Los montajes sexuales, las declaraciones fabricadas y las campañas de desinformación dirigidas contra mujeres que ejercen cargos públicos amenazan su reputación y sus derechos políticos. Investigaciones internacionales advierten de que la inteligencia artificial está facilitando nuevas formas de agresión y planteando desafíos para las autoridades electorales y los medios de comunicación.
Una fotografía manipulada puede mostrar a una candidata en una situación que nunca ocurrió. Un audio manipulado puede atribuirle declaraciones que jamás pronunció. También es posible crear imágenes sexuales falsas utilizando el rostro de una dirigente política y distribuirlas en redes sociales para humillarla o desacreditarla. La inteligencia artificial generativa ha facilitado la producción de estos contenidos y ha ampliado las posibilidades de utilizarlos contra las mujeres que participan en la vida pública.
El problema no comenzó con esta tecnología. Durante décadas, las mujeres políticas han enfrentado ataques relacionados con su aspecto físico, su sexualidad, sus responsabilidades familiares y su supuesta capacidad para ejercer autoridad. La diferencia es que ahora existen herramientas capaces de producir imágenes, vídeos y grabaciones sintéticas con una apariencia de autenticidad que puede dificultar su identificación.
En marzo de 2026, el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo publicó Women in the Age of AI-enabled Disinformation, una investigación de Naja Bentzen sobre las consecuencias de estas tecnologías para los derechos de las mujeres y su participación democrática. El documento advierte que los contenidos generados mediante inteligencia artificial pueden reforzar discursos misóginos, desacreditar a dirigentes y contribuir a excluirlas del debate público.
La desinformación de género utiliza prejuicios sobre las mujeres para construir mensajes falsos o engañosos. En política, estas campañas pueden presentar a una candidata como incapaz de gobernar, cuestionar su comportamiento sexual o atribuirle actuaciones destinadas a provocar rechazo social. Su eficacia potencial depende de estereotipos que ya existen entre determinados sectores de la población.
Los contenidos sintéticos añaden posibilidades de manipulación. Una imagen manipulada puede utilizarse para sustentar una acusación falsa, mientras que una grabación alterada puede circular sin información suficiente sobre su origen. Aunque posteriormente se demuestre que el material fue manipulado, la difusión inicial puede haber afectado la reputación de la persona implicada.
Las consecuencias adquieren especial importancia durante los procesos electorales, cuando las candidaturas dependen de la confianza pública y los plazos para responder a una acusación pueden ser muy reducidos. La circulación de información falsa puede obligar a una dirigente a dedicar tiempo y recursos a desmentir hechos inexistentes, en lugar de concentrarse en sus propuestas.
La investigación del Parlamento Europeo identifica una dimensión particularmente grave de estas agresiones: la producción y difusión de imágenes sexuales falsas sin consentimiento. El documento recoge estimaciones de un estudio de 2023 según las cuales el 98 % de los vídeos deepfake identificados en la muestra analizada correspondían a pornografía sintética y el 99 % de las personas representadas como víctimas eran mujeres.
Estas cifras proceden de una investigación específica y no deben interpretarse como una medición de todos los contenidos generados con inteligencia artificial. Su importancia radica en mostrar el uso desproporcionado de determinadas tecnologías para producir material sexualizado contra las mujeres.
Cuando las víctimas son dirigentes, periodistas o activistas, el daño puede extenderse a su participación pública. La amenaza de divulgar imágenes fabricadas puede convertirse en un mecanismo de intimidación. También puede afectar a otras mujeres que consideran incorporarse a la política y observan los riesgos de exponerse públicamente.
En mayo de 2026, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) actualizó su marco de evaluación de la violencia contra las mujeres en elecciones. La nueva versión incorpora expresamente la violencia digital y la desinformación de género, incluidas las prácticas facilitadas o agravadas por la inteligencia artificial.
El documento reconoce que estas agresiones deben examinarse como parte de las condiciones en las que las mujeres ejercen sus derechos electorales. Su análisis comprende las experiencias de candidatas, funcionarias, votantes y otras participantes en los procesos políticos.
La respuesta institucional exige distinguir situaciones diferentes. Una crítica severa a las decisiones de una ministra forma parte del debate democrático. Una caricatura o una sátira política también puede estar protegida por la libertad de expresión. En cambio, fabricar imágenes íntimas de una candidata sin su consentimiento o difundir grabaciones falsas para atribuirle conductas inexistentes plantea problemas relacionados con la privacidad, la reputación y el ejercicio de los derechos políticos.
La distinción es importante porque las medidas contra la desinformación no deberían convertirse en mecanismos para impedir cuestionamientos legítimos a quienes ejercen el poder. La protección de las mujeres políticas debe ser compatible con el escrutinio público de sus decisiones y responsabilidades.
La Unión Europea ha comenzado a desarrollar respuestas normativas. La Directiva 2024/1385, relativa a la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, establece obligaciones para que los Estados miembros tipifiquen determinadas formas de violencia digital, incluida la difusión no consentida de material íntimo manipulado. El plazo general de transposición de estas disposiciones se extiende hasta junio de 2027.
El Parlamento Europeo también identifica obligaciones de las grandes plataformas digitales relacionadas con la evaluación y mitigación de riesgos, entre ellos la violencia de género y la difusión de contenidos íntimos manipulados.
Sin embargo, la regulación representa solo una parte de la respuesta. Las autoridades electorales necesitan procedimientos para recibir denuncias, documentar agresiones y coordinar actuaciones cuando una campaña de manipulación pueda afectar los derechos de una candidata. Las plataformas deben disponer de mecanismos eficaces para atender solicitudes relacionadas con contenidos ilícitos y proteger a las víctimas.
Los medios de comunicación tienen una responsabilidad específica. La publicación de un vídeo llamativo sin verificar su procedencia puede ampliar el alcance de una campaña de manipulación. Por esa razón, los medios de comunicación necesitan examinar el origen del material, contrastar las afirmaciones que contiene y evitar reproducir imágenes íntimas o humillantes cuando su difusión pueda causar daños adicionales.
También es necesario reconocer que la exposición al riesgo no es idéntica para todas las mujeres. Una dirigente con recursos para contratar asesoría jurídica y comunicación profesional dispone de posibilidades de respuesta diferentes de las de una candidata local sin apoyo institucional. La desigualdad económica y el acceso a mecanismos de protección pueden influir en la capacidad de hacer frente a estas agresiones.
La inteligencia artificial ofrece herramientas útiles para la comunicación y la participación ciudadana, pero su uso para fabricar acusaciones, sexualizar imágenes o intimidar a mujeres políticamente activas exige respuestas específicas. La protección de los derechos políticos comprende tanto la posibilidad de presentarse a elecciones como la de ejercer una función pública sin sufrir campañas de violencia basadas en el género.
Referencias
Bentzen, N. (2026, 4 de marzo). Women in the age of AI-enabled disinformation. Servicio de Estudios del Parlamento Europeo. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2026)782670
Fundación Internacional para Sistemas Electorales. (2026, 13 de mayo). Violence against women in elections framework. https://www.ifes.org/publications/violence-against-women-elections-framework
Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024, 14 de mayo). Directiva (UE) 2024/1385 relativa a la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2025). Human development report 2025: A matter of choice—People and possibilities in the age of AI. https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2025
Waugh, R. (2026). Violence against women in elections: A framework for assessment, monitoring, and response. Fundación Internacional para Sistemas Electorales. https://www.ifes.org/sites/default/files/2026-05/IFES%20VAWE%20Assessment%20Framework_2026.pdf








