Un informe documenta el impacto desproporcionado del conflicto sobre la población femenina desde octubre de 2023, en medio de denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario.
Más de 38.000 mujeres y niñas han muerto en Gaza entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, según datos difundidos por organismos internacionales y retomados por el medio ¡Democracy Now! La cifra refleja el peso del conflicto sobre la población civil, en particular sobre mujeres y menores de edad, en un contexto de ataques sostenidos y de deterioro de las condiciones humanitarias.
El reporte se presenta en el marco de la ofensiva militar israelí iniciada tras los ataques de Hamás en octubre de 2023. Desde entonces, Gaza ha enfrentado bombardeos continuos, desplazamientos masivos y restricciones severas al acceso a alimentos, agua, atención médica y refugio.
Organizaciones humanitarias han advertido que las mujeres y niñas representan una proporción significativa de las víctimas mortales, en parte debido a la densidad poblacional de Gaza y a la dificultad de evacuar zonas urbanas bajo ataque. A esto se suma la vulnerabilidad estructural de este grupo en contextos de conflicto armado, donde el acceso a servicios básicos y a la protección se reduce drásticamente.
El informe también señala que muchas de las víctimas murieron en sus hogares o en refugios improvisados, lo que ha intensificado las preocupaciones sobre el respeto a las normas del derecho internacional humanitario, especialmente en lo relativo a la protección de los civiles.
Diversos organismos han reiterado sus llamados a un alto el fuego inmediato y a la apertura de corredores humanitarios que permitan la entrada de ayuda y la evacuación de personas en riesgo. Sin embargo, la situación sobre el terreno continúa siendo crítica, con un sistema de salud colapsado y una población que enfrenta condiciones de vida cada vez más precarias.
La magnitud de las muertes de mujeres y niñas en Gaza se ha convertido en uno de los indicadores más contundentes del impacto humano del conflicto y ha reactivado el debate internacional sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza y la necesidad de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
