En 2023, Naciones Unidas determinó que Perú vulneró los derechos de una niña indígena que quedó embarazada tras sufrir violencia sexual. Tres años después, el país ha creado nuevos mecanismos de justicia intercultural en la Amazonía, mientras que el embarazo infantil y las agresiones sexuales continúan evidenciando profundas brechas de género, territoriales y de pertenencia étnica.
Camila tenía 13 años cuando quedó embarazada tras sufrir durante años violencia sexual por parte de su padre. Vivía en una zona rural de la sierra peruana; era indígena y no quería continuar con el embarazo. Su madre buscó que pudiera acceder a un aborto terapéutico, pero la atención sanitaria no llegó a tiempo. Días después, sufrió un aborto espontáneo y, en lugar de recibir únicamente protección, fue investigada por el supuesto delito de autoaborto.
El caso ocurrió en 2017, pero terminó convirtiéndose en un precedente internacional seis años después. En mayo de 2023, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas determinó que Perú había vulnerado los derechos de Camila y señaló afectaciones relacionadas con la discriminación, la vida, la privacidad, la salud y la protección frente a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El organismo también consideró el impacto de haber sometido a una niña sobreviviente de violencia sexual a un proceso penal.
La resolución trascendió el caso individual. El Comité pidió al Estado reparar integralmente a Camila, garantizarle una atención adecuada en salud mental y adoptar medidas para evitar que otras niñas atravesaran situaciones similares. Entre sus disposiciones incluyó revisar la normativa sobre el aborto terapéutico, garantizar información y servicios de salud sexual y reproductiva, y capacitar a profesionales de la salud y a operadores de justicia para prevenir la revictimización.
Tres años después, observar lo ocurrido en la Amazonía peruana permite dimensionar cuánto queda por resolver. La provincia de Condorcanqui, en Amazonas, concentra una población mayoritariamente indígena y comunidades en las que las distancias, las condiciones de transporte y las barreras lingüísticas pueden determinar si una niña consigue denunciar una agresión, recibir atención médica o participar en un proceso judicial en condiciones que pueda comprender.
La Defensoría del Pueblo documentó en 2024 que desde 2010 se habían presentado 524 denuncias por presunta violencia sexual contra estudiantes indígenas en Condorcanqui. El organismo advirtió sobre la situación de niñas y adolescentes awajún y sobre las vulneraciones que comprometían sus derechos a la integridad, a la protección, a la educación, a la salud física y mental y al desarrollo integral.
Su investigación posterior sobre la actuación estatal identificó dificultades que iban mucho más allá de la mera existencia formal de las instituciones. La ausencia durante años de servicios especializados obligaba, por ejemplo, a trasladarse fuera de la provincia para realizar determinadas diligencias. La Defensoría había solicitado reiteradamente la instalación de una Cámara Gesell en Condorcanqui para evitar mayores costos, desplazamientos y riesgos de revictimización durante las investigaciones.
Los casos de Camila y de las niñas awajún no son equivalentes, pero comparten una dimensión que resulta indispensable para comprender la violencia sexual desde una perspectiva de género: una niña no accede a sus derechos únicamente por ser reconocida jurídicamente como víctima. Su edad, lengua, pertenencia étnica, territorio, situación económica y la distancia a los servicios pueden determinar qué posibilidades reales tiene de ejercerlos.
Perú comenzó en 2026 a modificar parte de esa respuesta institucional en Condorcanqui. En enero entró en funcionamiento el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, con órganos especializados destinados a atender los casos de violencia en la provincia. En febrero, el Poder Judicial informó que diez órganos jurisdiccionales especializados habían sido inaugurados en la zona.
Uno de los primeros resultados mostró por qué la interculturalidad no puede separarse del acceso a la justicia. El 17 de enero, un juzgado de Santa María de Nieva dictó la primera sentencia condenatoria del nuevo sistema en español y awajún. Durante el juicio participaron intérpretes porque las partes involucradas se comunicaban en esa lengua y la sentencia también fue notificada en ambos idiomas. El responsable de la agresión sexual contra una persona menor de 14 años fue condenado a 32 años de prisión.
En mayo se produjo otro avance. Un juzgado de Yutupis-Río Santiago emitió, en awajún, una resolución de prisión preventiva relacionada con un caso de violencia sexual. El Poder Judicial informó que la valoración judicial incorporó la comprensión del contexto geográfico y social de la comunidad en la que ocurrieron los hechos.
Estos cambios son relevantes porque acercar la justicia a las comunidades indígenas no consiste solamente en trasladar oficinas de una ciudad a otro territorio. Una niña awajún necesita poder declarar y recibir información en una lengua que comprenda, encontrar personal capacitado para atender casos de violencia sexual, y acceder a servicios de salud y protección sin recorrer distancias desproporcionadas ni atravesar un procedimiento que convierta la denuncia en una nueva experiencia de violencia.
