La reforma supone un cambio sustancial en el marco jurídico de Italia, al reconocer de forma explícita la violencia extrema contra las mujeres como una manifestación específica de discriminación y dominación de género.
En Italia, los femicidios siguen siendo una de las expresiones más graves de la violencia de género. La mayoría de estos crímenes se cometen en el ámbito de las relaciones afectivas o familiares y están precedidos por episodios de control, acoso o violencia previa.
En 2024 este país registró 106 femicidios en Italia, lo que equivale aproximadamente a uno cada tres días; representaron 91,4% de los 116 homicidios de mujeres en ese año.
Ante esta realidad, el Parlamento italiano aprobó por unanimidad una reforma que tipifica el feminicidio como delito autónomo en el Código Penal, castigado con cadena perpetua cuando el asesinato de una mujer se comete por odio, discriminación o dominación de género. La norma refuerza además la protección a las víctimas indirectas, como los hijos e hijas huérfanos, y aumenta los recursos para la prevención.
La reforma supone un cambio sustancial en el marco jurídico de Italia, al reconocer de forma explícita la violencia extrema contra las mujeres como una manifestación específica de discriminación y dominación de género.
El Parlamento italiano ha modificado de este modo el artículo 577 del Código Penal para introducir el delito de feminicidio, que de ahora en adelante será penado con la cadena perpetua. Quedará tipificado como una forma específica de homicidio en la que incurrirá quien mate a una mujer por «odio, discriminación o por actos de control, posesión o dominio por razón de género», así como cuando el crimen se cometa como represalia por la negativa a mantener o proseguir una relación afectiva.
La aprobación tuvo además un fuerte valor simbólico y político, al coincidir con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, subrayando el compromiso institucional del Estado italiano con la erradicación de la violencia machista.
La primera ministra Giorgia Meloni se declaró «muy satisfecha» tras la votación y afirmó que la ley «es una señal importante de unidad en la política contra la barbarie de la violencia contra las mujeres».
La norma amplía la protección legal de los huérfanos de feminicidio —incluidos criterios más amplios para acceder a indemnizaciones— y se obliga al ministro de Justicia a comparecer anualmente ante el Parlamento para evaluar la situación y las políticas públicas frente a esta lacra.
