En América Latina y el Caribe, el acceso oportuno a los datos públicos permite investigar los feminicidios, examinar las respuestas institucionales y documentar las desigualdades. En el Día Internacional por el Acceso Universal a la Información, las periodistas y las organizaciones de mujeres recuerdan que conocer la realidad es indispensable para exigir derechos.
¿Cuántas mujeres fueron asesinadas por motivos de género en América Latina durante el último año? ¿Cuántas habían denunciado previamente a sus agresores? ¿Qué ocurrió con las medidas de protección solicitadas? ¿Cuánto invierten los Estados en la prevención y la atención de la violencia?
Las respuestas dependen de la información que las instituciones públicas deben producir, actualizar y facilitar. Para una periodista que investiga un feminicidio, obtener un expediente estadístico, conocer los criterios de clasificación de un caso o acceder a los presupuestos institucionales puede ser determinante para explicar lo ocurrido y examinar la actuación de las autoridades.
El 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional por el Acceso Universal a la Información. La UNESCO proclamó esta jornada en 2015 y la Asamblea General de las Naciones Unidas la reconoció en octubre de 2019. Su propósito es recordar que las personas tienen derecho a buscar y recibir información de interés público, una condición necesaria para participar en las decisiones que afectan a sus vidas y para vigilar el ejercicio del poder.
En América Latina y el Caribe, ese derecho tiene una dimensión particular para las mujeres. Las estadísticas sobre violencia, salud, empleo, educación y cuidados permiten conocer situaciones que pueden quedar ocultas cuando los datos se presentan como promedios nacionales o se publican sin distinguir sexo, edad y territorio.
La violencia feminicida evidencia con claridad la importancia de contar con registros públicos. Según el boletín Violencia feminicida en cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al menos 3.770 mujeres fueron víctimas de femicidio, feminicidio o muerte violenta por razón de género en 26 países y territorios de la región durante 2024. La cifra equivale a un mínimo de once víctimas diarias, de acuerdo con los registros oficiales comunicados al organismo.
El dato regional permite dimensionar el problema, pero también obliga a examinar cómo se construye. Los países utilizan denominaciones legales y procedimientos de registro distintos. Una muerte violenta puede investigarse inicialmente como homicidio y, posteriormente, clasificarse como feminicidio. Las cifras también pueden modificarse cuando avanzan las investigaciones o se actualizan los registros nacionales.
La CEPAL explica que su indicador se construye a partir de información solicitada anualmente a los mecanismos nacionales para el avance de las mujeres, que, a su vez, la obtienen de instituciones judiciales, policiales y otros organismos competentes. Por eso, una comparación responsable debe considerar los criterios utilizados por cada país y las fechas de actualización de sus datos.
Para el periodismo, disponer de una cifra anual constituye apenas el punto de partida. Investigar la violencia contra las mujeres requiere conocer las circunstancias de los hechos, las denuncias previas cuando exista información pública disponible, las respuestas de las instituciones y los recursos destinados a proteger a quienes se encuentran en riesgo. Esos antecedentes permiten formular preguntas sobre prevención y atención sin exponer datos personales que comprometan la privacidad o la seguridad de las víctimas y sus familias.
La necesidad de mejorar los sistemas de información ha sido reconocida por la propia CEPAL. En su informe de 2023 sobre la prevención de los femicidios, el organismo instó a los gobiernos de la región a fortalecer los registros y aumentar los recursos destinados a políticas integrales de atención y protección. La calidad de las estadísticas influye en la capacidad de reconocer patrones, identificar necesidades y evaluar los resultados de dichas medidas.
El problema se extiende a otras áreas de la vida de las mujeres. Sin datos desagregados, resulta difícil establecer quiénes acceden a los servicios sanitarios, cuáles son las diferencias salariales entre mujeres y hombres, cómo se distribuye el trabajo de cuidados o qué poblaciones encuentran mayores obstáculos para ejercer sus derechos. La falta de información también limita el trabajo de las organizaciones sociales que acompañan a mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, migrantes o con discapacidad.
