Rosa Elvira Franco, madre de la menor asesinada, considera que el Estado de Guatemala está en deuda con todas las mujeres, ante la discriminación y las violencias de las que son objeto
El presidente Bernardo Arévalo llevó al Estado guatemalteco a pedir perdón, a la familia de una niña víctima de femicidio.
El nuevo gobernante del país centroamericano -quien, en un contexto de asumió el cargo la madrugada del 15 de enero, para el cuatrienio (2024-2028)- describió la acción como un sincero acto público.
Al participar, el 26 de marzo, en una actividad enmarcada en la visita que, en esos días, realizó a Washington, el centroizquierdista mandatario formuló un particular reconocimiento al esfuerzo que, personalmente llevó a cabo, la madre de la víctima, superando la indiferencia y la negligencia oficiales, para esclarecer el caso y hallar al culpable.
Durante el acto llevado a cabo en un auditorio en la capital estadounidense, Rosa Elvira Franco, la madre de María Isabel Véliz -la menor asesinada-, denunció los obstáculos que, en el sistema judicial guatemalteco, tuvo que enfrentar.
Arévalo expresó que “espero que este acto sirva para reconocer el trabajo y el esfuerzo de doña Rosa, de su familia, y de todas las personas que están trabajando por la justicia en Guatemala”.
Por su parte, Franco -quien estudió derecho y escribió su tesis de grado sobre el femicidio en Guatemala, a partir del caso de su hija-, aseguró que “el Estado de Guatemala está en deuda con todas las mujeres, ante la discriminación y las violencias de las que son objeto”.
Una de las regiones más violentas del mundo
Junto con El Salvador y Honduras, Guatemala integra el Triángulo Norte de Centroamérica, una de las regiones más violentas a nivel mundial.
En materia de violencia de género, el no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) informó, el 7 de marzo, que “entre 2008 y 2022 fueron asesinadas en Guatemala más de 10,618 mujeres”, y denunció que “la violencia femicida aumenta aceleradamente” en el país centroamericano.
Ello, no obstante la aprobación, en 2008, de la Ley Contra el Feminicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, señaló el GAM, en el texto citado, ese día, por medios de comunicación locales e internacionales.
De acuerdo con o indicado en el informe, “un promedio de 600 mujeres son asesinadas anualmente en Guatemala”.
“Estoy cansada, ha sido un camino largo”, aseguró, Franco, en la actividad llevada a cabo en Washington en el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.
La fecha se marca anualmente, desde 2011, el 24 de marzo, de acuerdo con lo establecido en la resolución adoptada el 21 de diciembre de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Horas después del acto, Arévalo declaró, por la noche, en la red social X, que “hoy, como Presidente, en nombre del Estado de Guatemala, pedí una disculpa pública y sincera a la familia de María Isabel Véliz Franco, una joven guatemalteca llena de sueños y esperanzas, quien fue desaparecida y asesinada, y cuya justicia fue ignorada por el Estado”.
“Si no hubiera sido por la lucha de Doña Rosa y su familia, jamás la habrían encontrado y no habría una sentencia en su caso”, planteó, en calidad de denuncia.
“Lamento que hayan tenido que abandonar Guatemala por miedo a las represalias por su digna lucha por la justicia”, agregó, en alusión al exilio que Franco y sus hijos, Leonel Enrique y José Roberto -quienes la acompañaron durante la actividad en el auditorio-.
“Este acto de disculpa forma parte de nuestro compromiso por avanzar hacia una sociedad en donde todas las mujeres vivan libre de violencia”, aseguró el gobernante.
Recuento de los hechos
María Isabel Véliz, de 15 años, desapareció el 16 de diciembre d 2001, y su madre inició, al día siguiente, la búsqueda de la menor.
Como primera acción, alertó a las autoridades, pero obtuvo la respuesta burocrática de que era necesario aguardar 72 horas para tramitar la denuncia de desaparición, y, a continuación, iniciar la búsqueda.
Ante la inoperancia oficial, Franco insistió en que la denuncia fuese recibida, lo que ocurrió, horas después, por parte de personal del Servicio de Investigación Criminal (SIC) de la Policía Nacional Civil (PNC).
La mejor fue hallada, el 18 de diciembre, sin vida, en un sector de la localidad de Mixco, en la periferia noroccidental capitalina.
