Berta fue una líder integral, ya que lo mismo participaba en manifestaciones en la calle, organizaba actividades de capacitación para líderes populares y de base, o llevaba a reuniones internacionales el testimonio de la base socioeconómica hondureña, vulnerable y constantemente agredida.
El gran capital, la mafia político-empresarial, la delincuencia organizada —imbatibles poderes corruptos y corruptores— asesinaron hace una década en Honduras a Berta Cáceres, la admirablemente incaudicable líder indígena, feminista, ambientalista y tenaz defensora de los derechos humanos.
Frustrados por sus constantes esfuerzos por intimidarla, creyeron que, matándola, eliminarían a una enemiga que, con la fuerza de la razón, con la tenacidad de la ética, con el poder de la convicción, los enfrentaba inagotablemente.
Los sicarios cumplieron la nefasta misión cuando la asesinaron a balazos, el 3 de marzo de 2016 —la víspera de su cumpleaños 45—, poco después de la medianoche.
Pero en su visión mediocre de la vida, los máximos jefes de la cúpula de la conspiración criminal —quienes siguen impunes, mientras los autores materiales fueron procesados— se equivocaron al no tener en cuenta que no es posible matar a un liderazgo imprescindible.
Y la inquebrantable base de la líder indígena lenca lo evidencia con la consigna que mantiene desde entonces: “¡Berta vive! ¡La lucha sigue!”.
Berta fue ejemplar combatiente en múltiples y peligrosas trincheras. Incursionó tempranamente en la lucha, destacándose —cuando tenía 22 años— la visionaria fundación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) en marzo de 1993.
Esa acción —que llevó a cabo conjuntamente con su entonces pareja, el también dirigente indígena Salvador Zúniga— marcó un punto de inflexión en la movilización de la base hondureña: el Copinh es uno de los principales referentes nacionales e internacionales en materia de lucha popular.
Guiada por Berta, la organización se consolidó como un ámbito de acción que abarca diversos frentes. Estos van desde la promoción del respeto a los derechos humanos —con enfoque de género— hasta la reivindicación de la cultura indígena. También incluyen la denuncia de la corrupción hasta la defensa de los recursos naturales.
En todos los campos en los que incursionó, su liderazgo marcó ejemplo —y sigue haciéndolo— con su valiente posicionamiento en la primera línea, en el frente, sin perjuicio del riesgo que ello implicaba.
Soy testigo de esa admirable conducta, ya que, como parte de mi cobertura periodística en Honduras, la entrevisté —y la acompañé—, entre otras actividades, en manifestaciones de protesta que lideró como coordinadora del Copinh.
Nuestra comunicación fue permanente e incluyó, por ejemplo, un planteamiento de apoyo que me formuló cuando algunos compañeros perseguidos del COPINH buscaron protección en la Embajada de Canadá en Honduras.
Acordamos que yo los acompañase durante la reunión que mantuvieron con el embajador canadiense, una de mis fuentes periodísticas —además de amigo personal—. También le advertí sobre una infiltración en el COPINH por parte de alguien que se declaraba solidaria, pero era una peligrosa informante del estamento militar —a quien desenmascararé—.
Como parte de su inagotable actividad, organizaba eventos nacionales y regionales para capacitar a dirigentes, principalmente indígenas y campesinos, en la defensa de sus derechos; para animar a las mujeres a empoderarse de manera organizada para enfrentar el machismo criminal agresor; y para intercambiar experiencias con ambientalistas.
Berta fue una líder integral, ya que participaba en manifestaciones en la calle, organizaba actividades de capacitación para líderes populares y de base, o asistía a reuniones internacionales, con el testimonio de la base socioeconómica hondureña, vulnerable y constantemente agredida.
A pesar de ser perseguida, calumniada y agredida en Honduras, siempre recibió reconocimiento internacional. Esto se debió a su conducta valiente, a su denuncia constante y a su firme defensa de los derechos de la gente. Esta población es a la que la líder negra, ambientalista, de derechos humanos y actual vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, denomina «los nadies», de quienes, evidentemente, se declara orgullosa.
Por su tenaz defensa de los recursos naturales —actividad en cuyo desarrollo dio la vida—, Berta recibió, en 2015, el Premio Ambiental Goldman (Goldman Environmental Prize), otorgado por la estadounidense Fundación Ambiental Goldman (Goldman Environmental Foundation), con sede en la occidental y costera ciudad de San Francisco, que reconoce el trabajo de defensores de la naturaleza a nivel mundial.
De acuerdo con lo indicado en el sitio web del galardón —que se entrega anualmente el 22 de abril, Día de la Tierra—, “el premio Goldman reconoce a campeones ambientalistas de base por esfuerzos significativos para proteger y restaurar el ambiente natural”.
“El Premio considera líderes de base a quienes encabezan campañas localmente, implementando cambio positivo a través de la participación comunitaria”, según la misma fuente.
Durante la ceremonia de premiación de ese año, Berta, mientras sostenía el galardón, compartió con los asistentes la percepción lenca de la naturaleza.
“En nuestras cosmovisiones, somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz”, reveló.
“De los ríos somos custodios ancestrales —el pueblo lenca—, resguardados, además, por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta”, agregó.