La dimensión nacional muestra, sin embargo, que el problema rebasa ampliamente a Condorcanqui. UNFPA informó que en Perú cada día 12 niñas de entre 10 y 14 años quedan embarazadas y 3 se convierten en madres. En 2023, la mayoría de esos embarazos estaban relacionados con el abuso sexual. La legislación peruana establece, además, que una persona menor de 14 años no puede consentir legalmente una relación sexual.
Las consecuencias tampoco terminan con el nacimiento. El embarazo y la maternidad durante la niñez pueden afectar la salud física y mental, interrumpir la educación y modificar las posibilidades económicas y el proyecto de vida. En 2024, el 11 % de las muertes maternas registradas entre niñas y adolescentes de hasta 19 años estuvo relacionado con el aborto, frente a menos del 3 % en los demás grupos etarios. Entre 2020 y 2024, Amazonas estuvo entre las cinco regiones con mayor número de muertes maternas de niñas y adolescentes, junto con Loreto, Pasco, Ucayali y La Libertad.
Las cifras de violencia muestran otra continuidad preocupante. Según información de los Centros de Emergencia Mujer citada por UNFPA, las atenciones por violencia sexual contra personas menores de 19 años se duplicaron entre 2019 y 2024 y pasaron a ser la principal causa de atención en ese grupo.
La perspectiva de género permite entender por qué estas cifras no deben diluirse bajo la denominación general de embarazo adolescente. Cuando una niña de 10, 11, 12 o 13 años queda embarazada como consecuencia de una agresión sexual, el problema inicial no es una maternidad demasiado temprana, sino la violencia que la provocó. Llamarla únicamente embarazo precoz puede desplazar del centro del análisis al agresor, las condiciones que permitieron el abuso y las instituciones responsables de proteger a la víctima.
El territorio añade otra desigualdad. UNFPA ha advertido de que las diferencias territoriales en la fecundidad adolescente se han profundizado en Perú: la brecha entre zonas urbanas y rurales aumentó un 36 % en los últimos años y la existente entre la costa y la selva creció un 70 %. También señala que las desigualdades vinculadas a los ingresos, el lugar de residencia y la raza o etnia pueden restringir las opciones sexuales y reproductivas, así como el acceso a la atención sanitaria.
Camila puso un rostro a esas intersecciones. Era niña, indígena y habitante de una zona rural; sobrevivió a la violencia sexual y, posteriormente, encontró barreras en los sistemas de salud y justicia que debían protegerla. Las denuncias de Condorcanqui muestran esas mismas variables en otro territorio y a una escala que obligó al Estado peruano a crear, en 2026, estructuras judiciales especializadas y mecanismos interculturales que no existían en las mismas condiciones cuando Naciones Unidas resolvió el caso.
La primera sentencia en awajún, los nuevos juzgados y la incorporación de intérpretes representan avances concretos. También revelan la profundidad de una brecha que durante años obligó a niñas indígenas a buscar justicia en instituciones geográficamente, lingüísticamente y culturalmente alejadas de sus comunidades. Mientras 12 niñas de entre 10 y 14 años continúen quedando embarazadas cada día en Perú, el caso Camila seguirá siendo algo más que un precedente internacional: seguirá sirviendo de medida para evaluar cuánto ha cambiado la protección de las niñas desde que su historia llegó ante Naciones Unidas.
Referencias
Comité de los Derechos del Niño. (2023, 13 de junio). Dictamen aprobado por el Comité en relación con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, respecto de la comunicación núm. 136/2021 (CRC/C/93/D/136/2021). Naciones Unidas.
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=Yy1isSDzA1bLq7dvsHw%2F%2BcybAYHljTu3LwUZfPsd0ktS3v6BG1cETTijKRqrmreeBfxoqr3aHglRXwbwftcYds3n2a6h0opGyeF3f%2BAUcgo%3D
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https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-rechaza-actos-de-violencia-sexual-contra-estudiantes-awajun-y-demanda-la-separacion-inmediata-de-docentes/
Defensoría del Pueblo. (2024, 2 de septiembre). La actuación del Estado frente a la violencia sexual contra la niñez y la adolescencia indígenas awajún en la provincia de Condorcanqui: Balance de las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo y agenda pendiente para restituir los derechos fundamentales de la niñez awajún (Documento Defensorial N.º 001-2024-DP/AMACCPI/PPI).
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/09/Documento-Defensorial_violencia_sexual_condorcanqui-1.pdf
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Fondo de Población de las Naciones Unidas Perú. (2025). Semana de la Prevención del Embarazo Adolescente: garantizar derechos, salvar vidas.
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Poder Judicial del Perú. (2026, 17 de mayo). Condorcanqui: Juzgado de Amazonas emite resolución en lengua awajún sobre un caso de violencia sexual.
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Subirana Abanto, K. (2026, 18 de agosto). Camila no fue la última: de la sierra a la Amazonía, las niñas siguen esperando justicia. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/camila-no-fue-la-ultima-de-la-sierra-a-la-amazonia-las-ninas-siguen-esperando-justicia/
