El componente de misoginia, complementado con factores fóbicos, sigue incidiendo en la política de tierra arrasada que el autoritario presidente de argentina, Javier Milei, está aplicando a la estructura del Estado
Empezó, el 10 de diciembre -día de su juramentación para el período 2023-2027-, con la drástica reducción del número de ministerios, de 18, a nueve -incluido el de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado, exactamente cuatro años antes, por su entonces recién juramentado antecesor, Alberto Fernández-.
Esa cartera, y la mayoría de las otras que fueron eliminadas, quedó absorbida por el nuevo Ministerio de Capital Humano.
Javier Milei, quien se autodefine como “liberal libertario”, y cuyo principal apoyo operativo es su hermana, Karina Milei, a quien llama “el jefe”, además haberla designado secretaria general de la Presidencia- justificó -desde la campaña proselitista- la reducción ministerial, apoyada en su perspectiva anti estado.
El siguiente objetivo antisocial fue la eliminación, anunciada el 22 de febrero, del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) -creado en 1995, durante la presidencia (1995-1999) del centroizquierdista peronista Carlos Saúl Menem-.
De acuerdo con la descripción oficial, el Inadi fue constituido con el “objeto de elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo”.
Ello, “impulsando y llevando a cabo políticas públicas federales y transversales articuladas con la sociedad civil, y orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria”.
Pero al formular el anuncio, durante su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada -la sede del Poder Ejecutivo argentino-, el vocero presidencial, Manuel Adorni, descalificó la existencia de esa entidad.
Desmantelamiento de instituciones “que no sirven para nada”
“Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada, o son grandes cajas de la política, o se usan para generar empleo militante”, afirmó Adorni.
“El primero de ellos, va a ser el Inadi”, señaló, para agregar que “estamos empezando con su cierre definitivo”.
“No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares donde haya favores políticos, no podemos hacer que la gente siga sosteniendo, con sus impuestos, a la política”, dijo, reproduciendo la reiteradamente enunciada despectiva conceptualización de Milei respecto a “la casta” política -que significa el sector corrupto de la dirigencia argentina-, sin reparar en que fue, precisamente, la que determinó su triunfo electoral.
En inmediata reacción al anuncio presidencial, Orgullo y Lucha, organización no gubernamental de la comunidad sexualmente diversa argentina, expresó repudio a la decisión del régimen mileísta.
“El INADI es el espacio al que recurrimos las personas de la comunidad LGBTI+ ante las múltiples situaciones de discriminación que perduran en nuestro país, ya sea en ámbitos laborales, educativos, en otras instituciones o en la vía pública”, señaló la oenegé, en un comunicado.
“Estas herramientas empoderan a las personas a vivir libremente su sexualidad e identidad de género, categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, agregó.
Aplicación estricta de lo señalado por la Real Academia Española
Más recientemente, el Ministerio de Defensa impuso un instructivo mediante el cual determinó la prohibición del uso de lenguaje inclusivo y de la implementación del enfoque de género en esa dependencia gubernamental.
En la Resolución 160/2024, elaborada el 23 d febrero y publicada tres días después, el ministerio hizo referencia a las reglas gramaticales establecidas por la Real Academia Española (RAE), y a lo que describió como la politización del lenguaje inclusivo lo mismo que del enfoque de género.
También planteó, en el documento consistente en una extensa introducción, 17 considerandos, y cinco artículos, el uso de manuales militares que “fijan los procedimientos para las comunicaciones, entre otros, como instrumentos normativos para el uso del lenguaje”.
Al respecto, precisó, en el considerando inicial, que, “en la jurisdicción del Ministerio de defensa es obligatorio el uso de las reglamentaciones y manuales de las Fuerzas Armadas en vigencia”.
Esos instrumentos incluyen “el Diccionario para la Acción Militar Conjunta, el Glosario de definiciones y abreviaturas para comunicaciones del Comité Superior de Normalización del Ministerio de Defensa, los reglamentos que norman las comunicaciones en las Fuerzas Armadas, el Reglamento de Terminología Castrense de Uso en el Ejército Argentino”.
