Lo más preocupante de este debate es que se haya convertido en una prueba de lealtad ideológica. Quien defiende las categorías femeninas es acusado de discriminación; quien plantea la inclusión irrestricta es señalado de poner en riesgo los derechos de las mujeres. Esa polarización impide construir soluciones razonables.
La reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de confirmar que los estados pueden reservar las categorías deportivas femeninas a las mujeres biológicas no constituye un retroceso en materia de derechos, como algunos sostienen. Es, ante todo, un reconocimiento de que igualdad y equidad no siempre significan lo mismo. Esta decisión genera un dilema para las personas que, como yo, respetamos y apoyamos a las mujeres trans.
Durante décadas, las mujeres hemos luchado para que el deporte dejara de ser un espacio casi exclusivamente reservado a los hombres. Gracias a esa lucha en los Estados Unidos nació el Título IX, una legislación que abrió las puertas a millones de niñas y mujeres al deporte competitivo, a las becas universitarias y a oportunidades antes impensables. El objetivo era claro: compensar una desventaja histórica y garantizar condiciones de competencia justas. Ese principio sigue vigente. La realidad biológica no desaparece porque la sociedad cambie su forma de comprender la identidad de género. Y precisamente esa realidad biológica indiscutible afirma que, en promedio, los hombres poseen mayor estatura, peso, densidad ósea, masa muscular, fuerza y velocidad que las mujeres. La evidencia científica muestra que los tratamientos hormonales pueden reducir algunas de esas diferencias, pero no eliminan por completo las ventajas físicas adquiridas durante la pubertad masculina. Por ello, existen categorías femeninas.
No se trata de cuestionar la identidad de las mujeres trans ni de negarles dignidad ni derechos. Se trata de reconocer que el deporte de alto rendimiento depende, precisamente, de capacidades físicas. Si el propósito de una competencia es medir fuerza, velocidad, resistencia o potencia, resulta difícil sostener que exista igualdad cuando persisten diferencias biológicas relevantes.
El deporte, además, siempre ha funcionado mediante categorías. Nadie considera discriminatorio separar competencias por edad, peso o sexo. Tampoco lo son la existencia de los Juegos Paralímpicos ni la de las Olimpiadas Especiales. Estas categorías no fueron creadas para excluir, sino para garantizar que quienes participan lo hagan en condiciones comparables. La segmentación deportiva busca precisamente evitar que una ventaja física previa determine el resultado antes de iniciar la competencia.
Mi posición cambia cuando el componente físico deja de ser determinante. En disciplinas intelectuales como el ajedrez, los concursos académicos o muchas competencias de conocimiento, donde la fuerza física no influye en el desempeño, considero plenamente válido que las personas participen según el género con el que se identifican. Allí la equidad no depende de la biología, sino del talento, la preparación y la capacidad intelectual.
Lo más preocupante de este debate es que se haya convertido en una prueba de lealtad ideológica. Quien defiende las categorías femeninas es acusado de discriminación; quien plantea la inclusión irrestricta es señalado de poner en riesgo los derechos de las mujeres. Esa polarización impide construir soluciones razonables.
Coincidir con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos es compatible con la convicción de respeto profundo a las personas trans, porque ningún derecho es absoluto cuando su ejercicio puede afectar los derechos de otros. Desde pequeña aprendí que la libertad de una persona encuentra su límite cuando comienza a menoscabar la libertad, la seguridad o la igualdad de otra. Precisamente por eso existen las leyes y los tribunales, para armonizar derechos que, en ocasiones, pueden entrar en tensión.
Defender los derechos de las personas trans no debería implicar debilitar los derechos conquistados por las mujeres, del mismo modo que proteger los derechos de las mujeres no debe traducirse en discriminación contra las personas trans. Una sociedad verdaderamente justa es aquella que busca el equilibrio, no la imposición de unos derechos sobre otros.
El verdadero desafío consiste en proteger dos derechos legítimos al mismo tiempo: el derecho de las personas trans a vivir sin discriminación y el derecho de las mujeres a competir en igualdad de condiciones. Defender a uno no debería significar sacrificar al otro.
Las sociedades maduras no resuelven sus diferencias silenciando opiniones incómodas. Las resuelven con evidencia científica, argumentos jurídicos y respeto mutuo. El deporte merece ese nivel de discusión. También las mujeres. También las personas trans.
