Mientras la copresidenta nicaragüense consolida su posición en el Gobierno, defensoras de los derechos humanos, feministas y opositoras permanecen fuera del país. Los informes de las Naciones Unidas y de organizaciones especializadas documentan una persecución que alcanza a las mujeres incluso después de que abandonan Nicaragua.
La vida de numerosas defensoras de derechos humanos nicaragüenses transcurre hoy lejos de las organizaciones, comunidades y espacios públicos donde desempeñaban su labor. Desde las protestas de abril de 2018, mujeres vinculadas al feminismo, al periodismo y a la oposición política han abandonado Nicaragua tras sufrir detenciones, amenazas, vigilancia o restricciones a sus libertades. Para algunas, la salida fue una decisión tomada ante el riesgo de nuevas agresiones; otras fueron expulsadas o quedaron imposibilitadas de regresar.
En contraste con esa experiencia, Rosario Murillo ocupa desde febrero de 2025 la copresidencia de Nicaragua junto con Daniel Ortega, su esposo y presidente desde 2007. La reforma constitucional que estableció ese cargo también amplió las atribuciones del Ejecutivo respecto de las demás instituciones del Estado. La Asamblea Nacional presentó la modificación como un reconocimiento de la participación femenina en la conducción del país, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que profundizaba la concentración del poder y debilitaba las garantías democráticas.
El alcance de las responsabilidades de Murillo adquirió mayor precisión documental en marzo de 2026, cuando el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó su informe A/HRC/61/56. La investigación concluyó que Ortega, Murillo y otros altos cargos son responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad. Estas conclusiones corresponden a un mecanismo internacional de investigación y no constituyen una sentencia penal contra los funcionarios señalados.
El informe identifica, además, actuaciones específicas dirigidas a las personas exiliadas. Según el Grupo de Expertos, las prohibiciones de entrada al país son decididas por las autoridades del Ministerio del Interior, previa consulta con Murillo. También documenta confiscaciones de propiedades ejecutadas mediante órdenes judiciales o mediante decisiones arbitrarias adoptadas en consulta con ella. Estas medidas han afectado los medios de subsistencia de personas que viven en el extranjero y han provocado separaciones familiares.
Las consecuencias adquieren características particulares para las mujeres que sostienen económicamente a sus familias o tienen personas dependientes a su cargo. Las Naciones Unidas advierten de que las confiscaciones y restricciones económicas perjudican de manera desproporcionada a quienes necesitan ingresos regulares para cubrir alimentación, vivienda, salud y cuidados. La imposibilidad de regresar al país también dificulta acompañar a familiares enfermos, mantener vínculos con hijas e hijos y recuperar propiedades o documentos personales.
Una investigación publicada en febrero de 2026 por el Consorcio sobre Género en Nicaragua, integrado por IM-Defensoras, el Centro Guernica para la Justicia Internacional y defensoras independientes, examinó 120 casos seleccionados de mujeres y personas vinculadas al movimiento feminista. El estudio documentó 52 detenciones arbitrarias y 42 casos de tortura o de tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos hechos de violencia sexual y amenazas relacionadas con la maternidad. La muestra se construyó para identificar patrones de persecución y no representa estadísticamente a todas las mujeres nicaragüenses.
La investigación sostiene que la represión contra integrantes del movimiento feminista presenta componentes discriminatorios específicos. Entre ellos, identifica amenazas contra familiares, hostigamiento por orientación sexual, descalificaciones dirigidas al liderazgo femenino y castigos relacionados con el ejercicio autónomo de la actividad política. Sus conclusiones se basan en testimonios, expedientes y otros registros, con un estándar de fundamentos razonables para creer, sin establecer responsabilidades penales individuales.
El Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos de IM-Defensoras contabilizó, entre abril de 2018 y julio de 2025, 252 desplazamientos internacionales de activistas y defensoras nicaragüenses, así como 73 de familiares. Se trata de eventos documentados por ese sistema de monitorización y no de un censo de todas las mujeres que abandonaron el país.
