La eficacia de la mano dura, celebrada por una mayoría abrumadora, plantea preguntas incómodas sobre el precio de la seguridad y el futuro de la democracia salvadoreña
Silvia Castro
En la penumbra de una mañana cualquiera en San Salvador, los titulares de los periódicos locales repiten una cifra que, hasta hace poco, parecía inalcanzable: cero homicidios en veinticuatro horas. Para un país que durante años fue sinónimo de violencia, donde el miedo era la moneda corriente y las maras dictaban la ley en barrios enteros, el dato tiene algo de milagroso. Sin embargo, en El Salvador de Nayib Bukele, los milagros suelen venir acompañados de interrogantes.
El presidente, con su habitual destreza para el espectáculo político, ha convertido la seguridad en el eje de su mandato. La estrategia es conocida: régimen de excepción, arrestos masivos, despliegue militar y una narrativa oficial que celebra cada jornada sin muertes violentas como una victoria nacional. El resultado es tangible. Las tasas de homicidio han caído a mínimos históricos y, por primera vez en décadas, la extorsión ya no marca el pulso de la vida cotidiana. Las familias regresan a los parques, los comerciantes abren sus negocios sin temor, y la sensación de alivio se palpa en las conversaciones de la gente.
Pero la historia rara vez se conforma con la superficie. La eficacia de la mano dura, celebrada por una mayoría abrumadora, plantea preguntas incómodas sobre el precio de la seguridad y el futuro de la democracia salvadoreña. Los arrestos indiscriminados han llenado las cárceles hasta el borde, y las denuncias de abusos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas se acumulan en los informes de las organizaciones de derechos humanos. El Estado de derecho, ese antiguo ideal republicano, parece haber quedado en suspenso, sacrificado en nombre de la paz social.
En los cafés de San Salvador, la discusión se desplaza, inevitablemente, hacia el mañana. ¿Qué ocurrirá cuando el régimen de excepción se levante? ¿Sobrevivirá la tranquilidad conquistada a golpe de represión? Los expertos en política criminal advierten que, sin un abordaje integral de las raíces sociales de la violencia —la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades para los jóvenes—, la calma podría ser tan efímera como el aplauso en un mitin presidencial.
El Salvador, como tantos otros países marcados por la desigualdad, necesita algo más que cárceles y soldados. Requiere una apuesta seria por la educación, la generación de empleo digno, el fortalecimiento de las comunidades y la reconstrucción del tejido social. Solo así será posible consolidar una paz que no dependa de la fuerza, sino del consenso y la justicia.
Mientras tanto, el país avanza por la cuerda floja, celebrando cada día sin homicidios como una pequeña victoria, pero sabiendo que la verdadera batalla, la que se libra en las escuelas, en los hogares y en los tribunales, apenas comienza. En El Salvador de Bukele, la seguridad ha dejado de ser un sueño imposible. Ahora, el desafío es que esa seguridad sea también sinónimo de libertad y dignidad para todos.
