El máximo tribunal estadounidense frenó provisionalmente una restricción previa y permitió nuevamente el envío por correo de la píldora abortiva mifepristona, manteniendo el acceso mediante telemedicina mientras se resuelve una disputa judicial que podría redefinir el alcance de los derechos reproductivos en Estados Unidos.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos restableció de forma temporal el acceso a la píldora abortiva mifepristona por correo, suspendiendo la decisión previa de un tribunal inferior que obligaba a las pacientes a recibir el medicamento de manera presencial. La medida devuelve, por ahora, la posibilidad de acceder al fármaco mediante telemedicina, en medio de una intensa disputa judicial sobre los derechos reproductivos en el país.
La decisión del Supremo deja en pausa la orden emitida por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, que había suspendido la normativa de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) permitiendo el envío por correo de la mifepristona. Dicho fallo respondía a una demanda impulsada por el estado de Luisiana, que cuestiona la flexibilización de los controles sobre este medicamento.
El litigio se centra en una regulación adoptada en 2023 durante la administración del entonces presidente Joe Biden, que eliminó el requisito de dispensación presencial y permitió que las pacientes recibieran la píldora tras consultas médicas remotas. Autoridades de Luisiana sostienen que la FDA relajó estas normas sin suficiente respaldo científico, mientras que expertos médicos y organismos de salud defienden la seguridad del tratamiento.
La mifepristona, aprobada por la FDA en el año 2000, se utiliza en combinación con misoprostol para interrumpir embarazos de hasta 10 semanas. Diversos estudios y datos oficiales la consideran segura y eficaz, con una baja incidencia de complicaciones graves. Actualmente, el aborto farmacológico representa cerca de dos tercios de los abortos en Estados Unidos.
La controversia ocurre en un contexto de creciente tensión legal tras la anulación del fallo Roe v. Wade en 2022, lo que permitió a distintos estados imponer restricciones más severas al acceso al aborto. Desde entonces, estados gobernados por republicanos han intensificado acciones judiciales para limitar el acceso a medicamentos abortivos.
La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, había celebrado el fallo del tribunal de apelaciones y afirmó que continuará defendiendo restricciones al acceso al aborto. En contraste, organizaciones defensoras de derechos reproductivos advierten que limitar el envío por correo afectaría principalmente a mujeres en zonas rurales o con dificultades para acceder a servicios médicos presenciales.
Empresas farmacéuticas como Danco Laboratories y GenBioPro, fabricantes de la mifepristona, han defendido la evidencia científica acumulada durante más de dos décadas sobre la seguridad del medicamento y criticaron las restricciones judiciales.
Aunque la intervención del Tribunal Supremo es temporal y no resuelve el fondo del caso, expertos legales anticipan que la disputa podría regresar al máximo tribunal para una decisión definitiva. Mientras tanto, la resolución mantiene vigente el acceso a la píldora abortiva por correo, en un tema que sigue siendo uno de los más divisivos en la política y el sistema judicial de Estados Unidos.