Eso fue exactamente lo que Berta hizo —casi un año después—.
La líder indígena fue asesinada por haber interrumpido un proyecto hidroeléctrico —denominado Agua Zarca— en el río Gualcarque, cuerpo de agua que cruza los departamentos (provincias) occidentales hondureños de Intibucá —en el suroeste, limítrofe con El Salvador— y de Santa Bárbara —en el noroeste, fronterizo con Guatemala—.
El Gualcarque es un río sagrado para el pueblo lenca y fue admirablemente defendido por Berta, cuyo valiente accionar resultó insoportable para los defensores y beneficiarios del histórico contexto nacional de corrupción, machismo agresor, impunidad y misoginia.
Cuando, en su patética mediocridad criminal, consideraron que la proyección —nacional e internacional— de Berta les representaba un peligro para sus turbios intereses, y al ver frustrados sus esfuerzos por demeritarla, optaron por asesinarla.
Los detalles de la conspiración fueron minuciosamente detallados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei Honduras) en el informe que dieron a conocer apenas iniciando 2026 —el 12 de enero—.
En el texto —de nueve capítulos y 12 anexos, contenidos en 524 páginas—, titulado “Informe sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres y delitos conexos”, el equipo de cuatro integrantes determinó que el homicidio «no fue un hecho fortuito ni un acto de violencia común» en el informe titulado «Medidas de reparación integral y recomendaciones».
“Fue la culminación de un proceso prolongado de persecución, vigilancia, criminalización y violencia ejercida contra la lideresa indígena que, durante años, encabezó la defensa del territorio lenca frente a la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”.
Los expertos señalaron, además, que Berta “articuló la resistencia de comunidades indígenas frente a proyectos concesionados sin consulta previa, libre e informada, en violación de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado hondureño”.
El grupo aludió así, por ejemplo, al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes —de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)—, el sexto de cuyos 44 artículos establece, entre otras disposiciones, la obligación de los gobiernos de “consultar a los pueblos interesados (…) cada vez que prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Los expertos señalaron que el liderazgo de Berta “fue decisivo para frenar el avance de la represa Agua Zarca, promovida por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y para visibilizar, dentro y fuera del país, los impactos sociales, ambientales y culturales de estos proyectos”.
En cuanto a Agua Zarca, indicaron que “su autorización se sustentó en licencias irregulares, contratos administrativos viciados y procesos de titulación individual que desconocieron los derechos colectivos”.
Sumado a ello, “la implementación del proyecto se realizó mediante la militarización del territorio, la cooptación comunitaria, el uso de la violencia y la criminalización sistemática de quienes defendían el río Gualcarque como espacio sagrado, cultural y de subsistencia”, agregaron.
También denunciaron que “desde etapas tempranas del proyecto Agua Zarca, Berta Cáceres fue identificada por directivos de la empresa como un obstáculo estratégico para la consolidación del emprendimiento hidroeléctrico”, y que “esta condición la colocó en una situación de riesgo previsible y ampliamente documentada”.
Igualmente, precisaron que “el Estado no adoptó medidas eficaces para proteger su vida ni para desactivar los factores de riesgo asociados al conflicto territorial”.
“El asesinato ocurrió en un contexto estructural marcado por la violencia, la militarización, la corrupción, la concentración del poder económico y una institucionalidad progresivamente capturada por intereses privados”, detallaron.
“El GIEI concluyó que el asesinato de Berta Cáceres constituyó un crimen con motivación empresarial, que fue posible gracias a la conformación y el funcionamiento de un dispositivo societario y financiero en el que los accionistas mayoritarios del proyecto Agua Zarca y la alta dirección de DESA desempeñaron roles relevantes y decisivos”, señalaron.
“La evidencia analizada —incluyendo comunicaciones digitales, interceptaciones telefónicas y documentación bancaria— permite establecer que estos actores tenían pleno conocimiento del conflicto generado por la oposición comunitaria al proyecto”, precisaron, además.
“La evidencia analizada —incluyendo comunicaciones digitales, interceptaciones telefónicas y documentación bancaria— permite establecer que estos actores tenían pleno conocimiento del conflicto generado por la oposición comunitaria al proyecto y participaron activamente en la adopción de estrategias orientadas a neutralizarla, entre ellas la coordinación de acciones de seguridad, la gestión de recursos financieros y el uso de influencias institucionales”, aseguraron.
No obstante la magnitud del poder corrupto al que estaba enfrentada, Berta mantuvo con carácter el liderazgo de la lucha.
Al respecto, Zúniga describió ante medios de comunicación el día del asesinato y el legado imperecedero de la dirigente, reflexionando que “es un legado de un heroísmo espectacular, de una convicción espectacular, de una mística de trabajo y de esfuerzo, y de profundo amor por los pueblos indígenas, por el pueblo de Honduras y por los pueblos del mundo que luchan por construir sociedades más justas y más humanas”.
Ese legado fue asumido admirablemente por Bertha Zúniga, hija de la cofundadora del COPINH y coordinadora del movimiento desde 2017.
La joven siente que “el legado de Berta es la lucha de los pueblos indígenas para preservar la humanidad”.