Además, “el Diccionario de terminología militar para la Armada, el Reglamento para la Escritura y Correspondencia de la Fuerza Aérea, el Diccionario de la Fuerza Aérea”.
De acuerdo con lo señalado en la resolución, “las comunicaciones en el ámbito de la Defensa Nacional deben ser breves, claras y concisas de acuerdo con lo que establecen los reglamentos militares correspondientes”.
Asimismo, “la precisión y rigurosidad que debe tener cada vocablo utilizado en las operaciones militares exige que se aplique estrictamente lo señalado por la Real Academia Española (RAE) y los reglamentos militares para la escritura y las comunicaciones en el ámbito de la Defensa”, ya que “una incorrecta interpretación de lo expresado puede afectar el desarrollo de las operaciones y generar confusión”, agregó el ministerio.
“Por lo tanto, se impone el uso correcto del idioma castellano, que es el que se ha utilizado para el encuadre y la guía de todos los reglamentos, manuales y documentos de escritura y simbología tanto del ejército, como aeronáuticos y navales”, determinó, a continuación, en el texto firmado por su titular, Luis Petri.
“Cualquier desviación o desnaturalización del castellano no estandarizado ni avalado por un plexo jurídico correspondiente, puede inducir a interpretar erróneamente lo que se desee disponer u ordenar, afectando su ejecución”, advirtió.
Siguiendo esa línea de razonamiento, en el articulado resolutivo, el ministerio ordenó que, “en el ámbito del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados del Ministerio de Defensa deberá emplearse el idioma castellano, conforme a la normativa y reglamentación que rige cada área respectiva, bajo los términos y reglas fijados por la Real Academia Española (RAE) y los reglamentos y manuales vigentes en las Fuerzas Armadas”.
Por lo tanto, “prohíbase la utilización del llamado ‘lenguaje inclusivo’ en el ámbito del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y los organismos descentralizados del Ministerio de Defensa”, ordenó, además.
Asimismo, incluyó la amenaza en forma de advertencia de que “el incumplimiento de la presente (resolución) será pasible de incurrir en responsabilidad en sus respectivos ámbitos”. La medida ministerial fue ampliada, por Milei, al resto de la administración pública.
El respectivo anuncio fue formulado, el 27 de febrero -un día después de publicada la resolución del Ministerio de Defensa-, por Adorni.
“Por decisión, por supuesto, también, del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo, y todo lo referente a la perspectiva de género, en toda la administración pública nacional”, informó, en conferencia de prensa.
“Por supuesto, esto, ustedes ya conocen los detalles: no se va a poder utilizar la letra ‘e’, la arroba, la ‘x’, y evitar la innecesaria inclusión del femenino, en todos los documentos de la administración pública”, dijo, a los periodistas presentes.
“El lenguaje que contempla a todos los sectores, es el que utilizamos, es la lengua castellana, es el español, así que no veo por qué haya que tener estructuras”, siguió planteando, pero fue interrumpido por una participante en el diálogo con periodistas, quien señaló que, al respecto, existe un debate, y aseguró que “hay sectores que no se sienten contemplados”.
Al respecto, el funcionario respondió que el señalado, “es un debate en el cual nosotros no vamos a participar, porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política”.
“Eso, para nosotros, no tiene discusión”, subrayó, autoritariamente.
“De hecho, ayer -o antes de ayer-, esta resolución ya la había tomado el Ministerio de Defensa, así que es, simplemente, extender, esa decisión, al resto de las dependencias”, explicó.
En inmediata reacción al anuncio formulado por Adorni, la activista trans Alba Rueda cuestionó la decisión gubernamental.
En un artículo de opinión reproducido, el mismo día, por la agencia informativa Presentes -especializada, según su descripción oficial, en la cobertura de temas de género y diversidad sexual-, Rueda denunció que “esto se trata de una posición no sólo negacionista de la diversidad de género y de las expresiones de nuestros géneros”.
También advirtió que “esto es, claramente, un incumplimiento a la Ley de Identidad de Género, a un decreto que se encuentra vigente -que es el 476 del 2021, sino también a muchos de los tratados internacionales que reconocen, justamente, la identidad de género y sus expresiones, como parte de los derechos humanos más fundamentales”.
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