La exclusión laboral de las personas trans en América Latina comienza mucho antes de la búsqueda de empleo. Expulsiones familiares, abandono escolar, violencia institucional y falta de reconocimiento legal construyen una cadena de desigualdades que deja a amplia parte de esta población fuera del mercado formal y deteriora drásticamente sus condiciones de vida.
Diversas organizaciones trans y organismos internacionales han advertido durante años de que muchas mujeres trans en América Latina no superan los 35 o 40 años de vida. La violencia física explica parte de esa realidad, pero no toda. Detrás de esa diferencia respecto de la expectativa de vida regional se encuentra una secuencia de exclusiones que comienza en la adolescencia: expulsiones familiares, abandono escolar, falta de documentos acordes con la identidad de género y barreras persistentes para acceder al empleo formal.
La Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y distintas organizaciones de derechos humanos han documentado cómo la exclusión educativa y laboral incrementa la vulnerabilidad económica y la exposición a la violencia. En Guatemala, un análisis legislativo basado en información de organizaciones civiles señaló altos niveles de discriminación y violencia contra las mujeres trans. En Venezuela, organizaciones LGBTIQ+ registraron más de un centenar de transfemicidios entre 2008 y 2024, mientras que en México los registros de violencia contra mujeres trans continúan situando al país entre los más peligrosos de la región para esta población.
Muchas personas trans llegan a la adultez sin haber completado la secundaria, sin documentos que reconozcan su identidad de género y sin redes de apoyo familiares. En esas condiciones, acceder a un empleo formal se vuelve excepcional. Organizaciones de derechos humanos y estudios regionales coinciden en que considerable parte de la población trans termina concentrada en trabajos informales, en economías de sobrevivencia o en actividades marcadas por una alta precariedad laboral. En República Dominicana, investigaciones regionales sobre la población trans y el trabajo sexual han documentado bajos niveles de escolaridad y dificultades persistentes para acceder a empleos formales en economías altamente precarizadas.
Las desigualdades tampoco afectan de la misma manera a toda la población trans. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha documentado que las poblaciones indígenas y afrodescendientes enfrentan niveles más altos de pobreza y exclusión estructural en toda la región. En el caso de las personas trans, esas condiciones suelen profundizar aún más las barreras de acceso al empleo, a la educación, a la salud y a la justicia. Una mujer trans afrodescendiente en una zona costera de Honduras o una persona trans indígena en Guatemala enfrenta condiciones distintas a las de quienes logran acceder a espacios urbanos con mayores redes de protección institucional y social.
En Centroamérica, la situación es especialmente crítica en los países del Triángulo Norte. Honduras prohíbe formalmente la discriminación laboral por orientación sexual e identidad de género, aunque organizaciones internacionales de derechos humanos han advertido de limitaciones persistentes en la aplicación efectiva de dichas normas. En El Salvador, la Corte Suprema ordenó en 2022 crear un procedimiento para el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans, pero la resolución aún no se ha implementado plenamente. Cristosal documentó en 2024 que muchas personas trans enfrentan burlas, acoso y revictimización incluso dentro de instituciones encargadas de atender denuncias y tramitar procesos judiciales.
Las diferencias legales en el Caribe también muestran marcados contrastes. Varios países anglófonos mantienen normativas heredadas del colonialismo británico que penalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. En Jamaica, organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado situaciones de expulsión familiar y de extrema precariedad entre adolescentes trans. Cuba incorporó en su Constitución de 2019 protecciones contra la discriminación por identidad de género, aunque activistas y especialistas continúan señalando obstáculos para que esos derechos se traduzcan en una inclusión laboral efectiva. En noviembre de 2025, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana declaró inconstitucionales disposiciones que penalizaban a policías y militares por mantener relaciones consentidas con personas del mismo sexo. Esta decisión fue calificada por Human Rights Watch como un avance relevante para los derechos de la diversidad sexual en el país.
Argentina mantiene una de las referencias legislativas más avanzadas de la región con la Ley n.º 27.636 Diana Sacayán-Lohana Berkins, sancionada en 2021. La normativa obliga al sector público nacional a reservar al menos el 1 % de sus cargos para personas travestis, transexuales y transgénero y contempla mecanismos para incorporar a quienes no concluyeron sus estudios secundarios. Dos años después de su aprobación, más de 900 personas habían ingresado al Estado mediante este sistema de cupo laboral. Para muchas de ellas se trató del primer empleo formal de sus vidas. Lara Godoy, integrante de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina en Córdoba, describió ese ingreso al empleo estatal como una experiencia atravesada por el reconocimiento institucional y la estabilidad después de más de dos décadas de trabajo sexual.
Aun así, organizaciones sindicales y colectivos trans argentinos documentaron en 2024 despidos y retrocesos en organismos públicos que habían incorporado a personas trans en años anteriores. Uruguay mantiene desde hace más de una década programas de inclusión laboral en el Estado, aunque los datos oficiales siguen mostrando bajos niveles de empleo formal entre mujeres trans adultas. En Colombia y México, organizaciones empresariales LGBTQ+ desarrollaron programas de formalización y contratación inclusiva desde el sector privado, pero esos avances continúan concentrándose en las principales ciudades y en empresas con mayores recursos institucionales.
Las diferencias legales entre los países latinoamericanos muestran avances desiguales y, en muchos casos, frágiles. Algunas legislaciones incorporaron cupos laborales, mecanismos de identidad de género o normas antidiscriminatorias, pero la brecha entre esas reformas y las condiciones reales de vida sigue siendo profunda. Para gran parte de la población trans de la región, el acceso al empleo formal sigue dependiendo menos de la existencia de una ley que de factores como el territorio, la clase social, la racialización, el acceso educativo y la propia posibilidad de sobrevivir a la exclusión temprana.
Referencias
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