La primera mujer elegida presidenta de Perú llegó a la vida pública a los 19 años para sustituir a su madre, Susana Higuchi, como primera dama, tras la ruptura matrimonial de esta con Alberto Fujimori. Tres décadas más tarde, alcanzó la presidencia reivindicando el legado político de su padre. Entre ambos momentos queda una historia familiar atravesada por el poder, la violencia, los derechos humanos y una interrogante que acompaña su carrera: cuánto hay de herencia y cuánto de construcción propia.
Cuando Keiko Fujimori recibió la banda presidencial el 28 de julio de 2026, se convirtió en la primera mujer elegida por el voto popular para gobernar Perú. Había necesitado cuatro candidaturas para conseguirlo. También habían transcurrido treinta y dos años desde su primera aparición institucional, cuando llegó al Palacio de Gobierno para ocupar el lugar que hasta entonces ocupaba otra mujer: su madre.
Keiko tenía 19 años cuando Alberto Fujimori la nombró primera dama en 1994. Susana Higuchi se había separado del presidente después de denunciar corrupción entre familiares de su esposo, relacionada con donaciones procedentes de Japón, y posteriormente afirmó haber sido secuestrada y torturada por agentes de inteligencia. Alberto Fujimori rechazó esas acusaciones. Su hija sustituyó a Higuchi en las funciones protocolares de la primera dama y permaneció políticamente al lado de su padre.
Aquel episodio familiar terminó convirtiéndose en parte de la historia política peruana. Higuchi ingresó posteriormente al Congreso y mantuvo sus denuncias. Keiko comenzó una trayectoria que la llevaría también al Legislativo, a fundar Fuerza Popular y a disputar la Presidencia en 2011, 2016 y 2021. Perdió las tres elecciones en la segunda vuelta.
La cuarta candidatura tuvo una diferencia fundamental: Alberto Fujimori ya no estaba vivo. Antes de morir, el 11 de septiembre de 2024, el expresidente había vuelto a afiliarse a Fuerza Popular y su posible candidatura para 2026 formaba parte de los planes del partido. En octubre de 2025, la congresista Martha Moyano lo explicó con claridad al recordar que, inicialmente, la candidatura no estaba prevista para Keiko porque la organización contemplaba postular a su padre.
Alberto Fujimori había recuperado la libertad en diciembre de 2023, tras lo cual el Tribunal Constitucional ordenó ejecutar el indulto humanitario otorgado en 2017. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había solicitado previamente al Estado peruano que se abstuviera de aplicarlo. El expresidente cumplía una condena de 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como por otros delitos.
Su muerte volvió a situar a Keiko Fujimori en el centro del proyecto político que ambos habían construido en torno a un mismo apellido. Cuando confirmó su cuarta candidatura, ya no tenía que competir internamente por la posibilidad de que su padre regresara a la Presidencia. Tampoco intentó separarse de su memoria. Durante la campaña reivindicó aspectos de su gobierno y presentó su legado como parte de la respuesta que ofrecía a un país preocupado por la inseguridad y el crimen organizado.
Reuters documentó durante la campaña cómo Fujimori recurrió abiertamente a esa herencia al proponer políticas de seguridad inspiradas en el gobierno de su padre. La relación tenía un coste político conocido: el mismo apellido que movilizaba a una base fiel había alimentado durante años un antifujimorismo decisivo en sus tres derrotas presidenciales anteriores.
Esta vez alcanzó la Presidencia con 49.641 votos. El Jurado Nacional de Elecciones registró 9.223.396 votos para Fuerza Popular y 9.173.755 para Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. La estrechez del resultado dejó a la nueva presidenta frente a un país prácticamente dividido en dos.
La herencia que acompaña su llegada al gobierno incluye también una de las políticas más graves aplicadas contra las mujeres durante la presidencia de su padre. Entre 1996 y 2000, el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar impulsó esterilizaciones que afectaron de manera desproporcionada a mujeres pobres, rurales e indígenas.
En 2024, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas examinó el caso de cinco mujeres rurales que habían sido esterilizadas sin su consentimiento. El Comité concluyó que Perú había incumplido sus obligaciones internacionales y calificó las esterilizaciones forzadas realizadas durante aquel programa como una forma de violencia basada en el sexo que afectó especialmente a mujeres en situación de vulnerabilidad económica y a mujeres pertenecientes a comunidades indígenas.
