Un programa piloto impulsado en Buenos Aires adapta un modelo internacional de crianza para acompañar el desarrollo de niñas y niños que viven con un cuidador bajo prisión domiciliaria. La iniciativa busca demostrar que proteger el desarrollo infantil también debe formar parte de las políticas de justicia.
Cuando un tribunal concede la prisión domiciliaria a una madre o a un padre con hijos pequeños, la decisión suele centrarse en el cumplimiento de la medida. Sin embargo, pocas veces la discusión incorpora una pregunta igualmente importante: ¿qué ocurre con el desarrollo de los niños y las niñas que crecen en ese entorno?
Aunque permanecen junto a su principal cuidador, continúan enfrentando condiciones de alta vulnerabilidad que pueden afectar su desarrollo cognitivo, emocional y social. La ausencia de programas específicos para estas familias ha convertido esta realidad en uno de los vacíos menos visibles de las políticas públicas de primera infancia.
Con ese objetivo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acompaña un programa piloto en la Ciudad de Buenos Aires que adapta el reconocido modelo internacional Reach Up para apoyar a familias en las que uno de los cuidadores cumple una condena bajo prisión domiciliaria.
La iniciativa parte de un principio ampliamente respaldado por la evidencia científica: los primeros años de vida constituyen la etapa más decisiva para el desarrollo humano. Las experiencias de crianza, el juego, el lenguaje, la interacción afectiva y el acceso oportuno a los servicios de salud y de protección tienen efectos que pueden extenderse a lo largo de toda la vida.
El programa combina tres componentes principales: el fortalecimiento de las prácticas de crianza, la promoción del desarrollo infantil temprano y la articulación entre los sistemas de justicia, salud y protección social.
Para ello, adapta Reach Up, una estrategia desarrollada originalmente en Jamaica que ha sido implementada en numerosos países y cuyos resultados han demostrado mejoras sostenidas en el desarrollo cognitivo, emocional y del lenguaje durante la primera infancia. Su metodología se basa en visitas domiciliarias, actividades de juego estructurado y en el acompañamiento directo a madres, padres y personas cuidadoras.
La experiencia argentina traslada ese modelo a un contexto particularmente complejo. Las familias enfrentan simultáneamente restricciones derivadas de una medida judicial, condiciones de vulnerabilidad económica y redes de apoyo limitadas. En consecuencia, la intervención incorpora una coordinación permanente entre equipos técnicos, operadores judiciales y servicios sociales para garantizar que las necesidades del niño permanezcan en el centro de la atención.
Según el BID, este tipo de iniciativas resulta especialmente pertinente en América Latina y el Caribe, donde alrededor de 18 millones de niñas y niños menores de cinco años viven en riesgo de no alcanzar plenamente su potencial de desarrollo debido a condiciones asociadas a la pobreza, la exclusión y el acceso desigual a oportunidades durante los primeros años de vida.
La evidencia internacional muestra que los programas de acompañamiento parental fortalecen la calidad de las interacciones entre adultos y niños, favorecen el desarrollo del lenguaje, estimulan las habilidades cognitivas y consolidan vínculos afectivos seguros que influyen positivamente en el aprendizaje y el bienestar.
Pero el alcance del programa trasciende la dimensión educativa. Sus impulsores consideran que intervenir tempranamente en estos hogares también constituye una estrategia de prevención social. Mejorar las condiciones de crianza, fortalecer las capacidades parentales y facilitar el acceso de las familias a los sistemas de protección pueden reducir los factores asociados a futuras trayectorias de exclusión y vulneración de derechos.
Uno de los principales aportes del piloto consiste precisamente en ampliar la mirada sobre la justicia. La prisión domiciliaria deja de entenderse únicamente como una medida penal para incorporar la situación de quienes conviven con ella, especialmente de niñas y niños que dependen completamente de los adultos responsables de su cuidado.
El proyecto comenzó con la capacitación de facilitadoras especializadas y prevé iniciar las visitas domiciliarias en el segundo semestre de 2026. Paralelamente, se documentarán sus resultados con el propósito de generar evidencia que oriente futuras políticas públicas dirigidas a poblaciones que hasta ahora han permanecido prácticamente invisibles.
La experiencia plantea una reflexión de fondo sobre los sistemas de protección infantil de la región. Cuando una persona adulta cumple una condena, la responsabilidad penal es individual. Sin embargo, las consecuencias sociales suelen extenderse a toda la familia. Reconocer que el desarrollo de la primera infancia requiere apoyo incluso en estos contextos implica recordar un principio básico de los derechos de la niñez: ningún niño debería ver limitadas sus oportunidades de desarrollo por la situación judicial de sus cuidadores.
Referencias
Banco Interamericano de Desarrollo. (2026, 31 de julio). Prisión domiciliaria y primera infancia: Una intervención para acompañar el desarrollo de los niños pequeños. https://www.iadb.org/es/blog/desarrollo-infantil-temprano/prision-domiciliaria-y-primera-infancia-una-intervencion-para-acompanar-el-desarrollo-de-los-ninos
Grantham-McGregor, S. M., Walker, S. P., Chang, S. M., & Powell, C. A. (1997). Effects of early childhood supplementation with and without stimulation on later development in stunted Jamaican children. American Journal of Clinical Nutrition, 66(2), 247–253.
Walker, S. P., Chang, S. M., Vera-Hernández, M., & Grantham-McGregor, S. (2011). Early childhood stimulation benefits adult competence and reduces violent behavior. Pediatrics, 127(5), 849–857. https://doi.org/10.1542/peds.2010-2231
UNICEF. (2017). Early Moments Matter for Every Child. https://www.unicef.org/reports/early-moments-matter-for-every-child
