El nuevo instrumento apunta, igualmente, al infanticidio, y a la violación tanto de menores como de adolescentes
Bolivia cuenta con legislación para combatir el femicidio contra niñas, con castigo para quienes perpetren el crimen y para aquellos funcionarios judiciales que beneficien a los agresores.
El nuevo instrumento apunta, igualmente, al infanticidio, y a la violación tanto de menores como de adolescentes.
Durante la ceremonia de promulgación, el 4 de julio, la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, el presidente del mediterráneo país sudamericano, Luis Arce, expresó la esperanza de que la legislación ayude a erradicar esos delitos.
De acuerdo con los más recientes datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante el primer semestre de este año, a nivel nacional, Bolivia registró 48 femicidios y 21 infanticidios.
En el caso de los femicidios, el número correspondiente a la primera mitad de este año fue inferior a los registrados para igual período del año pasado, según la misma fuente.
Las principales causas de ambos tipos de crimen son heridas con arma punzocortante, asfixia, intoxicación, indicó, además, la FGE.
La materialización de la ley -que introduce reformas al Código Penal boliviano-, se enmarcó en la declaración de 2022 como Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización.
Esta acción gubernamental apunta a frenar la violencia de género, a nivel nacional.
Durante el acto de rúbrica presidencial de la ley, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima -quien también firmó el texto-, explicó que, a partir de ahora, a los femicidas, los infanticidas, y los violadores de menores y adolescentes dejará de aplicárseles el régimen de casa por cárcel.
Ello, a causa de que la medida significa que, en una alta proporción de casos, las víctimas se ven obligadas a convivir -nuevamente- con los victimarios, agregó.
Asimismo, se sancionará -con pena de hasta 20 años de prisión- a los jueces quienes, de alguna manera, beneficien a los acusados de cometer tales delitos, continuó explicando, además de informar que la nueva ley prevé q1ue se capacite, a esos funcionarios judiciales, para que se desempeñen con perspectiva de género, explicó.
El ministro hizo, así, referencia específica al extenso segundo artículo -del total de tres- contenidos en al texto.
Entre otras disposiciones, prevé sanciones tales como “privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años (…) e inhabilitación” para “la jueza o juez que, en el ejercicio de sus funciones, dicte resolución manifiestamente contraria a la Constitución Política del Estado, al bloque de constitucionalidad o a la Ley, aplicables al caso concreto, haciendo lo que éstas prohíban o dejando de hacer lo que mandan, en la sustanciación de una causa”.
Firmado el texto, Arce vaticinó que, con la nueva legislación, “no (habrá) más impunidad ni jueces prevaricadores”.
Además, expresó que, en cambio, se contará con “una justicia sensible a esta problemática”, de modo que aquellos jueces quienes suelen actuar corruptamente, “ya no tengan opciones para favorecer a los delincuentes”.
Foto: Brother’s photo
