La evidencia muestra que la educación puede reducir —y, de hecho, incide— en los niveles de violencia contra la mujer, tanto de forma directa como indirecta. No es una solución única ni automática, pero sí un factor clave de prevención.
La educación de las mujeres y las niñas es uno de los factores más determinantes para mejorar la salud, reducir la pobreza y avanzar hacia sociedades más equitativas. Así lo confirman estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que coinciden en que garantizar el acceso igualitario a la educación es una condición básica para el desarrollo sostenible.
Aunque en las últimas décadas se han registrado avances, la desigualdad educativa de género sigue siendo un desafío global. Los datos de la UNESCO indican que las mujeres continúan representando cerca de dos tercios de la población adulta analfabeta en el mundo.
“Cuando una niña queda fuera del sistema educativo, no solo se vulnera su derecho a aprender, sino que se limitan sus oportunidades de salud, empleo y participación social a lo largo de toda su vida”, señala un informe del sistema ONU sobre igualdad de género y educación.
La ONU ha documentado que el nivel educativo de las mujeres impacta directamente en su bienestar físico y mental, así como en el de sus familias. Mujeres con mayor escolaridad acceden con más facilidad a servicios de salud, toman decisiones informadas sobre su vida reproductiva y reducen riesgos asociados a embarazos tempranos.
“La educación da a las mujeres herramientas para cuidar de sí mismas, reconocer riesgos y exigir servicios de salud de calidad”, destacan especialistas de Naciones Unidas en informes sobre desarrollo humano.
Además, completar la educación secundaria está asociado con la disminución del matrimonio infantil y de los embarazos adolescentes, prácticas que afectan de manera desproporcionada a niñas y jóvenes.
Autonomía económica y trabajo digno
Desde el ámbito laboral, la OIT subraya que la educación es un factor clave para la autonomía económica de las mujeres. A mayor nivel educativo, mayores probabilidades de acceder a empleos formales y mejor remunerados.
Sin embargo, el organismo internacional advierte que la educación, por sí sola, no garantiza igualdad en el mercado laboral. “Las mujeres, incluso con altos niveles educativos, siguen enfrentando barreras estructurales como la brecha salarial, la segregación ocupacional y la sobrecarga de trabajo no remunerado”, señala la OIT en sus análisis sobre género y empleo.
La organización insiste en que la educación debe ir acompañada de políticas de corresponsabilidad en los cuidados y protección social para que sus beneficios sean reales y sostenibles.
Unido a lo anterior, organizaciones como ONU Mujeres destacan que invertir en la educación femenina genera un impacto que va más allá del ámbito individual. “Las mujeres educadas tienden a reinvertir sus ingresos en la salud y educación de sus hijas e hijos, lo que rompe ciclos intergeneracionales de pobreza y exclusión”, subraya el organismo.
Este efecto multiplicador convierte a la educación de las mujeres en una estrategia central para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los relacionados con educación de calidad e igualdad de género.
Expertos coinciden en que garantizar el derecho a la educación implica también transformar las condiciones sociales que limitan su aprovechamiento. “La educación abre puertas, pero son las políticas públicas las que permiten que las mujeres crucen esas puertas en igualdad de condiciones”, enfatiza la OIT.
Reducción de la violencia
La evidencia muestra que la educación puede reducir —y de hecho incide— en los niveles de violencia hacia la mujer, tanto de forma directa como indirecta. No es una solución única ni automática, pero sí un factor clave de prevención.
La educación fortalece la autonomía personal y económica de las mujeres. Cuando una mujer tiene más años de escolaridad, conoce mejor sus derechos, tiene más opciones laborales y depende menos económicamente de una pareja violenta, lo cual reduce su vulnerabilidad estructural, uno de los factores que perpetúan la violencia.
La ONU ha señalado que la desigualdad educativa aumenta la exposición de las mujeres a relaciones abusivas y limita su capacidad para salir de ellas. Por ello, también sirve como herramienta de prevención, porque ayuda a cuestionar roles tradicionales, desmontar estereotipos de dominación masculina y promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad.
Organismos internacionales han documentado que mayores niveles educativos en mujeres están asociados con menor prevalencia de matrimonio infantil, menor incidencia de embarazos forzados y mayor capacidad para rechazar relaciones violentas.
Estas prácticas están directamente relacionadas con la violencia de género, especialmente en contextos de pobreza.
También la educación facilita el acceso a información sobre servicios de apoyo, sistemas de denuncia, redes sociales y comunitarias fuera del entorno del agresor.
Una mujer educada tiene más probabilidades de identificar la violencia y buscar ayuda
Finalmente, la educación también tiene un impacto intergeneracional, ya que no solo protege a las mujeres, sino también a futuras generaciones. Hijas e hijos de mujeres educadas tienen menor probabilidad de reproducir patrones de violencia; en otras palabras, se rompe el ciclo cultural que normaliza el control, el abuso y la desigualdad.
Educar a las mujeres no es solo una cuestión de justicia social, sino una inversión estratégica en salud, desarrollo económico e igualdad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa para mujeres y niñas es apostar por sociedades más vigorosas, resilientes y justas.
