de acogida cubriendo puestos vacantes por falta de candidatos, creando empleo, aportando a los sistemas de seguridad social y a los sistemas fiscales, así como a los países de origen enviando remesas o con nuevas calificaciones en el retorno, entre otros aportes.
Cinco áreas temáticas
Para canalizar la respuesta a los desafíos y oportunidades de la migración laboral, los países plantean la estrategia en cinco áreas temáticas de acción: fortalecimiento de la gobernanza de la migración laboral y coherencia de políticas; aplicación de los principios y directrices para la contratación equitativa; impulso de políticas públicas para crear empleo y reducir la informalidad; medidas que favorezcan la movilidad laboral, la formación y el reconocimiento de competencias y calificaciones, y mejora de los sistemas y políticas públicas de protección social para la inclusión de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas.
A decir de Francesco Carella, especialista regional de la OIT de migración laboral y movilidad humana, «la estrategia ha sido construida colectivamente por los actores del mundo del trabajo ―gobiernos, empleadores y trabajadores― y, si bien tiene una ruta trazada, posee la flexibilidad suficiente para adaptarse a la situación de constante cambio de la migración, y a los contextos específicos de cada país y subregión dentro del continente».
Contratación equitativa para prevenir la trata de personas y el trabajo forzoso en la migración laboral
Según un informe de la OIT de 2021, de los 169 millones de personas trabajadoras migrantes en el mundo, 5,9 millones viven en América Latina y el Caribe, y conforman el 1,9% de las personas que trabajan en la región.
Uno de los mayores riesgos para las personas trabajadoras migrantes es que no se respeten los principios de la contratación equitativa y ser víctimas de trata y trabajo forzoso. De ahí que la Estrategia regional incluya acciones específicas para su prevención.
Estimaciones de la OIT sobre el trabajo forzoso publicadas en 2022 señalan que el 15% de las personas adultas sometidas a explotación laboral forzosa en el mundo son migrantes. Estas tienen, además, tres veces más probabilidades de ser sometidas a trabajo forzoso que las no migrantes.
«El trabajo forzoso obliga a las personas a trabajar mediante el uso de violencia o intimidación, o por medios más sutiles como una deuda manipulada, retención de documentos de identidad o amenazas de denuncia a las autoridades de inmigración; y eso atenta contra todo derecho y dignidad de la persona. Los Principios y directrices de la OIT para la contratación equitativa son la forma más efectiva de prevenir el trabajo forzoso y la trata de personas; esta prioridad, que también figura entre los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de las Naciones Unidas, es uno de los cinco ejes temáticos de esta Estrategia regional», puntualizó Carella.
Los beneficios ilegales del trabajo forzoso
Tal como apunta el informe de la OIT Ganancias y pobreza: Aspectos económicos del trabajo forzoso (disponible solo en inglés), publicado en marzo de 2024, en el mundo, el trabajo forzoso de personas trabajadoras migrantes genera beneficios ilegales de US$ 37.000 millones, una cifra que casi alcanza el PIB de Paraguay: el 85% derivados de salarios impagados y el 15% de comisiones de contratación y otros gastos conexos a la contratación (gastos médicos, de seguros, de formación o de viaje y alojamiento, entre otros).
Para hacer frente a los pagos de las comisiones de contratación y los gastos conexos, en el mundo las personas trabajadoras migrantes necesitan de media cerca de 4 meses de salario, según la Asociación Mundial de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (KNOMAD), conformada por la OIT, el Banco Mundial y otras agencias internacionales.
Foto: Yiming Tang
