El Informe Estado de la Nación 2026 documenta avances económicos y la reducción de la pobreza, pero revela desigualdades persistentes en los ingresos, el empleo y las condiciones de vida de las mujeres. La violencia de género, la expansión del crimen y los riesgos institucionales amplían los desafíos para los derechos humanos y la democracia.

Costa Rica registra avances económicos y sociales que no se distribuyen de manera uniforme entre su población. El Informe Estado de la Nación 2026 muestra un país que mantiene el crecimiento económico y ha logrado reducir la pobreza, pero en el que las oportunidades laborales, los ingresos familiares y el acceso a condiciones adecuadas de vida siguen marcados por desigualdades. Las diferencias entre mujeres y hombres, y entre las propias mujeres, permiten comprender algunas de las limitaciones del desarrollo humano costarricense.

El estudio, elaborado por el Programa Estado de la Nación (PEN), del Consejo Nacional de Rectores (Conare), registró un crecimiento del producto interno bruto del 4,6 % en 2025. Ese mismo año, la pobreza afectó al 15,2 % de los hogares, frente al 18 % registrado en 2024. Aunque ambos resultados representan avances, el informe advierte que el dinamismo productivo no ha generado suficientes oportunidades laborales y que una parte de los hogares continúa expuesta a la vulnerabilidad económica.

Las diferencias de género se evidencian con claridad en el mercado laboral. En 2025, la tasa neta de participación laboral de las mujeres alcanzó el 44,7 %, mientras que la de los hombres fue del 69,1 %. La diferencia de 24,4 puntos porcentuales refleja una desigualdad persistente en las posibilidades de obtener ingresos propios y de participar en la actividad económica remunerada.

La maternidad profundiza estas diferencias, ya que el informe señala que las madres tienen una menor participación en el mercado laboral, mayor informalidad y brechas salariales más amplias. Una parte de las mujeres clasificadas fuera de la fuerza laboral realiza actividades domésticas y de cuidado sin remuneración, aunque estas labores resultan indispensables para el funcionamiento de los hogares.

La desigualdad también se manifiesta en la distribución del ingreso, ya que, según el PEN, durante el período 2016-2025, los hogares con jefatura femenina percibieron, en promedio, entre el 77 % y el 82 % de los ingresos de aquellos encabezados por hombres. En 2025, los hogares con jefatura femenina representaban el 51 % del primer decil de ingresos, correspondiente al 10 % de los hogares con menores recursos económicos.

El informe reconoce una recuperación importante de los ingresos reales de estos hogares entre 2022 y 2025, con un crecimiento del 22,2 %, superior al 18,2 % registrado entre los hogares con jefatura masculina. Sin embargo, esa mejoría no fue suficiente para cerrar sustancialmente las brechas existentes. La diferencia muestra que los avances económicos pueden coexistir con desigualdades acumuladas durante años.

Las condiciones para emprender tampoco son iguales. Una investigación incluida en el informe encontró que el 76 % de las microempresas comerciales dirigidas por mujeres opera en la informalidad, frente al 53 % de las dirigidas por hombres. El estudio identifica obstáculos relacionados con la financiación, los trámites y las responsabilidades domésticas que limitan las posibilidades de formalización y crecimiento empresarial.

En muchos de estos negocios, las mujeres desarrollan actividades comerciales en sus propias viviendas, donde coinciden el trabajo remunerado y las labores domésticas. Esta situación reduce el tiempo disponible para gestionar el negocio, formarse o realizar trámites de formalización. Los resultados proceden de un estudio del comercio minorista y no pueden generalizarse a todas las actividades empresariales del país.

La distribución territorial de las oportunidades añade otra dimensión, ya que el informe identifica diferencias regionales en el acceso a una vivienda adecuada. En 2025, el déficit habitacional alcanzó el 13,8 % en Huetar Caribe, el 13,4 % en Pacífico Central, el 12,4 % en Huetar Norte y el 11 % en Brunca. Estas cifras corresponden al conjunto de hogares de cada región, pero muestran que las condiciones materiales del desarrollo humano también dependen del lugar de residencia.

La perspectiva interseccional permite examinar cómo se relacionan estas desigualdades. Una mujer con empleo formal, ingresos estables y acceso a servicios de cuidado dispone de condiciones diferentes de las que enfrenta una madre que sostiene su hogar mediante actividades informales. La edad, la situación económica, el territorio y las responsabilidades familiares pueden combinarse y dar lugar a obstáculos específicos. Los promedios nacionales no permiten identificar por sí solos todas esas diferencias.

La violencia contra las mujeres constituye otra dimensión del diagnóstico. El PEN registra 48 femicidios en 2024, la cifra más alta desde la tipificación del delito en 2007. Los femicidios íntimos o de pareja aumentaron de 12 en 2022 a 24 en 2025. Estos resultados evidencian la persistencia de formas extremas de violencia que comprometen los derechos a la vida, la integridad y la seguridad.

El informe también recoge auditorías y observaciones de órganos de control que identificaron deficiencias en la estrategia Puntos Violeta del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Entre los problemas documentados figuran limitaciones en el seguimiento, la evaluación, el control y la especialización de los servicios. Asimismo, se advierten riesgos asociados a cambios organizativos que podrían afectar la atención a mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes, refugiadas y con discapacidad.

Estas observaciones permiten examinar la protección de los derechos desde las condiciones reales de acceso a los servicios. Las barreras territoriales, económicas y de accesibilidad pueden modificar las posibilidades de recibir atención oportuna. El informe identifica riesgos institucionales, aunque no cuantifica sus efectos sobre cada una de estas poblaciones.

La seguridad ciudadana constituye otro desafío nacional. Entre 2020 y 2025, las organizaciones criminales con investigación finalizada pasaron de 20 a 48 y los cantones donde se documentaron sus operaciones aumentaron de 17 a 37. El PEN describe una economía criminal diversificada, vinculada a mercados ilícitos que representan riesgos para la convivencia y el desarrollo humano. Estas cifras corresponden a investigaciones de las autoridades y no constituyen un censo de todas las organizaciones activas.

En el ámbito democrático, el informe identifica señales incipientes de erosión asociadas con la confrontación entre poderes públicos y los cuestionamientos a las instituciones de control. Reconoce, al mismo tiempo, que la nueva configuración política puede facilitar acuerdos y reformas. La capacidad de tomar decisiones debe coexistir con mecanismos efectivos de fiscalización y respeto a las garantías constitucionales.

Los hallazgos del Estado de la Nación 2026 muestran que los avances económicos y la reducción de la pobreza son importantes, pero insuficientes para describir las condiciones de vida de toda la población. Las brechas laborales, la desigualdad de ingresos entre hogares, las responsabilidades de cuidado y las dificultades de protección institucional afectan de manera diferenciada a las mujeres. Su reconocimiento permite evaluar el desarrollo humano a partir de las oportunidades reales para ejercer derechos, considerando tanto las diferencias entre mujeres y hombres como las desigualdades existentes entre las propias mujeres.

Fotografía de portada con fines ilustrativos: Universidad de Costa Rica (UCR). «Ni tan perdidos», de Pablo Mora Vargas (2023, 15 de septiembre).

Referencia

Programa Estado de la Nación. (2026). Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2026. Consejo Nacional de Rectores. https://estadonacion.or.cr/