La confianza en que doña Ana Virginia presidirá el país con la misma justicia y transparencia con que ha ejercido sus cargos en el Poder Judicial, abre un camino de esperanza para quienes creemos en una sociedad en la que ser mujer deje de significar, para muchas costarricenses, desprotección, inseguridad, peligro y miedo.
Porque todas contamos, una de las causas de preocupación para alguien que pretenda gobernar el país, debería ser el incremento de mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja sentimental como último y más radical escalón de la misoginia y la violencia machista. Una violencia sobre la que suele resbalar la mirada social, a juzgar por el hecho de que, según los datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, solo el 14% de los casos llegan a juicio, y solo la tercera parte de los que llegan, obtiene una sentencia condenatoria.
Aunque casi siempre se trata de muertes anunciadas, las autoridades desatienden las denuncias y algunos partidos políticos incluso reaccionan con absoluta indiferencia. Recordemos cómo en 2024, ante la alarmante cifra de tres o cuatro víctimas de femicidio por semana en el país, algunas asociaciones de mujeres propusieron a la Asamblea Legislativa tomar acciones mínimas urgentes. La moción fue acogida por 38 de los 42 congresistas presentes y rechazada por cuatro oficialistas, incluida la jefa de fracción, sin alegar razones para hacerlo. Como dijo Simone de Beauvoir, «el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos».
En noviembre de 2025, varias diputadas propusieron un debate relacionado con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. También a ellas el grupo oficialista les atravesó el pie, de modo que no se pudieron obtener los votos necesarios. Preguntada su jefa por la razón del rechazo a la propuesta, declaró que era “una pérdida de tiempo”. ¿Su justificación? La última vez que se había planteado un debate así, “no había absolutamente nadie en el plenario escuchando las intervenciones». La verdad es que, si solo fuera por lo poco que siempre se nos ha escuchado en las instancias de poder, las mujeres todavía estaríamos esperando el voto.
Hasta ahora, las cifras de asesinadas por sus parejas no parecen desvelar a nuestra clase dirigente, tal vez porque la dominación masculina es un fenómeno asimilado y garantizado por la cultura patriarcal en la que vivimos, nunca más evidente que en el último gobierno. Pero pensemos: ¿En verdad es pérdida de tiempo para el Primer Poder de la República, discutir sobre lo que el Dr. Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, calificó de “una herida abierta en el tejido social” que requiere de “rigor, determinación y clara voluntad política” para solucionarse?
Conociendo la trayectoria de la señora Ana Virginia Calzada, candidata a la presidencia por el partido Centro Democrático y Social, su carrera dedicada a la defensa del Estado de Derecho, a la institucionalidad democrática y a los Derechos Humanos, no dudo de que ella cuenta con los tres elementos señalados por el rector Araya para luchar contra el problema. En su programa de gobierno se reconoce que la violencia de género, el incremento en femicidios, la desigualdad laboral y la sobrecarga en tareas de cuido “limitan la autonomía y la seguridad de las mujeres”. Por lo mismo, plantea la necesidad de garantizarles “igualdad sustantiva, el acceso al trabajo, la integridad física y el liderazgo efectivo”.
Porque lo ve como “la punta del iceberg de una cultura machista que permea instituciones y sociedad”, y porque lo considera “como prioridad de Estado”, su programa ofrece hacer una “Declaratoria de Emergencia Nacional” contra el femicidio. Eso implica acciones tales como crear una Dirección de la Fuerza Pública encargada de darles seguimiento a los casos; una campaña para sensibilizar sobre el tema; coordinación con diferentes instituciones; monitoreo electrónico para todos los agresores con órdenes de alejamiento; unidades policiales de respuesta rápida especializadas en violencia de género, y una red nacional de refugios seguros. Porque todas contamos.
La confianza en que doña Ana Virginia presidirá el país con la misma justicia y transparencia con que ha ejercido sus cargos en el Poder Judicial, abre un camino de esperanza para quienes creemos en una sociedad en la que ser mujer deje de significar, para muchas costarricenses, desprotección, inseguridad, peligro y miedo.
