Un nuevo informe iberoamericano advierte que la violencia contra las mujeres puede representar hasta el 5 % del PIB en algunos países de América Latina y el Caribe. La mayor carga económica no la absorben los Estados: recae sobre las propias mujeres y sus hogares mediante gastos de bolsillo, pérdida de ingresos, afectaciones laborales y costes de cuidado.
La violencia contra las mujeres tiene consecuencias que no pueden reducirse a una cifra económica. Pero medir cuánto cuesta permite observar otra dimensión del problema: los recursos que pierden las supervivientes, sus hogares, las empresas y los Estados cada año como resultado de una violación persistente de los derechos humanos.
El informe Medir para transformar: el coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica, publicado en 2026 por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y CAF, revisó 21 estudios realizados desde 2004 en países iberoamericanos. Su conclusión es clara: en algunos países latinoamericanos, el impacto económico estimado de la violencia contra las mujeres alcanza hasta el 5 % del producto interior bruto.
Las cifras nacionales muestran magnitudes distintas porque las metodologías no son directamente comparables. En Ecuador, un estudio estimó un coste de 4.608 millones de dólares estadounidenses, equivalente al 4,28 % del PIB. En Paraguay alcanzó US$1.450,6 millones, el 5,12 % del PIB; en Bolivia, una investigación sobre el impacto empresarial calculó una pérdida equivalente al 6,46 % del PIB, mientras que otro estudio posterior situó el coste entre 1,6 % y 1,8 %. México estimó en 2015 un coste equivalente al 1,4 % de su PIB. El propio informe advierte que estas cifras no deben utilizarse como un ranking entre países, ya que cada investigación incorpora actores, servicios y tipos de costos distintos.
La pregunta más reveladora no es solo cuánto se pierde, sino quién paga.
Los estudios que distribuyen los costes entre distintos actores muestran que las mujeres y sus hogares asumen entre el 44 % y el 50 % del coste total. Son gastos médicos, atención psicológica, asesoría legal, transporte, mudanzas y procesos judiciales, pero también salarios dejados de percibir, tiempo de trabajo perdido y recursos destinados a reorganizar la vida tras una agresión. En Bolivia, uno de los estudios analizados elevó esa proporción al 71,3 % del coste total; las empresas asumieron el 18,7 %, el Estado el 9,9 % y las organizaciones sociales el 0,2 %.
La violencia también llega al lugar de trabajo. El informe identifica pérdidas por absentismo, rotación y, especialmente, por presentismo: mujeres que continúan asistiendo a trabajar, pero cuyo rendimiento disminuye debido a las consecuencias físicas, psicológicas o familiares de la violencia. En algunos estudios, el presentismo representa hasta el 73 % del coste laboral total, una pérdida mucho mayor que la producida únicamente por las ausencias.
Para las emprendedoras, las consecuencias pueden afectar directamente a sus negocios. Una investigación realizada en Ecuador encontró que la violencia provocaba pérdida de jornadas laborales y descapitalización debido a los gastos derivados de las agresiones. Entre las propietarias de microempresas analizadas, casi la mitad de los negocios afectados registraron descapitalización y una proporción llegó al endeudamiento extremo o a la quiebra.
También existe un coste que las cuentas nacionales suelen ignorar: el trabajo de cuidados no remunerado. Cuando una mujer no puede cuidar a sus hijas, hijos o familiares debido a lesiones, desplazamientos, procesos judiciales o afectaciones emocionales, otras personas deben asumir ese tiempo. El informe recomienda incorporarlo expresamente en las futuras estimaciones económicas.
Los efectos tampoco se limitan a una generación. Doce de los 21 estudios revisados consideran algún impacto en hijas e hijos, desde gastos médicos y pérdida de días de clase hasta rezago escolar, sustitución de cuidados o manutención de niñas y niños que quedaron huérfanos por femicidio. En Colombia, un estudio encontró que niñas y niños de hogares afectados por violencia intrafamiliar presentaban un retraso escolar de aproximadamente medio año en comparación con quienes vivían en hogares sin violencia.
A pesar de estas estimaciones, el coste real probablemente sea mayor. El principal obstáculo es el subregistro: el informe estima que entre el 87 % y el 95 % de los casos de violencia contra las mujeres no llegan a los registros formales. Los sistemas de salud, justicia y servicios sociales, además, suelen trabajar con bases de datos que no están conectadas entre sí.
Existe otra ausencia importante. Ninguno de los estudios revisados incorpora plenamente un análisis interseccional en sus resultados. Las mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, rurales o con discapacidad están insuficientemente representadas en las estadísticas, lo que también implica que sus costes siguen subestimados.
El informe no propone convertir el sufrimiento en dinero. Plantea algo distinto: hacer visible cuánto cuesta no prevenir la violencia. Medir esas pérdidas permite relacionarlas con presupuestos públicos, políticas de prevención y de protección social, y decisiones empresariales.
La evidencia revisada muestra que la violencia contra las mujeres no se limita al hogar. Reduce los ingresos, deteriora los negocios, disminuye la productividad, aumenta los gastos públicos y privados y afecta las oportunidades de la siguiente generación. Buena parte de esa factura, además, la sigue pagando la misma mujer que sufrió la violencia.
Referencias
Santellán, C. (2026). Medir para transformar: el coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica. Secretaría General Iberoamericana, Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, Fondo de Población de las Naciones Unidas y CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. https://lac.unfpa.org/es/publications/medir-para-transformar-coste-violencia-contra-mujeres-iberoamerica
Vara-Horna, A. (2020). Los costos-país de la violencia contra las mujeres en Ecuador. PreViMujer, GIZ
