En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su grave preocupación y condena por el asesinato de al menos ocho periodistas y trabajadoras de la comunicación en la región desde enero de 2026.
La Relatoría exhorta a los Estados de la región a adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir la violencia contra la prensa, garantizar la protección efectiva de quienes ejercen el periodismo y asegurar la conducción de investigaciones prontas, independientes y exhaustivas que permitan identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En Venezuela, el 3 de marzo de 2026, según información pública, se confirmó el asesinato del periodista Walter Alexander Jaimes, quien había sido reportado como desaparecido el 28 de febrero tras salir a cubrir una pauta informativa. Su cuerpo fue hallado en el municipio Sucre, estado Mérida, sin documentación y con aparentes signos de violencia en el rostro, lo que dificultó su identificación inicial. De acuerdo con los reportes disponibles, la víctima ejercía labores informativas en el municipio de Tovar y habría realizado investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción policial en la región. Asimismo, se ha informado de que habría sido objeto de amenazas y actos de amedrentamiento previos. Esta Oficina advierte que, a la fecha de este comunicado, aún no se ha registrado un pronunciamiento oficial por parte del organismo de investigación penal que confirme los avances de las investigaciones y esclarezca los móviles del crimen.
Asimismo, el 8 de marzo de 2026 fue hallada sin vida la periodista Yolimar Hidalgo en una vivienda ubicada en Cagua, estado Aragua, con una herida de bala en la cabeza. Los reportes disponibles indican que funcionarios del CICPC levantaron el cuerpo e iniciaron las diligencias de investigación correspondientes. La periodista se dedicaba a la difusión de contenidos vinculados a la actividad política en los ámbitos regional y nacional.
La RELE, a su vez, tomó conocimiento del secuestro de los periodistas Junior Célestin, de Radio Télévision Mégastar, y Osnel Espérance, de Radio Uni FM, en Haití, el 13 de marzo, cuyos asesinatos fueron posteriormente confirmados por organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se reportó un ataque armado contra el periodista Marvel Dandin, director de Radio Télé Kiskeya, ocurrido un día antes, el 12 de marzo. La Relatoría ha documentado que, en un contexto de expansión y consolidación del control territorial por parte de grupos criminales, el secuestro y la desaparición forzada de corta duración se han configurado como prácticas recurrentes orientadas a intimidar, extorsionar y silenciar a periodistas en el país. Estas prácticas han contribuido a la creación de un clima de censura que debilita el escrutinio público y facilita la comisión de otros graves delitos en condiciones de opacidad, incluida la comisión de serias violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, la Oficina tuvo conocimiento de que, en México, en la madrugada del 18 de marzo de 2026, se perpetró un ataque armado contra el periodista Juan David Gámez, mientras se desplazaba en motocicleta en el municipio de García, en el estado de Nuevo León. De acuerdo con los reportes disponibles, vecinos notificaron a las autoridades, que, al arribar al lugar, confirmaron su fallecimiento. Gámez administraba el portal de noticias “Táctica SS”, a través del cual difundía información sobre seguridad, economías ilícitas y criminalidad en la región. Según información pública, el comunicador habría sido previamente objeto de amenazas. La Relatoría recuerda que en enero de 2026 ya había registrado el asesinato del periodista Carlos Castro en el municipio de Poza Rica, Veracruz.
En Ecuador, la RELE pudo verificar que el 30 de marzo de 2026 el periodista Jorge Cuesta fue hallado sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en el sector Sauces 6, en el norte de Guayaquil, con aparentes signos de violencia. Los reportes dan cuenta de que la autopsia habría determinado como causa de la muerte la asfixia por estrangulación. Cuesta realizaba actividades de cobertura comunitaria y participaba en un espacio radial de Radio Carrusel.
El Estado ecuatoriano informó a esta Oficina sobre su compromiso con el esclarecimiento de los hechos relacionados con el fallecimiento del periodista Jorge Cuesta, en el marco de los procesos investigativos y judiciales en curso. Asimismo, indicó que “las autoridades competentes han iniciado y continúan desarrollando las investigaciones correspondientes, que se llevan a cabo con debida diligencia, independencia e imparcialidad, considerando, entre otras líneas, la posible relación de los hechos con el ejercicio de la labor periodística”. Finalmente, ratificó “su determinación de garantizar el acceso efectivo a la justicia, evitar la impunidad y fortalecer las medidas de prevención y protección de periodistas, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión”.
Finalmente, en Guatemala, el 26 de abril de 2026 se registró el asesinato del periodista y comunicador Carlos Humberto Cal Ical, quien habría fallecido a causa de impactos de bala durante un ataque armado ocurrido en el municipio de San Cristóbal, Alta Verapaz, mientras se dirigía a su domicilio. De acuerdo con información de los cuerpos de socorro, la víctima fue declarada fallecida en el lugar de los hechos. Cal Ical era integrante de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz (APC-AV) y del gremio periodístico de Cobán, donde realizaba cobertura de noticias locales y de actividades culturales.
Conforme a lo señalado en su Informe Anual 2025, la Relatoría Especial continúa observando un patrón persistente de violencia contra la prensa en las Américas. Si bien los contextos nacionales presentan realidades políticas, institucionales y de seguridad diversas, los hechos analizados evidencian la exposición de periodistas a riesgos significativos, especialmente al cubrir asuntos de alto interés público, como la administración pública y el crimen organizado.
En ese sentido, la RELE reitera que la violencia contra periodistas constituye la forma más extrema de censura y genera un triple impacto: vulnera el derecho de las víctimas a expresarse y difundir información; produce un efecto inhibitorio en otros trabajadores de prensa; y afecta el derecho de la sociedad a buscar y recibir información. Estas afectaciones inciden directamente en el funcionamiento de la democracia, que depende de un intercambio libre, plural y dinámico de ideas.
La Oficina recuerda que, en virtud de sus obligaciones internacionales, los Estados deben investigar, juzgar y sancionar estos crímenes con la debida diligencia, a fin de garantizar justicia, prevenir su repetición y contrarrestar el efecto inhibitorio de la violencia. La falta de diligencia en la investigación y en la sanción puede constituir una vulneración adicional de los derechos de acceso a la justicia y de las garantías judiciales de las víctimas y sus familiares. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha establecido que la impunidad —entendida como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables— favorece la repetición crónica de violaciones de derechos humanos y debilita la confianza en las instituciones del Estado de derecho.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena enérgicamente los asesinatos de periodistas registrados en lo corrido de 2026 y expresa su solidaridad con sus familiares, colegas y medios de comunicación. Asimismo, insta a las autoridades competentes de los Estados en los que han ocurrido estos hechos a conducir investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales, incorporando como línea de investigación la posible relación de estos hechos con el ejercicio de la labor periodística, así como a identificar, juzgar y sancionar a los responsables.
De igual manera, la Oficina urge a los Estados mencionados a adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para prevenir nuevos actos de violencia contra la prensa y garantizar la protección efectiva de periodistas y comunicadores en situación de riesgo, incluyendo el fortalecimiento de los mecanismos e iniciativas de protección existentes, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
