En la última monarquía absoluta de África, la poligamia, los matrimonios forzados y la subordinación legal de las mujeres no son anomalías culturales: son la norma de un sistema que institucionaliza la desigualdad.
La reciente publicación de El País, elaborada por la periodista Beatriz Lecumberri sobre el feminismo en el Reino de Eswatini, plantea un interrogante que difícilmente leeremos en los medios de comunicación ni en los foros internacionales sobre derechos humanos. ¿Por qué las prácticas que vulneran derechos fundamentales continúan siendo tratadas como expresiones culturales y no como violaciones estructurales de los derechos humanos?
La respuesta no está en la tradición, sino en la forma en la que el Estado —y parte de la comunidad internacional— decide interpretarla. Empecemos por el hecho de que Eswatini no solo mantiene prácticas tradicionales, sino que también las incorpora a su arquitectura institucional. El sistema jurídico dual —derecho estatutario y derecho consuetudinario— no funciona como un equilibrio, sino como una jerarquía implícita en la que las normas tradicionales son más importantes en la vida diaria de la mayoría de las mujeres.
Esto tiene implicaciones concretas:
- Las mujeres pueden requerir autorización masculina para tomar decisiones legales o patrimoniales.
- Los mecanismos de denuncia de violencia quedan subordinados a las autoridades tradicionales.
- La justicia formal pierde capacidad de intervención en contextos rurales.
De acuerdo con Amnistía Internacional, esta dualidad no es neutral: genera vacíos legales que perpetúan la impunidad en casos de violencia de género y limitan el acceso real a la justicia.
La poligamia en Eswatini no puede analizarse como una práctica privada. Está vinculada al núcleo del poder político. El monarca mantiene múltiples esposas como parte de una tradición estatalizada, lo que proyecta un modelo de dominación masculina legitimado desde la cúspide.
Sin embargo, el efecto es estructural. Investigaciones recopiladas por ONU Mujeres muestran que en contextos donde la poligamia es legal o socialmente aceptada, las mujeres tienen menor acceso a recursos económicos, se incrementan la competencia y la desigualdad entre esposas y aumenta la vulnerabilidad a la violencia física y psicológica.
En Eswatini, la poligamia es un modelo de organización social que reproduce jerarquías de género. Ahora bien, el aspecto más crítico del sistema es la situación de las niñas. Aquí la narrativa de la “tradición cultural” se muestra en su dimensión más violenta.
Prácticas como matrimonios tempranos, rituales como el ukuthwala (asociado, en algunos contextos, a la captura de mujeres para el matrimonio) y acuerdos familiares siguen presentes, especialmente en zonas rurales. Aunque existen restricciones legales, su aplicación es débil frente al peso de la costumbre.
Datos de UNICEF advierten que el matrimonio infantil en la región está directamente vinculado al abandono escolar; las niñas casadas tienen un mayor riesgo de sufrir violencia sexual y los embarazos tempranos incrementan la mortalidad materna en adolescentes.
En Eswatini, estas dinámicas están insertas en una estructura que no prioriza la protección integral de la niñez femenina. De ahí que el feminismo en Eswatini exista, pero no en condiciones de igualdad política. Activistas y organizaciones operan en un entorno en el que la libertad de expresión y de asociación está condicionada.
El problema no es la ausencia de discurso feminista, sino la imposibilidad de traducirlo en una transformación estructural.
La cobertura internacional —incluida la de El País— tiende a presentar esta lucha como una tensión cultural, cuando en realidad se trata de una disputa con un sistema político que no garantiza plenamente los derechos.
Eswatini suele presentarse como una anomalía debido a su carácter de monarquía absoluta. Sin embargo, reducir el análisis a su sistema político oculta un problema más complejo, como lo es una tolerancia internacional solapada frente a prácticas que vulneran los derechos de mujeres y niñas cuando se enmarcan en la cultura.
El Banco Mundial ha señalado que los países con marcos legales incoherentes en materia de género presentan menor participación económica femenina, mayores índices de pobreza estructural y brechas persistentes en educación y salud.
Eswatini no es una excepción en cuanto a sus consecuencias. Es un caso límite de un fenómeno más extendido, pues la convivencia entre la modernidad jurídica y las prácticas que perpetúan la desigualdad.
La forma en que los medios y la política abordan estos asuntos a menudo omite un punto crucial: cuando una práctica afecta la autonomía, la integridad o la libertad de las mujeres, no es una cuestión de tradición, sino una violación de los derechos humanos.
Mientras la discusión se centre en «complejidad cultural», el problema real seguirá sin resolverse. Continuará fomentando injusticias, como la subordinación de las mujeres como norma social, la niñez como un lugar donde se repite esa norma y el Estado como responsable —ya sea de forma directa o indirecta— de esa estructura.
Eswatini no plantea un dilema cultural. Plantea un desafío ético y político a la altura de nuestros tiempos. Además, devela hasta qué punto la comunidad internacional está dispuesta a confrontar sistemas que, bajo el amparo de la tradición, perpetúan profundas desigualdades de género.
Referencias:
Amnistía Internacional. Informes sobre los derechos de las mujeres y los sistemas jurídicos duales.
Banco Mundial. Indicadores de género y desarrollo.
El País. (2026). El feminismo, tan complejo como necesario en la última monarquía absolutista de África.
ONU Mujeres. Análisis sobre la poligamia y la desigualdad estructural.
UNICEF. Estadísticas sobre el matrimonio infantil y la niñez.