Este antecedente introduce una dimensión que no puede reducirse a la relación entre una hija y su padre. Keiko Fujimori ha construido su propia organización, ha encabezado cuatro campañas presidenciales y finalmente ha obtenido un mandato electoral. Su autonomía como dirigente política se demuestra a lo largo de una carrera de más de dos décadas. Al mismo tiempo, decidió conservar el fujimorismo como identidad política y reivindicar una administración cuyo balance incluye condenas por graves violaciones de derechos humanos y una política reproductiva que Naciones Unidas ha considerado discriminatoria para las mujeres.
Verónica Giordano y Gina Paola Rodríguez estudiaron esa trayectoria antes de que Fujimori alcanzara la presidencia. Al analizar seis liderazgos femeninos de las derechas latinoamericanas, encontraron en ella un caso particular: una dirigente que había logrado construir un espacio propio dentro de una tradición política inicialmente organizada en torno a una figura masculina. La filiación explica el punto de partida, pero resulta insuficiente para explicar lo ocurrido después.
Ese matiz importa porque una lectura centrada exclusivamente en Alberto Fujimori terminaría negándole a Keiko la misma autonomía política que le permite atribuirle responsabilidad por sus decisiones. No heredó pasivamente una organización durante tres décadas. Fundó Fuerza Popular, encabezó su estrategia, escogió sus posiciones, perdió tres elecciones, enfrentó investigaciones judiciales y continuó disputando el poder hasta conseguirlo.
Su condición de primera mujer elegida presidenta de Perú tampoco resuelve esa relación. El hecho tiene un significado histórico propio en un país donde ninguna mujer había alcanzado la presidencia por las urnas. Dina Boluarte había sido la primera mujer en ocupar el cargo, pero llegó a él en 2022 desde la vicepresidencia tras la destitución de Pedro Castillo. Fujimori fue la primera en recibir directamente un mandato electoral para gobernar.
Ese avance en representación convive con una trayectoria política que no ha tenido entre sus ejes principales la ampliación de los derechos de las mujeres. Durante campañas anteriores se manifestó en contra del aborto, incluso en casos de violación, y Fuerza Popular ha sostenido posiciones conservadoras sobre matrimonio igualitario y adopción por parejas del mismo sexo. Esas posiciones forman parte de su identidad política y no desaparecen porque quien las defienda sea una mujer.
La llegada de Fujimori a la presidencia permite distinguir dos cuestiones que con frecuencia se confunden. Una se refiere al acceso de las mujeres al poder: que Perú haya elegido por primera vez a una presidenta constituye la ruptura de una barrera histórica. La otra corresponde al contenido de ese poder y solo puede examinarse a través de las políticas, decisiones y prioridades de quien lo ejerce.
En el caso de Keiko Fujimori, existe, además, una circunstancia difícil de encontrar en otra presidencia latinoamericana reciente. Su entrada en la política ocurrió en medio de una crisis familiar que también era una disputa por el poder: una madre denunció violencia y corrupción, salió del Palacio y su hija ocupó el espacio institucional que dejó. La joven, que entonces tenía 19 años, no puede ser juzgada como si hubiera tenido la trayectoria y la capacidad política que adquiriría posteriormente. Lo relevante es que aquel episodio marcó el comienzo de una relación con el poder que ella decidió prolongar durante más de treinta años.
Susana Higuchi murió en 2021. Alberto Fujimori murió tres años después. Keiko Fujimori llegó finalmente a la presidencia sin ninguno de los dos. Ya no ocupa el lugar de su madre ni acompaña al gobierno de su padre. Desde el 28 de julio, las decisiones recaen en ella.
Esa diferencia será fundamental para evaluar su presidencia. El apellido explica una parte considerable de su historia y de la fuerza política que la llevó hasta el cargo, pero no puede funcionar indefinidamente como explicación de lo que haga desde ese cargo. La herencia pertenece al pasado; las decisiones que tome como presidenta serán propias y se convertirán en su propia herencia política.
Referencias
Agencia EFE. (2021, 8 de diciembre). Muere Susana Higuchi, ex primera dama del Perú y madre de Keiko Fujimori. elDiario.es.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. (2024). Perú: La política de esterilización forzada del gobierno de Fujimori violó los derechos de las mujeres, afirma el Comité de la ONU en un fallo histórico. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Giordano, V., & Rodríguez, G. P. (2020). Las mujeres de la derecha latinoamericanas del siglo XXI. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, (126), 215–237. DOI: 10.24241/rcai.2020.126.3.215
Jurado Nacional de Elecciones. (2026, 3 de julio). JNE proclama a Keiko Fujimori Higuchi como presidenta electa de la República.
Reuters. (2026, 19 de mayo). Keiko Fujimori leans on father’s legacy as crime fears shape Peru runoff.
RPP. (2026, 28 de julio). Keiko Fujimori juró como presidenta de la República para el período 2026-2031.
