Más allá del hito histórico de una Asamblea con mayoría femenina, las demandas que emergieron en campaña delinean una agenda concreta: cuidados, erradicación de la violencia, autonomía económica y participación política libre de agresiones.
La configuración de la Asamblea Legislativa 2026-2030, con mayoría de mujeres, suscita una expectativa legítima respecto del contenido de la agenda legislativa. Sin embargo, las prioridades no parten de la improvisación: están claramente documentadas en los diagnósticos institucionales y en los planes de gobierno inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. En ese cruce —entre la evidencia técnica y el discurso político— se configuran los ejes en torno a los cuales las mujeres han centrado el debate público.
Uno de los consensos más sólidos es el derecho al cuido. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) ha documentado que las tareas de cuidado siguen recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres, lo que limita su autonomía económica y su participación social. Este diagnóstico ha sido recogido en propuestas de campaña: partidos como Liberación Nacional, el Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana incluyeron el fortalecimiento del sistema de cuidados, la profesionalización del trabajo doméstico y la corresponsabilidad social como parte de sus compromisos programáticos registrados ante el TSE.
El segundo eje es la violencia contra las mujeres, entendida ya no solo como un problema privado, sino también como una violación estructural de los derechos humanos. El PLANOVI 2023-2027 establece la necesidad de una respuesta integral del Estado ante la violencia física, digital, política e institucional. Esta prioridad también se refleja en propuestas de campaña que incluyen el fortalecimiento de los sistemas de atención, la especialización judicial y medidas específicas contra la violencia política de género.
Un tercer núcleo es la participación política plena y libre de violencia. Organismos como las Naciones Unidas, junto con actores nacionales, han advertido de la necesidad de garantizar condiciones reales para que las mujeres participen en la política sin hostigamiento ni exclusión. Herramientas de monitoreo ciudadano, como Femindex 2026, desarrolladas por organizaciones de derechos humanos (Acceder), han sistematizado estas demandas y evidenciado los niveles de compromiso de las candidaturas.
A esto se suma la autonomía económica, que atraviesa gran parte de la agenda. Los planes de gobierno registrados ante el TSE coinciden en la necesidad de fortalecer el empleo femenino, el acceso al crédito, el emprendimiento y la capacitación técnica, especialmente en contextos de desigualdad territorial. La evidencia institucional respalda esta prioridad: sin ingresos propios, la participación política y social de las mujeres se ve limitada y dependiente.
Finalmente, emerge un eje que complejiza los anteriores: la interseccionalidad. Tanto el INAMU como las propuestas programáticas reconocen que las desigualdades no afectan de la misma manera a todas las mujeres. Las condiciones de ruralidad, etnia, migración, discapacidad o edad configuran experiencias distintas que requieren respuestas diferenciadas por parte de la política pública.
La agenda está planteada con claridad y respaldo técnico. El desafío ya no es identificar las demandas, sino decidir si la nueva mayoría femenina en el Congreso será capaz de traducirlas en legislación concreta. Porque el verdadero punto de quiebre no está en el número de diputadas, sino en su capacidad para convertir esas prioridades en poder político efectivo.
