Su importancia pionera radica en que sentó un precedente global: inspiró leyes similares en otros países y contribuyó a que, décadas después, instrumentos internacionales como la CEDAW se consolidaran.
Hace décadas, en medio de tradiciones que relegaban a las mujeres a roles secundarios, algunas naciones dieron pasos legislativos audaces para enfrentar la discriminación y promover la igualdad de género. Una de esas leyes representativas fue la Women’s Equal Rights Law de Israel, aprobada en 1951, apenas tres años después de la creación del Estado. Esta normativa es considerada una de las primeras leyes modernas que consagró legalmente la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, estableciendo un estándar pionero para otros países.
La promulgación de la Women’s Equal Rights Law (Ley de Igualdad de Derechos de las Mujeres) fue un paso decisivo en un país marcado por la construcción de un nuevo orden social y político. El objetivo central de la norma fue garantizar la igual protección de derechos civiles y sociales sin distinción de género, respondiendo a la promesa de igualdad plasmada en la declaración de independencia del Estado de Israel.
Antes de esa ley, pese a que muchos derechos formales estaban recogidos en otras disposiciones, no existía un marco legal explícito que prohibiera la discriminación por razón de sexo. La legislación de 1951 marcó un punto de inflexión: la igualdad ante la ley dejó de ser un ideal para convertirse en una obligación jurídica para instituciones, empleadores y poderes públicos.
Antes de esta ley, muchas constituciones o normas reconocían ciertos derechos civiles, como el voto o la educación, pero no existía un marco legal explícito que prohibiera la discriminación por sexo en la vida civil, laboral o social. La Women’s Equal Rights Law hizo eso de forma clara, estableciendo que todas las personas, sin distinción de género, debían tener los mismos derechos legales.
Su importancia pionera radica en que sentó un precedente global: inspiró leyes similares en otros países y contribuyó a que, décadas después, instrumentos internacionales como la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979) se consolidaran.
Lo que significó en la práctica
Aunque muchas sociedades ya reconocían ciertos derechos a las mujeres (como el del voto o el de la educación), la Ley de Igualdad de Derechos fue pionera al establecer, desde el inicio de un Estado, que todos los residentes tenían igual estatus legal sin importar su género. Abordó ámbitos como:
Este enfoque no solo protegió derechos individuales, sino que sentó un precedente legislativo de igualdad sustantiva, que marcaría debates posteriores sobre políticas públicas, participación política y acceso a oportunidades.
Para comprender la trascendencia de una legislación así, activistas y especialistas aportan contextos valiosos. La abogada y activista internacional María-Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, ha enfatizado que: “Las leyes que consagran la igualdad de género son transformadoras porque colocan a las mujeres en pie de igualdad ante la ley, pero su impacto real depende de la implementación, de políticas públicas activas y de educación con perspectiva de género”. Este enfoque subraya que, aunque una ley pionera marca el rumbo, la igualdad material exige más que texto jurídico.
Medidas complementarias y avances posteriores
La historia legislativa de igualdad ha continuado en muchos países. En Costa Rica, por ejemplo, la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer (Ley 7142) de 1990 obliga al Estado a garantizar derechos sin discriminación por género, abarcando ámbitos político, social, cultural y económico.
Organizaciones sociales recuerdan que estas leyes deben aplicarse junto a sensibilización cultural, educación, políticas públicas y mecanismos de seguimiento para que su alcance se traduzca en cambios cotidianos para las mujeres.
Activistas de movimientos feministas han destacado que las leyes pioneras sirven como herramientas de cambio cultural, no solo jurídico. Para muchas lideresas, la igualdad de género implica derribar estigmas, ampliar oportunidades y desafiar estructuras sociales que históricamente han favorecido a los hombres.
“Una legislación que habla de igualdad solo tiene sentido si transforma la experiencia de las mujeres en el trabajo, en la familia y en la comunidad”, sostiene una activista de derechos humanos entrevistada para esta nota.
De Israel al mundo: un efecto dominó jurídico
La Women’s Equal Rights Law de 1951 inspiró a generaciones de legisladores y movimientos sociales a formular normas más amplias de igualdad y no discriminación. En décadas posteriores, tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) —adoptada por la ONU en 1979 y vigente desde 1981— consolidaron un marco global para impulsar leyes nacionales con perspectiva de género.
A partir de ahí, países en todo el mundo han desarrollado leyes que abordan la igualdad salarial, la participación política, la violencia de género y la no discriminación en diversos ámbitos de la vida social y económica.
La promulgación de esta ley pionera no solo representa un logro jurídico, sino un símbolo de transformación social. Sentar la igualdad como principio legal fue, en muchos contextos, un paso audaz que desafió normas culturales arraigadas y abrió puertas para que mujeres —de todas las edades y condiciones sociales— pudieran exigir derechos, oportunidades y justicia.
Pero, como coinciden activistas y expertas, la igualdad de género no se alcanza solamente con una ley; se construye día a día con políticas, educación, cultura y compromiso ciudadano.
