Un nuevo informe internacional advierte que millones de niñas están perdiendo el acceso a la educación, la salud y la protección, en un contexto de crisis múltiples y retrocesos políticos.
Un informe reciente de UNICEF, retomado por diversos medios internacionales, alerta de que los avances logrados en las últimas décadas en educación, salud y protección están en riesgo o, en algunos casos, ya se han revertido. La combinación de conflictos armados, crisis económicas, pandemia y recortes en políticas sociales ha golpeado con mayor fuerza a niñas y adolescentes.
Según el análisis, millones de niñas han quedado fuera del sistema educativo. Antes de la pandemia de COVID-19, ya existían brechas significativas; sin embargo, el cierre prolongado de las escuelas agravó la desigualdad. En regiones como África subsahariana y Asia meridional, muchas niñas no han regresado a clases, especialmente las que están en situación de pobreza o en contextos rurales.
El informe señala un aumento de riesgos como el matrimonio infantil, el trabajo doméstico no remunerado y la violencia de género. La UNESCO ha documentado que la interrupción educativa incrementa la probabilidad de abandono permanente, especialmente entre las niñas, quienes suelen asumir responsabilidades familiares o ser empujadas a uniones tempranas.
A esto se suma el deterioro del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. De acuerdo con UNFPA, los recortes en programas de atención y prevención han limitado el acceso a anticonceptivos y a la educación sexual integral, lo que incrementa los embarazos en adolescentes y perpetúa ciclos de pobreza.
El informe también vincula estos retrocesos con el debilitamiento de los compromisos políticos globales. En varios países, el avance de agendas conservadoras ha impactado las políticas de género, reduciendo los presupuestos y desmantelando programas específicos para niñas. Este fenómeno no es aislado: responde a una reconfiguración de prioridades estatales en un contexto de polarización política y de presión económica.
Desde el ámbito educativo, especialistas advierten que no se trata únicamente de recuperar la matrícula escolar, sino de garantizar condiciones estructurales que permitan a las niñas permanecer en el sistema educativo. Esto incluye la seguridad, el acceso a la tecnología, la alimentación escolar y las políticas de protección social.
El retroceso tiene implicaciones profundas. Menos educación para las niñas se traduce en menor participación económica futura, mayores tasas de pobreza y en la reproducción intergeneracional de la desigualdad. El Banco Mundial ha estimado que cada año adicional de educación secundaria puede aumentar significativamente los ingresos futuros de las mujeres y reducir los riesgos de salud y violencia.
El escenario actual plantea un desafío global: recuperar el terreno perdido sin invisibilizar las causas estructurales. No se trata únicamente de cifras educativas, sino de derechos en disputa. La advertencia es clara: si no se revierten estas tendencias, una generación de niñas podría quedar marcada por un retroceso histórico en sus oportunidades y condiciones de vida.
