Los avances y retrocesos en los derechos de las mujeres dibujan la figura de un péndulo: de un lado, intereses políticos que defienden a ultranza el patriarcado; del otro, una sociedad que observa cómo conquistas históricas pueden transformarse en frágiles decretos de tinta borrosa.
Existe una idea peligrosa que se instala en ciertos círculos políticos: que los derechos de las mujeres avanzan de manera natural, como si fueran el resultado inevitable de la modernidad. La realidad reciente (2024–2025) desmiente esa narrativa. El mapa mundial no muestra una línea ascendente, sino un péndulo: conquistas jurídicas que se consolidan en algunos países, mientras en otros se normalizan retrocesos que antes habrían provocado escándalo diplomático. Y lo más preocupante: la regresión no a menudo llega con tanques o manifestaciones masivas, sino con decretos, recortes presupuestarios, campañas de desinformación y guerras culturales que convierten el cuerpo de las mujeres en terreno de disputa política.
Afganistán: el extremo del retroceso
Según la UNESCO, el caso más extremo es Afganistán. El régimen talibán ha profundizado un sistema de exclusión que organismos internacionales describen como “apartheid de género”: restricciones a la educación, al trabajo, a la presencia en el espacio público e incluso a la formación médica. No se trata solo de retrocesos políticos, sino de la arquitectura deliberada de una sociedad donde las mujeres desaparecen de la vida cotidiana. La pedagogía de la exclusión envía un mensaje brutal: cuando el poder decide borrar derechos, lo hace por capas, y el mundo se acostumbra demasiado rápido.
Derechos reproductivos: un termómetro global
Para el Center for Reproductive Rights, el debate sobre los derechos reproductivos sigue siendo un termómetro mundial. Aunque la tendencia general es hacia la liberalización, algunos países han retrocedido legalmente en aborto en las últimas décadas, lo que demuestra que nada está garantizado. El blindaje legal sigue siendo excepcional y depende de políticas públicas aisladas, que no siempre se acompañan de servicios de salud, educación, bienestar y autonomía económica.
Avances con peso histórico
En marzo de 2024, Francia decidió blindar constitucionalmente el derecho al aborto, un gesto político y jurídico que busca impedir que un cambio de gobierno convierta un derecho en una promesa frágil. En Europa, además, se aprobó una directiva para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, trasladando el tema del discurso al deber de Estado mediante prevención, protección y persecución penal.
La reacción organizada contra la igualdad
UN Women advirtió que numerosos países reportaron retrocesos en 2024 y 2025, y expertas de la ONU catalogaron como una “reacción” organizada contra la igualdad. Dicho sin eufemismos: la misoginia se está convirtiendo en estrategia política con réditos poderosos y potentes en las urnas.
Latinoamérica y Centroamérica: avances y resistencias
Human Rights Watch describe una región ambivalente: avances notables junto a un frente conservador atrincherado en discursos de odio y discriminación. México ofrece dos hitos: la Suprema Corte eliminó sanciones penales federales al aborto y, en 2024, el país eligió a su primera presidenta. Son señales potentes de representación y ruptura de techos simbólicos.
En contraste, Centroamérica muestra el costo humano de las prohibiciones absolutas.
El Salvador: Sigue siendo emblema de criminalización, con mujeres procesadas tras emergencias obstétricas. En diciembre de 2024, la Corte Interamericana condenó al Estado en el caso Beatriz, marcando un precedente sobre violencia obstétrica. En un país en que se criminaliza la delincuencia y se romantiza la violencia de género.
Honduras: Levantó la prohibición de la anticoncepción de emergencia, pero mantiene la prohibición total del aborto, reflejando avances parciales frente a cierres estructurales. No se trata de pedir un avance orquestado en los derechos de las mujeres, pero al menos la no criminalización.
Guatemala: En 2022 el Congreso aprobó la ley “Vida y familia”, pero fue archivada tras presión social e internacional. La lección es clara: el retroceso puede frenarse, pero exige organización, vigilancia y costo político. Hace falta mayor vigilancia nacional y presión internacional contra este tipo de retrocesos, enmascarados en un concepto de familia hecho a la medida de ciertos colectivos políticos, conservadores y religiosos.
Perspectivas hacia 2026
La agenda de derechos de las mujeres no es un capítulo concluido, sino un campo de disputa permanente, en construcción constante. El reto no es solo defender leyes, sino instituciones que las hagan realidad: salud, justicia, educación, vivienda, cuido y bienestar. También implica combatir la desinformación que convierte la igualdad en amenaza y sostener una conversación pública donde la vida de las mujeres no sea moneda electoral.
El péndulo se mueve porque alguien lo empuja. Esa corriente de retrocesos se extiende globalmente, sostenida por enclaves poderosos que defienden una narrativa patriarcal. En 2026, la pregunta no será si avanzamos, sino quién paga el precio cuando retrocedemos.
Foto: Edmond Dantès