La continuidad de la persecución fuera del territorio nacional también figura entre las investigaciones de las Naciones Unidas. El Grupo de Expertos describe mecanismos de vigilancia, hostigamiento, privación de la nacionalidad y restricciones migratorias dirigidos contra personas consideradas opositoras, incluso cuando residen en otros países. Su informe de 2026 dedica un apartado específico a los efectos de género de estas violaciones transnacionales y señala que las mujeres activistas, defensoras y periodistas se encuentran entre los grupos más afectados.
La confrontación entre el Gobierno y el movimiento autónomo de mujeres tiene antecedentes anteriores a 2018. Durante la Revolución Sandinista, numerosas activistas participaron en organizaciones vinculadas al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Después de 1990, distintas agrupaciones fortalecieron su independencia y desarrollaron una agenda propia sobre violencia de género, derechos sexuales y reproductivos y autonomía política.
Las diferencias se profundizaron en los años posteriores, especialmente a partir de las denuncias de violencia sexual contra Daniel Ortega presentadas por Zoilamérica Narváez en 1998 y del respaldo que recibió de organizaciones feministas. La investigación del Consorcio sobre Género documenta campañas posteriores de descalificación y procedimientos contra organizaciones de mujeres. En 2006, antes del regreso de Ortega a la presidencia, Nicaragua aprobó la prohibición absoluta del aborto, que sigue vigente.
La respuesta del Gobierno ante las críticas internacionales se basa en la defensa de la soberanía y de su modelo de democracia directa. La Asamblea Nacional sostiene que las reformas constitucionales garantizan la participación de las mujeres y fortalecen la organización estatal. Los organismos internacionales de derechos humanos, por su parte, cuestionan si esas disposiciones pueden garantizar una participación política libre cuando persisten restricciones a la oposición, a la organización independiente y a la libertad de expresión.
En septiembre de 2026, IM-Defensoras publicó una nueva investigación sobre las condiciones de seguridad y de participación de las defensoras nicaragüenses en el entorno digital. El documento describe las dificultades económicas, legales y sociales que enfrentan las exiliadas para establecerse en otros países, así como las decisiones de algunas activistas de continuar su trabajo desde el extranjero y de otras de reducir su exposición pública para atender necesidades de subsistencia y protección.
La experiencia de estas mujeres permite distinguir entre la presencia femenina en los cargos de mayor jerarquía y el ejercicio efectivo de los derechos políticos. Rosario Murillo ocupa una posición central en la dirección del Estado, mientras que investigaciones internacionales documentan mecanismos de persecución y exclusión que afectan a mujeres críticas del Gobierno, tanto dentro como fuera de Nicaragua. El exilio ha modificado sus condiciones de vida, pero también el lugar desde el que pueden seguir ejerciendo su actividad política y defendiendo sus derechos.
Fotografía: Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua. AFP, publicada por ABC.
Referencias
Asamblea Nacional de Nicaragua. (2025, 30 de enero). Nueva Constitución, nuevas victorias. https://noticias.asamblea.gob.ni/nueva-constitucion-nuevas-victorias-2/
Asamblea Nacional de Nicaragua. (2025, 6 de marzo). La nueva Constitución Política refuerza la igualdad y la equidad de género. https://noticias.asamblea.gob.ni/lo-que-establece-la-nueva-ley-electoral/
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2026). Informe anual 2025. Capítulo IV.B: Nicaragua. Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2025/Capitulos/IA2025_4B_NIC_ES.PDF
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2026). Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (A/HRC/61/56). https://documents.un.org/api/symbol/access?l=es&s=A%2FHRC%2F61%2F56&t=pdf
Consorcio sobre Género en Nicaragua. (2026, febrero). Persecución política por motivos de género en Nicaragua: ni silencio ni olvido. IM-Defensoras. https://im-defensoras.org/es/2026/02/persecucion-por-razon-de-genero-caso-nicaragua/
Human Rights Watch. (2026). Informe Mundial 2026: Nicaragua. https://www.hrw.org/es/world-report/2026/country-chapters/nicaragua
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. (2026, septiembre). Cuerpos digitales, territorios en disputa: Nicaragua. https://im-defensoras.org/2026/09/cuerpos-digitales-territorios-en-disputa-nicaragua/
