El discurso presidencial, cargado de sarcasmo y desafío, parece disfrutar de ese roce permanente con periodistas, diputados o instituciones autónomas. Y en ese ejercicio de confrontación —a veces brillante, otras brutal— se erosiona, poco a poco, la textura del debate público.
La palabra dictadura ha aprendido a moverse con ligereza por el espacio público costarricense, liberada de su peso histórico. En boca de ciertos sectores, ya no describe una realidad institucional, sino que evoca, más bien, una alarma preventiva: un conjuro retórico contra aquello que amenaza la continuidad de un orden político al que estaban acostumbrados. Se pronuncia para disciplinar el cambio, para advertir que todo intento de reorganizar el poder —si no pasa por los cauces tradicionales— es, de algún modo, peligroso.
Hay una lógica precisa en ese movimiento discursivo. Si una parte del electorado asocia la continuidad del proyecto chavista con una deriva autoritaria, se obstaculiza de antemano la consolidación de un nuevo bloque político. El miedo —ese viejo instrumento de la política conservadora— vuelve a ser el mecanismo más eficaz para preservar posiciones perdidas. La “dictadura”, entonces, funciona menos como diagnóstico que como vacuna simbólica: la dosis exacta de alarma para inmunizar a la población frente a una transición que no controlan los viejos actores.
Pero que la acusación sea instrumental no significa que no existan motivos legítimos de inquietud. Porque algo sí ha cambiado —y no solo en las reglas fiscales o en la estructura del gasto—: ha cambiado el tono, la gramática del poder. El gobierno de Rodrigo Chaves ha hecho del enfrentamiento cotidiano su modo natural de comunicación.
El discurso presidencial, cargado de sarcasmo y desafío, parece disfrutar de ese roce permanente con periodistas, diputados o instituciones autónomas. Y en ese ejercicio de confrontación —a veces brillante, otras brutal— se erosiona, poco a poco, la textura del debate público.
La prensa, víctima recurrente de ataques verbales, ha aprendido a operar en un terreno movedizo, entre la denuncia necesaria y la resistencia al desgaste. El riesgo no está en la censura directa, sino en el clima de sospecha que se instala: el periodismo, señalado un día sí y otro también, termina defendiendo su legitimidad en vez de exigir rendición de cuentas. Y así, la conversación democrática se empobrece. El gobierno habla cada vez más a su base, la oposición grita al vacío y el centro se llena de ruido.
En una democracia madura, el desacuerdo debería generar oxígeno, no asfixia. Lo que hoy preocupa no es la ausencia de libertad, sino el deterioro de la confianza: la sensación de que el otro —ya sea periodista, político o ciudadano— dejó de ser un interlocutor y se volvió enemigo. Esa fractura simbólica, si no se corrige, puede tener consecuencias más duraderas que cualquier decreto o política fiscal.
Por eso, el uso del término “dictadura” dice más sobre el miedo de quienes lo pronuncian que sobre la naturaleza del régimen que denuncian. Pero el estilo de gobierno que lo provoca tampoco es inocuo: esa constante batalla contra todo lo que no se somete a su narrativa erosiona, imperceptiblemente, el terreno común donde debería sostenerse la conversación democrática. En esa tensión, entre el miedo al cambio y la fatiga del diálogo, se juega el futuro político del país.
Foto: Alperen Bozkurt
