Movimiento Balance y el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica reclaman protección para las denunciantes, investigaciones diligentes y transparentes, y la aplicación de las sanciones correspondientes si los hechos se comprueban.
Organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres alzaron la voz ante las denuncias por presunto acoso sexual y laboral que involucran al diputado oficialista Fernando Obaldía Álvarez y exigieron a las autoridades que actuaran con celeridad, transparencia y con absoluto respeto al debido proceso.
Movimiento Balance manifestó su enérgico repudio ante los graves hechos denunciados por dos mujeres y considera que los señalamientos, conocidos públicamente, son de extrema gravedad y que, de comprobarse, resultarían incompatibles con la dignidad, la ética y la responsabilidad que exige el ejercicio de un cargo de representación popular.
Según la información divulgada sobre las denuncias, una de las funcionarias atribuye al legislador comentarios relacionados con su ropa íntima y su cuerpo, preguntas de naturaleza sexual e indicaciones sobre su vestimenta y apariencia, así como presuntas conductas de acoso laboral. Una segunda mujer presentó posteriormente otra denuncia ante la Fiscalía General de la República por hechos que están bajo investigación.
Para Movimiento Balance, ninguna mujer debería sentirse intimidada, acosada, humillada o insegura en su lugar de trabajo, independientemente de quién ocupe una posición de mayor jerarquía.
“La condición de diputado no puede convertirse en un escudo frente a una investigación ni otorgar privilegios para evadir responsabilidades. Las mujeres tienen derecho a trabajar y a participar en política en espacios seguros, libres de acoso, intimidación y abuso de poder”, señaló Marilyn Batista Márquez, presidenta de Movimiento Balance.
La organización solicitó a la Fiscalía General que desarrollara una investigación exhaustiva, independiente y diligente, garantizando tanto los derechos de las denunciantes como el debido proceso. Asimismo, pidió a la Asamblea Legislativa que aplicara rigurosamente su Reglamento contra el Acoso Sexual para Diputados y Diputadas, aprobado en 2021.
Balance considera fundamental que las denunciantes cuenten con una protección efectiva durante todo el procedimiento y que se adopten las medidas necesarias para impedir represalias, presiones, interferencias, exposición pública innecesaria o cualquier forma de revictimización.
Si las conductas denunciadas son comprobadas mediante los procedimientos correspondientes, Movimiento Balance exige que se aplique todo el rigor de la ley y la máxima sanción permitida por el ordenamiento jurídico y la normativa vigente.
Ningún cargo debe estar por encima de los derechos de las mujeres
La posición de Movimiento Balance coincide con el pronunciamiento del Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, que expresó su preocupación ante las recientes denuncias de presunto acoso sexual y laboral en la Asamblea Legislativa y recordó que la seguridad y la dignidad de las mujeres constituyen principios irrenunciables en el ejercicio del poder.
El Foro señaló que tanto la Asamblea Legislativa como la Fiscalía General tienen la responsabilidad de garantizar procedimientos serios, expeditos y transparentes. También advirtió que la inmunidad parlamentaria existe para proteger el ejercicio de la función legislativa y no debe convertirse en un mecanismo que genere impunidad frente a eventuales conductas contrarias a la dignidad de las mujeres y a la ética pública.
En su pronunciamiento, el Foro reclama protección efectiva para las funcionarias denunciantes, el cumplimiento de los plazos y procedimientos establecidos en el reglamento legislativo, la transparencia institucional y la responsabilidad política de todas las fracciones para evitar que los hechos sean encubiertos o minimizados.
Movimiento Balance comparte este llamamiento y advierte de que la respuesta institucional ante estas denuncias trasciende el caso particular. Se trata también de determinar qué mensaje envía el país a las mujeres que trabajan en instituciones públicas y a aquellas que deciden denunciar posibles casos de acoso, hostigamiento o abuso de poder.
La Asamblea Legislativa, como primer poder de la República, tiene una responsabilidad especialmente significativa. Sus actuaciones deben demostrar que las normas que protegen a las mujeres se cumplen también dentro de sus propias estructuras y que ninguna posición política, jerarquía o inmunidad puede situar a una persona por encima de los derechos humanos.
Para Balance, la democracia pierde legitimidad cuando una mujer teme denunciar, y se fortalece cuando las instituciones garantizan que pueda hacerlo con seguridad, confidencialidad y la confianza de que su denuncia será investigada.
“No podemos permitir que las mujeres tengan que elegir entre conservar su trabajo, proteger su carrera profesional o denunciar una conducta que consideran inapropiada. Las instituciones tienen la obligación de crear las condiciones para que ninguna mujer tenga miedo de hablar”, enfatizó Batista Márquez.
Movimiento Balance reiteró finalmente su compromiso con la construcción de espacios laborales y políticos seguros y libres de violencia y señaló que estará vigilante del desarrollo de los procedimientos correspondientes.
La seguridad y la dignidad de las mujeres no son negociables. El acoso sexual y laboral no tienen cabida en el ejercicio del poder ni en una democracia que aspire verdaderamente a la igualdad. Costa Rica necesita instituciones capaces de investigar, proteger y, cuando corresponda, sancionar con firmeza.
