Una columna de opinión publicada en el medio dominicano Acento reabre el debate sobre la esterilización de niñas y adolescentes, una práctica documentada a nivel internacional que enfrenta posiciones encontradas entre argumentos de protección y denuncias de violaciones de los derechos humanos (Fondeur, 2026).
La discusión sobre la esterilización en menores de edad, en particular en niñas con discapacidad, volvió a cobrar relevancia tras la publicación del artículo «Niñas esterilizadas» en Acento. Aunque se trata de una pieza de opinión, el tema que plantea no es aislado: organismos internacionales han advertido de que estas prácticas siguen ocurriendo en distintas regiones del mundo, a menudo en contextos institucionales o familiares.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la esterilización sin consentimiento informado constituye una violación de los derechos reproductivos (World Health Organization et al., 2014). Esta posición es compartida por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que ha señalado que las niñas y las mujeres con discapacidad enfrentan un riesgo desproporcionado de ser sometidas a intervenciones irreversibles sin su aprobación directa (United Nations Population Fund, 2021).
En la misma línea, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas ha sido enfático en que la esterilización forzada o no consentida puede constituir una forma de violencia y discriminación (Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2017). Informes del organismo indican que, en algunos casos, estas decisiones son tomadas por familiares, tutores o autoridades médicas bajo la figura de “consentimiento sustituto”.
Sin embargo, el tema también presenta otra dimensión. En determinados contextos, familiares o instituciones argumentan que estas intervenciones buscan prevenir embarazos en situaciones de alta vulnerabilidad, especialmente cuando existe riesgo de abuso sexual o cuando se considera que la persona menor de edad no podrá asumir la maternidad. Organizaciones como Human Rights Watch han documentado que este tipo de justificaciones persiste en varios países, lo que mantiene abierto el debate sobre los límites entre la protección y la autonomía (Human Rights Watch, 2011–2025).
El problema se complica en escenarios en los que confluyen factores estructurales como la pobreza, la discapacidad y la debilidad institucional. En estos casos, la falta de acceso a la educación sexual, a sistemas de protección eficaces y a mecanismos de denuncia incrementa la vulnerabilidad de las niñas, mientras que las decisiones sobre sus cuerpos suelen recaer en terceros.
Desde una perspectiva jurídica internacional, la tendencia ha sido avanzar hacia la prohibición de estas prácticas sin consentimiento pleno. No obstante, la aplicación de estas normas varía entre países y su cumplimiento depende en gran medida de la capacidad de supervisión de los sistemas de salud y de justicia.
La columna publicada en Acento se inserta en este debate más amplio, que no se limita a un país específico, sino que refleja tensiones globales en torno al control reproductivo, la autonomía y la protección de poblaciones vulnerables. En ese marco, el tema de la esterilización en niñas continúa siendo objeto de debate entre organismos internacionales, sistemas de salud y actores sociales, sin una resolución uniforme a nivel mundial.
Referencias:
Committee on the Rights of Persons with Disabilities. (2017). Report of the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities, Catalina Devandas Aguilar. United Nations.
Human Rights Watch. (2011–2025). Reports on forced and coerced sterilization. Human Rights Watch.
Fondeur, L. (2026, abril). Niñas esterilizadas. Acento. https://acento.com.do/opinion/ninas-esterilizadas-9668362.html
United Nations Population Fund. (2021). We matter. We belong. We decide: Disability inclusion strategy 2022–2025. UNFPA.
World Health Organization, Office of the High Commissioner for Human Rights, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, & UNICEF. (2014). Eliminating forced, coercive, and otherwise involuntary sterilization: An interagency statement. World Health Organization.