Ante la flagrante omisión estatal en cuanto a eficazmente investigar el femicidio, la familia de la víctima llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) -con sede en Washington, la cual lo presentó a la corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) -con sede en San José, la capital de Costa Rica-.
El tribunal continental falló, el 19 de mayo de 2014, contra el Estado de Guatemala.
En el documento de 16 por lo general extensos párrafos contenidos en cuatro páginas, la Corte IDH determinó que “Guatemala vulneró, en perjuicio de la niña María Isabel Véliz Franco, de 15 años de edad, al momento de los hechos, el deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal”, entre varios otros.
El tribunal señaló, asimismo, que, “en los primeros momentos de la investigación se presentaron diversas irregularidades”, entre ellas, “falta de aseguramiento del lugar del hallazgo del cadáver (…) falta de rigurosidad en la inspección ocular (…) recolección inadecuada de las evidencias y su manejo indebido”.
“Asimismo, luego de tales momentos iniciales, el ‘allanamiento’ a un inmueble en la dirección suministrada por el informante anónimo el 18 de diciembre de 2001, se realizó después de más de un año y medio de esa fecha”, agregó.
“Y el análisis de las llamadas telefónicas correspondientes al teléfono celular que tenía María Isabel fue considerado después más de tres años de contar con la información”, siguió revelando.
Respecto a conductas indudablemente machistas, la Corte IDH precisó, a manera de denuncia, que, “en algunos informes de la investigación se hizo referencia explícita a la forma de vestir de María Isabel, a su vida social y nocturna, a sus creencias religiosas, así como a la falta de preocupación o vigilancia por parte de su familia”.
“Cabe resaltar, finalmente, que los hechos del caso sucedieron en un contexto de aumento de la violencia homicida contra las mujeres en Guatemala en el que la existencia de homicidios por razones de género no era excepcional”, aclaró.
También en referencia a las conductas prejuiciadas, el tribunal fue contundente en plantear que “el deber de garantizar los derechos humanos adquiere especial intensidad en relación con niñas, por lo que surge un deber del Estado de actuar con estricta diligencia para cumplir tal obligación”.
A continuación, relató que “las autoridades estatales, cuando la señora Franco Sandoval realizó la denuncia de la desaparición de su hija, debieron tener tal acto como una indicación de la probable vulneración de los derechos de la niña”.
“En tal sentido (…) el Estado conocía o debió conocer que el hecho denunciado se insertaba en el ya mencionado contexto de aumento de la violencia homicida contra mujeres”, agregó.
“Por ello (…) en tales circunstancias, la omisión estatal de realizar acciones de búsqueda implicó una falta al deber del Estado de prevenir violaciones a los derechos de la niña”, aseguró, a continuación.
Por lo tanto, la corte continental declaró “responsable al Estado por incumplir, en perjuicio de María Isabel, su deber de garantizar los derechos a la vida e integridad personal, en relación con los derechos del niño, la obligación general de garantizar los derechos sin discriminación, y la obligación de prevenir la violencia contra la mujer”.
Estereotipos de género
“Además, el incumplimiento del deber de no discriminación se vio agravado por el hecho de que algunos funcionarios a cargo de la investigación efectuaron declaraciones que denotan la existencia de prejuicios y estereotipos sobre el rol social de las mujeres”, precisó.
“Los estereotipos de género tuvieron una influencia negativa en la investigación en la medida en que trasladaron la culpa de lo acontecido a la víctima y a sus familiares, cerrando otras líneas posibles de investigación”, determinó, igualmente.
El tribunal ordenó, al Estado, a cumplir, entre una decena de acciones de reparación, “realizar un acto de disculpas públicas”.
Los corruptos y autoritarios regímenes respectivamente presididos desde entonces por los derechistas general retirado Otto Pérez (2012-2015) -encarcelado, por actos de corrupción, cuatro meses antes de concluir su mandato-, su reemplazante Alejandro Maldonado (setiembre de 2015 a enero de 2016), el comediante Jimmy Morales (2016-2020), el ex jefe del sistema penitenciario Alejandro Giammattei (2020-2024), omitieron cumplir esa orden -entra varias otras- emitida por la corte regional.
Tal situación de flagrante desacato fue enmendada por Arévalo, apenas dos meses después de haber asumido la residencia.
Al respecto, Franco aclaró, durante la actividad llevada a cabo en Washington, que la solicitud pública de perdón “no devuelve la vida, a mi hija, pero, sí, la honra y la dignifica”.
