La OIT advierte de que el 80 % de las empresas desarrolla su actividad en condiciones de informalidad. El fenómeno afecta especialmente a las unidades económicas pequeñas y plantea un desafío para los gobiernos, que deben ampliar la protección social y facilitar la formalización sin comprometer los ingresos de quienes dependen de estos negocios.
Una pequeña tienda que funciona sin inscripción empresarial, una persona que vende alimentos por cuenta propia y un taller familiar que carece de registros laborales pueden formar parte de la economía informal. Sus actividades generan ingresos y satisfacen necesidades de consumo, pero se desarrollan al margen de algunas de las disposiciones que regulan las relaciones económicas y laborales.
La informalidad tiene una dimensión mundial. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ocho de cada diez empresas operan en la economía informal. El organismo también estima que aproximadamente 2.000 millones de personas trabajan en condiciones de informalidad, una realidad que afecta de manera particularmente intensa a las economías en desarrollo.
Las cifras fueron recogidas en una nota de políticas publicada por la OIT el 22 de julio de 2025, con motivo de la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. El documento advierte que, aunque la proporción mundial de trabajadores informales muestra una tendencia descendente, su número absoluto continúa creciendo.
La magnitud del fenómeno exige distinguir entre la informalidad empresarial y la informalidad laboral. La primera se relaciona con las condiciones de funcionamiento de las unidades económicas. La segunda se refiere a las características del empleo, especialmente a la cobertura de los sistemas de protección y regulación laboral.
Una empresa formalmente registrada puede mantener trabajadores sin las protecciones correspondientes. Del mismo modo, la economía informal comprende actividades por cuenta propia y unidades familiares que no necesariamente responden a la estructura de una empresa convencional.
La OIT reconoce esta diversidad en su Recomendación 204, adoptada en junio de 2015. El instrumento incluye, entre las unidades económicas informales, a empleadores, trabajadores autónomos, cooperativas y otras formas de organización productiva insuficientemente cubiertas por los sistemas formales.
Esta definición permite comprender por qué la informalidad no puede abordarse exclusivamente mediante controles tributarios o procedimientos de inscripción empresarial.
Para numerosos hogares, las actividades informales constituyen su principal fuente de ingresos. Pequeños comercios, servicios personales, talleres y emprendimientos domésticos permiten generar recursos cuando el mercado laboral formal no ofrece suficientes oportunidades.
Sin embargo, desarrollar una actividad económica en estas condiciones puede limitar sus posibilidades de crecimiento. La ausencia de documentación comercial, registros contables o historial financiero dificulta el acceso al crédito y la participación en determinadas contrataciones.
También puede restringir las relaciones con proveedores de mayor tamaño, la incorporación de tecnología y el acceso a mercados donde se exigen certificaciones o registros específicos.
Las consecuencias laborales son igualmente importantes debido a que, las personas ocupadas en condiciones de informalidad pueden carecer de protección frente a enfermedades, accidentes, desempleo o pérdida de ingresos durante la vejez. La situación varía entre países y actividades, pero la insuficiencia de la protección social constituye una de sus características principales.
La perspectiva de género permite identificar dificultades adicionales, ya que muchas mujeres desarrollan actividades económicas desde sus hogares para combinar la generación de ingresos con el cuidado de hijos, personas mayores u otros familiares.
Estas responsabilidades pueden limitar sus horarios de trabajo, la posibilidad de desplazarse y el tiempo disponible para establecer relaciones comerciales. Cuando los ingresos son reducidos, asumir los costos de formalización puede resultar especialmente difícil.
La OIT reconoce expresamente estas condiciones en su Recomendación 204. El instrumento establece que las políticas de transición deben prestar atención a las necesidades de las mujeres y promover servicios de cuidado accesibles y de calidad.
Esta orientación tiene consecuencias prácticas debido a que, una emprendedora que debe cerrar su negocio varias horas al día para atender responsabilidades familiares enfrenta condiciones diferentes a las de otra persona que puede dedicar toda su jornada a la actividad comercial.
La disponibilidad de servicios de cuidado puede ampliar sus posibilidades de trabajo, formación y crecimiento empresarial. Su ausencia, por el contrario, puede mantener viables negocios a escala de subsistencia.
Las políticas públicas también deben distinguir entre las diferentes causas de la informalidad. Algunas empresas evaden deliberadamente obligaciones tributarias o laborales. Otras desarrollan sus actividades fuera de los sistemas formales porque sus ingresos son insuficientes, desconocen los procedimientos o enfrentan costos administrativos difíciles de asumir.
Ambas situaciones requieren respuestas diferentes. La fiscalización resulta necesaria para proteger los derechos laborales y evitar prácticas de competencia desleal, pero las unidades económicas de menores ingresos también necesitan condiciones que hagan viable su incorporación a la formalidad.
La Recomendación 204 plantea combinar medidas de cumplimiento normativo con incentivos, acceso al financiamiento, formación y mecanismos de protección social.
Entre las alternativas se encuentran la simplificación de trámites, los procedimientos digitales de registro y los esquemas contributivos adaptados a la capacidad económica de las personas trabajadoras.
La transición también puede facilitarse mediante programas que permitan mejorar la productividad y desarrollar capacidades administrativas. Una empresa que organiza sus registros financieros y fortalece sus ventas dispone de mejores condiciones para asumir obligaciones permanentes.
No obstante, la digitalización de los trámites debe tener en cuenta las desigualdades en la conectividad y la alfabetización tecnológica. Los procedimientos electrónicos pueden reducir costos para algunos negocios y convertirse en una dificultad adicional para otros.
En Costa Rica, estas orientaciones ofrecen criterios para examinar las condiciones de los trabajadores autónomos, las microempresas y los emprendimientos familiares. Las obligaciones administrativas y contributivas deben evaluarse junto con los beneficios efectivos que reciben quienes ingresan a la economía formal.
La formalización puede ampliar el acceso a servicios financieros, mecanismos de protección y oportunidades comerciales. Para que esos beneficios sean sostenibles, los negocios necesitan ingresos suficientes y condiciones que les permitan cumplir sus responsabilidades.
El desafío también comprende a los trabajadores. Una política centrada únicamente en registrar empresas resultaría insuficiente si persisten relaciones laborales sin seguridad social ni protección de derechos.
La OIT propone abordar ambas dimensiones mediante estrategias coordinadas de empleo, productividad, regulación y protección social.
La magnitud de la informalidad mundial muestra que millones de personas participan en la economía sin disponer de condiciones adecuadas para desarrollar sus actividades. Facilitar su transición a la formalidad requiere reconocer esa contribución económica y establecer mecanismos que permitan mejorar sus condiciones de trabajo sin destruir sus fuentes de ingreso.
Referencias
Organización Internacional del Trabajo. (2015). Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204). https://www.ilo.org/es/resource/otros/ilc/ilc104/r204-recomendacion-sobre-la-transicion-de-la-economia-informal-la-economia
Organización Internacional del Trabajo. (2025, 22 de julio). Acelerar la transición hacia la formalidad en pro del trabajo decente y la justicia social. https://www.ilo.org/es/publications/acelerar-la-transicion-la-formalidad-en-pro-del-trabajo-decente-y-la
Organización Internacional del Trabajo. (s. f.). Economía informal. https://www.ilo.org/topics-and-sectors/informal-economy
