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Laura Fernández, presidenta electa: su visión para la Costa Rica del 2030

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Su perfil profesional y su trayectoria no responden a la figura de una outsider política, sino a la de una política formada en la lógica del servicio público y la administración del Estado. Asume el desafío de convertir la eficiencia institucional en bienestar tangible, y demostrar que el Estado puede volver a ser una herramienta efectiva al servicio de la ciudadanía.

Laura Fernández Delgado asumirá el próximo 8 de mayo la Presidencia de la República tras una victoria en primera ronda que confirma el respaldo del electorado a un perfil asociado al continuismo y centrado con la gestión del Estado. Politóloga de formación, especialista en políticas públicas y gobernabilidad democrática, y funcionaria pública de carrera, su llegada a Casa Presidencial consolidará una trayectoria técnica construida desde el interior de las instituciones costarricenses.

Graduada en Ciencias Políticas, la ahora presidenta electa ha ocupado cargos estratégicos en el Poder Ejecutivo, el Legislativo y en gobiernos locales. Fue ministra de Planificación Nacional y Política Económica y ministra de la Presidencia, posiciones desde las cuales participó directamente en procesos de reforma administrativa, coordinación interinstitucional y toma de decisiones de alto nivel. Su perfil no responde a la figura de una outsider política, sino a la de una profesional formada en la lógica del servicio público y la administración del Estado.

Para el periodo 2026–2030, su planteamiento parte de una premisa clara: la estabilidad macroeconómica no es un fin en sí mismo, sino una condición necesaria para sostener políticas sociales, inversión pública y desarrollo territorial. En ese marco, defiende la continuidad de una gestión fiscal responsable que permita preservar el crecimiento económico, el control de la inflación y la reducción del endeudamiento, sin sacrificar la capacidad del Estado para intervenir donde más se le necesita.

Uno de los ejes que atraviesa su propuesta es la eficiencia del Estado. Fernández Delgado sostiene que la calidad de la democracia depende, en buena medida, de la capacidad de las instituciones para responder con agilidad, transparencia y cercanía a las personas. Simplificación de trámites, digitalización de servicios públicos, fortalecimiento de la rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción aparecen como prioridades estructurales, no como reformas cosméticas. La modernización administrativa, plantea, es clave para recuperar la confianza ciudadana.

En materia de desarrollo territorial, su enfoque pone énfasis en corregir desigualdades históricas. La atracción de inversión fuera del Gran Área Metropolitana, la mejora de la infraestructura productiva y la articulación entre desarrollo local y política nacional se presentan como condiciones para un crecimiento más equitativo. La apuesta es clara: un país que crece, pero que lo hace de manera descentralizada y con impacto real en las comunidades.

La seguridad humana y la justicia ocupan un lugar central en su agenda. Frente al crecimiento del crimen organizado y la sensación de impunidad, Fernández Delgado sugiere mejorar las fuerzas policiales, la inteligencia criminal y llevar a cabo una reforma en el sistema judicial que busque eficacia y recuperar la confianza de la sociedad. El objetivo, según ha señalado, no es únicamente contener el delito, sino restituir el Estado de derecho como garantía básica de convivencia democrática.

En el ámbito social, su propuesta combina protección social con sostenibilidad fiscal. Salud pública, reducción de listas de espera, fortalecimiento del régimen de pensiones y ampliación de la cobertura para poblaciones vulnerables forman parte de una visión que concibe la política social como inversión y no como gasto. Destaca también la incorporación de la salud mental como prioridad nacional, con énfasis en la prevención y la atención integral.

La educación aparece como uno de los pilares estratégicos del próximo cuatrienio. La señora Fernández defiende la modernización del sistema educativo, el fortalecimiento de la educación técnica y científica, y la ampliación de oportunidades para personas jóvenes y adultas que no lograron completar sus estudios. La educación, sostiene, es el principal motor de movilidad social y competitividad en una economía cada vez más basada en el conocimiento.

Finalmente, su visión ambiental integra sostenibilidad ecológica con desarrollo económico. Cambio climático, infraestructura resiliente y producción sostenible no son tratados como temas sectoriales, sino como ejes transversales de la política pública, articulados con justicia social y equilibrio fiscal.

El perfil de Laura Fernández Delgado dibuja una persona centrada en la técnica, la experiencia estatal y la continuidad con reformas. Para la Costa Rica 2026–2030, su propuesta plantea un desafío claro: convertir la eficiencia institucional en bienestar tangible, y demostrar que el Estado puede volver a ser una herramienta efectiva al servicio de la ciudadanía.

Fuente: Fernández D., Laura. (2026). ¿Cuáles son las prioridades que tienen las mujeres candidatas en las elecciones 2026 para la Costa Rica del próximo cuatrienio? En «Costa Rica en Voz de Mujer: pensamiento político de las mujeres candidatas a la Presidencia y Vicepresidencia de la República 2026″ (pp. 75-83). D3 Ediciones Scientia.

editor@revistapetra.com

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