Una versión preliminar de un informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas advierte que la maternidad continúa atravesada por formas de discriminación económica, institucional, sanitaria y social. El documento propone reconocer a las madres como titulares de derechos específicos y reforzar las obligaciones de los Estados para protegerlas.
La maternidad suele presentarse como una experiencia privada, asociada a decisiones individuales y responsabilidades familiares. Sin embargo, una versión preliminar de un nuevo informe elaborado por Reem Alsalem, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, plantea una lectura distinta: muchas de las dificultades que enfrentan las madres no se deben únicamente a circunstancias personales, sino también a desigualdades estructurales que pueden traducirse en discriminación, violencia y pérdida de derechos.
El análisis se elaboró a partir de 167 contribuciones, de las cuales 24 procedían de Estados, y de consultas a 60 personas expertas. Su objetivo es examinar las distintas formas en que la maternidad puede convertirse en un factor de vulnerabilidad y cómo las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes frente a esa realidad. La Relatoría que encabeza Alsalem forma parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y tiene el mandato de estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres y las niñas.
Uno de los puntos centrales del documento es la devaluación social de la maternidad y del trabajo de cuidados. El informe cuestiona que el cuidado de hijos e hijas siga tratándose principalmente como una responsabilidad privada, pese a que sostiene buena parte de la reproducción social y económica. Cuando ese trabajo permanece fuera de los sistemas de protección laboral y social, las madres asumen una proporción desmedida de sus costos.
La dimensión económica resulta particularmente evidente. Según la versión preliminar citada por El Diario de la Educación, alrededor de 800 millones de mujeres carecerían de seguridad económica al momento de dar a luz y cerca de una cuarta parte abandonaría el mercado laboral durante el primer año de maternidad. El problema adquiere mayor gravedad allí donde no existen suficientes permisos remunerados, servicios de cuidado accesibles o mecanismos que permitan compatibilizar el empleo y la crianza.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la maternidad no debería reducir las posibilidades de una mujer de acceder al empleo, a la salud, a la educación, a la justicia o a una vida libre de violencia. Instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad establecen obligaciones para evitar que el embarazo y la maternidad se conviertan en motivos de discriminación.
El informe también señala que esas desigualdades no afectan a todas las madres de la misma manera. La discriminación puede agravarse entre mujeres migrantes o refugiadas, madres solteras, adolescentes, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres privadas de libertad o mujeres pertenecientes a grupos históricamente marginados. La combinación de género, pobreza, origen étnico, situación migratoria o discapacidad puede determinar tanto la exposición a la violencia como las posibilidades reales de acceder a la protección.
La atención sanitaria constituye otro de los ámbitos señalados. El documento incluye, entre las formas de violencia, aquellas vinculadas a la atención obstétrica y reproductiva, desde prácticas médicas realizadas sin consentimiento adecuado hasta situaciones de coerción o de trato degradante. Naciones Unidas ha documentado, en distintos países, denuncias de violencia obstétrica y ha advertido de que determinadas poblaciones, como las mujeres indígenas y rurales, pueden enfrentar riesgos adicionales de discriminación durante el embarazo y el parto. En marzo de 2026, varios procedimientos especiales de la ONU solicitaron información al Estado peruano debido a alegaciones de violencia obstétrica sistemática que afectaría de manera desproporcionada a mujeres indígenas, campesinas y quechuahablantes.
Otra preocupación surge en los ámbitos familiar y judicial. La violencia de pareja no desaparece necesariamente al terminar una relación y puede trasladarse a procesos de separación, custodia o régimen de visitas. Alsalem ya había advertido sobre casos en los que los antecedentes de violencia doméstica fueron minimizados en procedimientos de custodia infantil, y madres que denunciaron abusos terminaron siendo penalizadas dentro del propio sistema judicial.
La situación se vuelve aún más extrema durante los conflictos armados y las crisis humanitarias. La destrucción de hospitales, la falta de medicamentos, el desplazamiento y la inseguridad alimentaria afectan directamente la posibilidad de atravesar un embarazo y un parto en condiciones seguras. A ello se suman distintas formas de violencia sexual y reproductiva que pueden emplearse contra las mujeres en contextos de guerra.
El documento también cuestiona las respuestas pronatalistas que pretenden enfrentar el descenso de la natalidad restringiendo derechos o responsabilizando a las mujeres por decidir cuándo o si desean tener hijos. Este señalamiento coincide con análisis recientes del Fondo de Población de las Naciones Unidas: el descenso de la fecundidad no puede comprenderse por separado de factores como la inseguridad económica, la vivienda, el empleo, los cuidados y la capacidad de las personas para tomar decisiones reproductivas libres.
Reconocer los derechos de las madres no significa idealizar la maternidad ni asumir que todas las mujeres deben convertirse en madres. Precisamente desde una perspectiva de género, ambos principios forman parte de la misma garantía: una mujer debe poder decidir libremente si desea tener hijos y, cuando decide hacerlo, la maternidad no debería convertirse en una causa de pobreza, discriminación laboral, violencia o pérdida de autonomía.
Las recomendaciones preliminares apuntan en esa dirección. Entre otras medidas, plantean mejorar la recopilación de datos sobre las condiciones de vida de las madres, fortalecer la prevención de la violencia obstétrica, garantizar vías efectivas de acceso a la justicia, proteger de manera especial a quienes enfrentan múltiples formas de discriminación y reconocer socialmente el valor de los cuidados.
El informe resulta especialmente pertinente en sociedades que expresan preocupación por la caída de la natalidad mientras mantienen buena parte de los costos de la crianza en los hogares y, dentro de ellos, recaen sobre las mujeres. Defender la maternidad desde los derechos humanos exige algo más que valorarla simbólicamente: requiere garantizar que ninguna mujer vea reducidos sus derechos, su seguridad económica o su autonomía por convertirse en madre.
Referencias
Alsalem, R. (2025). Sex-based violence against women and girls: New frontiers and emerging issues. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A/HRC/59/47.
Bastide, E. (2026, 27 de julio). ¿Un mundo contra las madres? El Diario de la Educación.
Naciones Unidas. (1979). Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Organización Internacional del Trabajo. (2000). Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183).
