A diferencia de los hombres, como en muchos otros campos las mujeres han tenido que abrirse espacio en la profesión de derecho. No fue hasta 1947 cuando una mujer en Costa Rica tuvo la posibilidad de ser notaria pública.
La primera asociación de profesionales en derecho nació en Costa Rica en 1881. En 1887 se hizo obligatoria la incorporación y surgió oficialmente la institución que hoy conocemos como el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Pero no fue de inmediato que una mujer formó parte de esta institución: sesenta años después, la licenciada Virginia Martén Pagés obtuvo su título de notaria pública en nuestro país.
En ciento treinta y cuatro años de fundado el Colegio de Abogados y Abogadas ha tenido cincuenta y nueve presidentes hombres, y una presidenta en el periodo 2010-2011, la doctora Érika Hernández Sandoval. En consecuencia, la lucha de la mujer por ser incorporada en esta profesión no ha sido sencilla. Por ello, desde la junta directiva que presidió Hernández y las juntas directivas siguientes, se ha trabajado en sensibilizar a la población agremiada, constituida por un 49,3% de mujeres a diciembre de 2014, sobre la equidad de género. Así, se creó la Comisión de Género como órgano adscrito a la Junta Directiva.
Según refiere la Lcda. Rocío Leiva Trejos, vicepresidenta del colegio profesional, “el 8 de marzo de 2011, la institución se convierte en el primer colegio profesional que cuenta con una política de equidad de género. Luego de esa fecha se inician los primeros esfuerzos por el cambio de nombre, los cuales se concluyen con la modificación a la Ley n.° 9266, del 12 de agosto de 2014. Este cambio representa un esfuerzo reciente para la visibilización y representación de la realidad de nuestro colegio y el desarrollo de la equidad de género. Este año la institución trabajó en un remozamiento de la identidad gráfica del colegio, incorporando en su logotipo su nombre actual: Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica”.
¿Cuántas de estas mujeres profesionales integran el sistema judicial costarricense? La fuerza laboral del Poder Judicial está constituida por 11 969 personas, de las cuales 5690 son mujeres, es decir, un 47,54%. Entre ellas se encuentran 339 fiscalas y 705 juezas, aproximadamente. Estas cifras revelan que no ha sido fácil llegar a estos altos puestos.
Sin embargo, hoy se cuenta con una mujer en la Presidencia de ese poder de la República, la Lcda. Zarela Villanueva Monge, la primera presidenta en la historia costarricense.
En cuanto al proceso de integración de la mujer en el sistema judicial costarricense, la Lcda. Villanueva relata: “En el año 1993, algunos magistrados y magistradas promovimos la aprobación de una Ley de Carrera Judicial que vino garantizar la objetividad en el proceso de selección del personal de la judicatura. Antes de esa fecha, los nombramientos eran realizados de manera subjetiva. Los nombramientos eran a plazo, y ello generaba una incómoda sujeción de las personas nombradas que buscaran la reelección en su puesto. Hoy, la Carrera Judicial comprende un proceso de calificación objetiva de los atestados de las personas oferentes, por el que los nombramientos se realizan al amparo de esos datos y no al sometimiento a la voluntad discrecional de quienes nombran. De modo que este sistema es una herramienta contra la discriminación en el acceso y en el ascenso de las mujeres a los puestos de la judicatura”.
En consecuencia, las mismas profesionales en derecho realizan esfuerzos por hacer respetar los derechos de los ciudadanos, independientemente de su género. Ellas han afrontado una lucha mayor para que las admitan como profesionales en derecho y se respeten sus derechos.
kmontoyapetra@gmail.com