América Latina y el Caribe cuenta con un antecedente relevante en esta materia: el Acuerdo de Escazú, adoptado en 2018 y vigente desde 2021. El tratado establece compromisos en materia de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales para los Estados que lo integran. Su alcance es ambiental, pero ofrece una experiencia regional sobre las obligaciones de las instituciones ante las solicitudes ciudadanas.
En abril de 2026, la CEPAL publicó una guía para incorporar la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo. El documento reconoce que las mujeres enfrentan obstáculos específicos para ejercer sus derechos de acceso y propone medidas para favorecer su participación en las decisiones ambientales. La publicación incorpora las experiencias de organizaciones de mujeres y de defensoras del medio ambiente, cuyas demandas también dependen de información pública accesible.
Las periodistas desempeñan una función esencial en ese proceso. Son quienes solicitan documentos, contrastan declaraciones oficiales, examinan estadísticas y reconstruyen historias que, de otro modo, podrían quedar reducidas a un comunicado institucional. Sin embargo, investigar y publicar información sobre asuntos de interés público también puede exponerlas a amenazas y hostigamiento.
Una encuesta internacional de la UNESCO y del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), difundida en 2020, encontró que el 73 % de las periodistas participantes había experimentado violencia en línea durante su trabajo. El 25 % reportó amenazas de violencia física y el 18 %, de violencia sexual. Se trata de resultados correspondientes a las mujeres encuestadas, no de una medición representativa de todas las periodistas latinoamericanas, pero documentan riesgos que afectan el ejercicio de la profesión.
La defensa del derecho a la información exige, por ello, atender dos responsabilidades distintas. Las instituciones deben responder a las solicitudes de manera clara, completa y oportuna, dentro de los límites legales de protección de datos personales. Los Estados y los medios de comunicación deben, además, contribuir a que las periodistas puedan investigar sin intimidaciones ni represalias.
En países como Costa Rica, las garantías constitucionales de acceso a la información y de petición de acceso a la información permiten acudir a la justicia cuando una institución no responde adecuadamente. La posibilidad de reclamar ese derecho es importante, aunque obtener información pública mediante un proceso judicial puede significar que los datos lleguen demasiado tarde para una investigación periodística o una discusión ciudadana.
El tiempo importa especialmente al investigar la violencia contra las mujeres. Una estadística entregada meses después de haber sido solicitada puede impedir que se examine oportunamente una decisión institucional, que se contraste una declaración pública o que se conozcan las condiciones de atención de las víctimas.
El Día Internacional del Acceso Universal a la Información recuerda una obligación que alcanza a toda América Latina y el Caribe: producir información pública de calidad y facilitarla cuando la ciudadanía la necesita. Para las mujeres, sus organizaciones y las periodistas que documentan sus experiencias, ese derecho permite conocer la magnitud de las desigualdades y exigir respuestas basadas en hechos.
Referencias
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2023). La prevención de los femicidios: una obligación de los Estados y un reto persistente en la región. https://www.cepal.org/es/publicaciones/68698-la-prevencion-femicidios-obligacion-estados-reto-persistente-la-region
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2025). Hacia la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado: actuar con sentido de urgencia para garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia (Boletín Violencia feminicida en cifras. América Latina y el Caribe, n.º 4). https://oig.cepal.org/es/documento/boletin-violencia-feminicida-cifras-america-latina-caribe-ndeg4-la-igualdad-sustantiva
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2026). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe: guía para la transversalización de la perspectiva de género (LC/ESZ.2026/3). https://repositorio.cepal.org/handle/11362/89938
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (s. f.). Feminicidio. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. https://oig.cepal.org/es/indicadores?id=2278
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2020, 15 de diciembre). UNESCO’s global survey on online violence against women journalists. https://www.unesco.org/en/articles/unescos-global-survey-online-violence-against-women-journalists
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (s. f.). Día Internacional por el Acceso Universal a la Información. https://www.unesco.org/es/days/universal-access-information
