Las leyes estatales que obligan al personal sanitario a notificar a los progenitores cuando una persona joven decide abortar provocan demoras perjudiciales y pueden impedir el acceso a la atención médica.
Aunque algunos responsables de políticas públicas han presentado la notificación parental como una medida menos severa que el consentimiento parental, en la práctica estas leyes otorgan a los progenitores —o a un juez— un poder de veto sobre la decisión de abortar de una persona joven.
Las leyes esttales que obligan al personal de salud a notificar a los progenitores cuando una persona joven decide abortar provocan demoras perjudiciales y pueden impedir el acceso a la atención, señalaron Human Rights Watch e If/When/How: Lawyering for Reproductive Justice en un informe publicado hoy. A medida que el acceso al aborto continúa deteriorándose en Estados Unidos, las personas jóvenes enfrentan obstáculos adicionales para recibir la atención que necesitan.
El informe de 89 páginas, titulado “¿De quién es el aborto? Los daños de la notificación obligatoria a los padres y del desvío judicial para acceder al aborto en Estados Unidos”, documenta cómo las leyes que imponen la notificación parental en seis estados ponen en riesgo la salud y la seguridad de las personas jóvenes y vulneran sus derechos humanos. La mayoría de quienes consideran abortar involucran a sus progenitores en la decisión, pero aquellas que no lo hacen suelen carecer de contacto con ellos o temer consecuencias graves, como violencia física, pérdida de vivienda, ruptura familiar o verse obligadas a continuar con un embarazo no deseado. La alternativa a la notificación parental consiste en solicitar la autorización de un juez en un proceso invasivo, estresante y, con frecuencia, traumático, conocido como “desvío judicial” (judicial bypass).
“Las personas jóvenes deberían poder acceder a la atención de aborto sin verse forzadas a involucrar a un progenitor que no las apoye o a comparecer ante un juez”, afirmó Margaret Wurth, investigadora sénior sobre derechos del niño en Human Rights Watch y coautora del informe. “Los legisladores estatales comprometidos con la libertad reproductiva deberían proteger la salud, la seguridad y la dignidad de las personas jóvenes derogando las leyes de notificación parental”.
Actualmente, 25 estados de Estados Unidos donde el aborto sigue siendo legal en alguna etapa del embarazo exigen que el personal sanitario notifique o reciba el consentimiento de una madre, un padre o un tutor legal antes de brindar atención de aborto a personas menores de 18 años. Aunque responsables de políticas públicas han descrito la notificación parental como una exigencia menos severa que el consentimiento, Human Rights Watch e If/When/How concluyeron que estas normas confieren a los progenitores —o a un juez— un poder de veto efectivo sobre la decisión de abortar de una persona joven.
Investigación
Los investigadores también hallaron que el proceso de desvío judicial retrasa la atención, pone en riesgo a las jóvenes y puede convertirse en una barrera insuperable para algunas.
El equipo investigador entrevistó a 62 profesionales de la salud, abogadas y abogados con experiencia en casos de desvío judicial, integrantes de fondos de apoyo al aborto, personas defensoras y especialistas en salud pública de seis estados: Colorado, Delaware, Georgia, Iowa, Montana y Nueva Hampshire. Determinaron que las leyes de notificación parental tienen efectos tan perjudiciales sobre las jóvenes como las de consentimiento parental. A comienzos de este año entró en vigor una ley similar en Nevada, no incluida en el informe, que actualmente enfrenta impugnaciones judiciales.
El informe señala que cuando madres y padres pueden retener apoyo económico, restringir la movilidad o el acceso a la comunicación o al transporte, o amenazar con consecuencias que cambien el rumbo de la vida de sus hijas e hijos, pueden impedir efectivamente su acceso al aborto, incluso cuando la ley exige únicamente la notificación y no el consentimiento explícito.
“Todas las personas jóvenes deberían poder decidir libremente sobre sus cuerpos y sus futuros, con el apoyo de quienes elijan y en quienes confíen”, expresó Jessica Goldberg, subdirectora de acceso juvenil en If/When/How y coautora del informe. “Poder o no acceder a un aborto puede determinar por completo el curso de la vida de una persona joven. En este contexto de ataques constantes contra el derecho al aborto, es esencial que los legisladores estatales utilicen su poder para eliminar barreras innecesarias”.
Incluso para las jóvenes que involucran a sus progenitores y no recurren al desvío judicial, las leyes de notificación obligatoria pueden retrasar o dificultar el acceso a la atención, empujándolas a buscar servicios en etapas más avanzadas del embarazo, cuando el procedimiento es más costoso o complejo. Varias personas entrevistadas relataron casos en que las jóvenes tardaron una semana o más en recibir atención, intentando localizar a un progenitor o tutor que ya no formaba parte de sus vidas. Estas leyes también obligan a algunas jóvenes a involucrar a progenitores que las humillan o avergüenzan durante el proceso, señalaron las organizaciones.
En uno de los casos documentados, el personal de una clínica consideró que una joven estaba tan aterrada por la notificación parental que decidió continuar con un embarazo no deseado. “Le dimos cita y esperábamos que acudiera, para poder acompañarla en el proceso [de notificación o desvío judicial], pero nunca se presentó. Perdimos el contacto con ella”.
Leyes con poder excesivo
Estas leyes también otorgan un poder excesivo a las y los jueces, cuyas creencias personales o posturas contrarias al aborto pueden influir en sus decisiones, bloqueando el acceso a la atención. El sistema fomenta decisiones arbitrarias, ya que los jueces suelen basarse en factores como las calificaciones escolares, las actividades extracurriculares o las aspiraciones profesionales para evaluar la madurez de una joven y decidir si puede tomar una decisión sobre su embarazo.
“La idea de que una persona joven no sea lo bastante madura para decidir si quiere o no ser madre, pero sí lo sea para criar a una criatura resulta totalmente incoherente”, señaló la directora de una clínica que brinda servicios de aborto. “No puedes decidir no estar embarazada, pero ¿sí puedes criar a un hijo o una hija el resto de tu vida sin que nadie cuestione tu madurez?”.
Las leyes de notificación parental y los procesos de desvío judicial causan daños adicionales y afectan de manera desproporcionada a las jóvenes que ya enfrentan barreras estructurales para acceder al aborto y al sistema judicial en general, especialmente a las jóvenes negras, indígenas y de otras comunidades racializadas, así como a quienes están bajo tutela estatal, concluyeron las organizaciones.
Los legisladores de los estados con leyes de notificación parental deberían derogar estas normas y reafirmar el derecho de las personas jóvenes a tomar decisiones fundamentales sobre sus cuerpos y sus vidas.
Foto: Liza Summer
Fuente: Human Rights Watch
