Revisar el teléfono, controlar el dinero, impedir amistades o exigir explicaciones permanentes sobre los movimientos de una mujer pueden formar parte de una relación de violencia. Las tecnologías digitales han ampliado las posibilidades de vigilancia y acoso, mientras muchas víctimas tienen dificultades para reconocer estas conductas y acceder a protección.

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La violencia dentro de una relación de pareja no siempre comienza con una agresión física. Puede manifestarse mediante la exigencia de conocer las contraseñas, la revisión de conversaciones privadas, la prohibición de determinadas amistades o la obligación de informar constantemente de dónde se encuentra una mujer. Cuando estas conductas buscan limitar su libertad y se sostienen mediante intimidación, amenazas o represalias, constituyen formas de control que pueden afectar gravemente su autonomía.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye el maltrato psicológico y los comportamientos de control entre las manifestaciones de violencia de pareja. La definición comprende conductas que provocan daño físico, sexual o psicológico, tanto durante una relación como después de su finalización.

Según las estimaciones publicadas por la OMS en noviembre de 2025, alrededor de 840 millones de mujeres de 15 años o más habían experimentado violencia física o sexual de pareja, violencia sexual fuera de la pareja o ambas a lo largo de su vida. La investigación reunió información de 168 países y territorios correspondiente al periodo 2000-2023. La cifra no incluye una medición integral de la violencia psicológica, económica o digital, por lo que no representa la totalidad del problema.

La violencia psicológica puede manifestarse mediante humillaciones reiteradas, amenazas, intimidación o aislamiento. Algunas mujeres dejan de ver a sus amigas y familiares para evitar conflictos con sus parejas. Otras modifican su vestimenta, sus actividades o sus decisiones cotidianas por temor a provocar una reacción agresiva. La reiteración de estas conductas puede restringir progresivamente su independencia.

Los desacuerdos, los celos o las diferencias de opinión no constituyen por sí mismos violencia. La distinción se produce cuando una persona utiliza amenazas, imposiciones o mecanismos de dominación para condicionar la conducta de otra. La existencia de una relación afectiva tampoco otorga derecho a controlar las comunicaciones, los desplazamientos o las decisiones personales.

El control económico es otra manifestación que puede pasar desapercibida. Las Naciones Unidas identifican como maltrato económico las conductas destinadas a generar dependencia mediante el dominio de los recursos, la restricción del acceso al dinero o los impedimentos para estudiar y trabajar.

Una mujer puede tener empleo y seguir sometida a violencia económica si otra persona se apropia de sus ingresos, le impide utilizar sus cuentas o la obliga a justificar cada gasto. Estas prácticas pueden limitar sus posibilidades de abandonar una relación violenta, especialmente cuando existen responsabilidades de cuidado, deudas o dificultades para acceder a una vivienda independiente.

Las tecnologías digitales han ampliado los medios disponibles para ejercer vigilancia. El acceso no autorizado a cuentas personales, la instalación de aplicaciones de seguimiento, las amenazas mediante mensajes y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento pueden utilizarse para intimidar o controlar a una mujer. Algunas de estas conductas se producen exclusivamente en entornos digitales; otras prolongan agresiones que ya ocurrían fuera de internet.

ONU Mujeres publicó en 2025 una estrategia internacional para prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas facilitada por la tecnología. El documento reconoce que estas agresiones pueden afectar la privacidad, la seguridad y la participación de las mujeres en espacios públicos y digitales. También advierte sobre las deficiencias en la recopilación de datos y las dificultades para obtener protección y reparación.

La violencia digital plantea problemas específicos para las instituciones. Las amenazas pueden enviarse desde cuentas anónimas, las imágenes pueden difundirse rápidamente y la información personal puede permanecer accesible después de que una víctima solicite su eliminación. La respuesta requiere procedimientos adecuados para preservar las pruebas, investigar los hechos y proteger los datos personales sin imponer cargas innecesarias adicionales a las mujeres afectadas.

En América Latina, la Convención de Belém do Pará reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en los ámbitos público y privado. Su artículo 7 establece obligaciones de prevención, investigación y sanción para los Estados parte, además de medidas destinadas a impedir el acoso, las amenazas y otras conductas que comprometan la integridad y la seguridad de las mujeres.

El cumplimiento de estas obligaciones exige que los servicios de atención reconozcan las distintas manifestaciones de violencia. Una denuncia por amenazas, vigilancia o control económico requiere una valoración adecuada de los riesgos, aunque no existan lesiones físicas. La protección tampoco debería depender de que la víctima haya terminado la relación o pueda demostrar una agresión física.

Las mujeres que viven en situación de dependencia económica, tienen alguna discapacidad o enfrentan barreras migratorias pueden encontrar obstáculos adicionales para solicitar ayuda. La respuesta institucional debe considerar esas circunstancias y ofrecer información accesible, atención confidencial y mecanismos de protección adaptados a cada situación.

La prevención también requiere educación sobre el respeto a la intimidad, el consentimiento y la autonomía dentro de las relaciones afectivas. Compartir una vida en pareja no significa renunciar a las amistades, al trabajo, a la privacidad ni a la gestión de los propios recursos.

El derecho a vivir libre de violencia comprende la posibilidad de tomar decisiones personales sin amenazas ni vigilancia. Ninguna relación afectiva otorga autoridad sobre la libertad de otra persona.

Referencias

Naciones Unidas. (s. f.). ¿Qué es el maltrato en el hogar? https://www.un.org/es/node/79521

ONU Mujeres. (2025). UN Women strategy: Preventing and eliminating technology-facilitated violence against women and girls. https://knowledge.unwomen.org/sites/default/files/2025-12/un-women-strategy-preventing-and-eliminating-technology-facilitated-violence-against-women-and-girls-en.pdf

Organización de los Estados Americanos. (1994). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/belemdopara.asp

Organización Mundial de la Salud. (2025, 19 de noviembre). Lifetime toll: 840 million women faced partner or sexual violence. https://www.who.int/news/item/19-11-2025-lifetime-toll–840-million-women-faced-partner-or-sexual-violence

Organización Mundial de la Salud. (2026, 18 de junio). Violence against women. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women