Un estudio sobre mujeres atendidas en Valladolid revela su dependencia económica respecto de sus familias. Los datos españoles evidencian la presencia de mujeres latinoamericanas y africanas en contextos de prostitución, explotación sexual y trata de personas.
En Valladolid, España, siete de cada diez mujeres extranjeras atendidas por la asociación In Género tienen familiares que dependen económicamente, de manera parcial o total, de los ingresos provenientes de la prostitución. Algunas sostienen a más de cinco personas que permanecen en sus países de origen. El dato, difundido el 13 de octubre de 2026 por el periodista Óscar Fraile en El Día de Valladolid, introduce una dimensión de la migración femenina que suele recibir menos atención que las redes de explotación: la responsabilidad económica que muchas mujeres mantienen con sus familias tras emigrar.
Durante 2025, In Género atendió a 366 personas en la provincia de Valladolid, lo que representa aproximadamente un tercio de las personas a las que asistió en Castilla y León. Entre las mujeres atendidas predominaban las procedentes de América del Sur y el Caribe, con Colombia como principal país de origen, que representaba el 31 %. También figuraban la República Dominicana, Paraguay, Brasil y Venezuela, así como Rumanía. La edad media era de 36,1 años.
La información describe a la población atendida por una organización social y no constituye una muestra representativa de todas las mujeres que ejercen la prostitución en España. Aun con esa limitación, permite examinar cómo se relacionan la migración, las necesidades familiares y las dificultades para acceder a otras fuentes de ingresos.
Las cifras nacionales confirman que la presencia latinoamericana no se limita a Valladolid. El Ministerio de Igualdad de España presentó en septiembre de 2024 un macroestudio que estimó en 114.576 el número de mujeres en situación de prostitución identificadas mediante el análisis de anuncios publicados en internet. Según los resultados, el 51 % era de origen latinoamericano, el 16 % de origen europeo y en el 29 % de los casos no se disponía de información fiable sobre el origen.
Colombia representaba el 28 % de las nacionalidades identificadas, seguida de España, con un 13 %, mientras que Brasil y Venezuela registraban aproximadamente un 5 % cada uno. La investigación utilizó técnicas de análisis masivo de datos y sus resultados deben interpretarse teniendo en cuenta que la prostitución es una actividad difícil de medir, especialmente cuando se desarrolla en espacios privados o fuera de los medios digitales examinados.
La presencia de mujeres latinoamericanas también figura en las estadísticas policiales sobre la explotación sexual. En 2025, el Ministerio del Interior informó de que las fuerzas de seguridad habían liberado a 374 víctimas de trata con fines de explotación sexual y a otras 397 personas sometidas a explotación sexual sin que se hubiera acreditado la intervención de una red de trata. Entre las primeras predominaban mujeres procedentes de Colombia, Venezuela y China; entre las segundas, de Colombia, Paraguay y Venezuela.
Estas categorías requieren distinguir situaciones que con frecuencia se presentan como equivalentes. La prostitución, la explotación sexual y la trata de personas no constituyen una misma condición jurídica. Una mujer puede haber emigrado sabiendo que ejercería la prostitución y, posteriormente, haber sido sometida a amenazas, restricciones de libertad, engaños sobre sus condiciones o mecanismos de explotación. También hay mujeres que trabajan sin que se haya identificado una situación de trata, aunque enfrenten precariedad económica y dificultades para ejercer sus derechos.
La Fiscalía española ha advertido precisamente sobre casos de mujeres latinoamericanas que conocen de antemano la actividad que realizarán, pero son engañadas respecto de sus condiciones y terminan sometidas a explotación. El consentimiento inicial para viajar o realizar una actividad no equivale a aceptar posteriormente condiciones abusivas ni excluye la posibilidad de que exista un delito.
La dependencia familiar ayuda a comprender por qué abandonar una situación de explotación puede resultar especialmente difícil. Belén Sánchez, coordinadora de Incidencia Política y Sensibilización de In Género, explicó a El Día de Valladolid que algunas mujeres mantienen económicamente a familias numerosas en otros países. La pérdida inmediata de esos ingresos puede afectar la alimentación, la vivienda o los estudios de las personas que dependen de ellos.
Esta realidad sitúa las remesas y las obligaciones familiares dentro del análisis de la prostitución, aunque el estudio de Valladolid no cuantifica los montos enviados ni permite determinar qué proporción de los ingresos efectivamente llega a los hogares de origen. Tampoco demuestra que todas las mujeres hayan emigrado exclusivamente por la pobreza. Las trayectorias migratorias incluyen decisiones personales, responsabilidades familiares, expectativas laborales y diversas circunstancias de vulnerabilidad.
En América Latina y el Caribe, la desigualdad económica, la informalidad laboral y la distribución del trabajo de cuidados condicionan las oportunidades de muchas mujeres. Cuando la migración se convierte en una alternativa para mejorar los ingresos familiares, las posibilidades reales de acceder a un empleo dependen también de la situación administrativa, de las cualificaciones reconocidas y de las condiciones del mercado laboral del país de destino.
Los datos de Valladolid muestran algunas de esas barreras. El 46 % de las personas atendidas se encontraba en situación administrativa irregular, mientras que entre las extranjeras el 44 % carecía de tarjeta sanitaria y el 26 % no estaba empadronado. Además, el 53 % desconocía los recursos sanitarios y sociales disponibles.
Las dificultades administrativas pueden limitar el acceso a servicios, a la protección y a oportunidades laborales. Sin embargo, carecer de tarjeta sanitaria no implica necesariamente carecer del derecho a recibir atención, y la situación migratoria irregular tampoco elimina los derechos fundamentales de una persona.
El nivel educativo constituye otro elemento relevante. Según In Género, el 80 % de las personas atendidas tenía estudios secundarios o formación profesional y el 7,5 % contaba con estudios superiores. Estos datos cuestionan la idea de que la prostitución entre mujeres migrantes pueda explicarse únicamente por la falta de formación académica. Las barreras para acceder al empleo pueden persistir incluso cuando se poseen conocimientos y cualificaciones adquiridos en los países de origen.
Aunque las cifras españolas muestran una presencia considerable de mujeres latinoamericanas, las mujeres africanas también forman parte de los desplazamientos internacionales vinculados a la explotación sexual. El Informe mundial sobre la trata de personas 2024, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), documenta redes y rutas que conectan países africanos con distintos destinos, incluidos los europeos.
Las experiencias de mujeres procedentes de Nigeria y de otros países de África subsahariana deben analizarse atendiendo a sus condiciones particulares de origen, tránsito y destino. Los riesgos asociados a la migración irregular, las deudas impuestas por intermediarios y las amenazas pueden intervenir en determinadas situaciones de explotación, sin que estos mecanismos describan necesariamente todas las trayectorias de las mujeres africanas.
La diversidad de procedencias exige evitar que la nacionalidad se convierta en una explicación automática de la prostitución o de la trata. Las estadísticas identifican poblaciones expuestas a determinadas circunstancias, pero no permiten atribuir a países o regiones una responsabilidad uniforme por las decisiones, las condiciones migratorias o los delitos cometidos contra sus ciudadanas.
En Valladolid, la asociación In Género ha identificado once pisos y ocho clubes donde se ejerce la prostitución. La atención que se ofrece comprende acompañamiento social, sanitario, jurídico y psicológico, así como orientación laboral. La transferencia de parte de esta actividad a espacios privados dificulta el contacto con las mujeres y la detección de posibles situaciones de violencia o explotación.
Las alternativas requieren considerar las condiciones económicas que sustentan esas trayectorias. Una intervención centrada exclusivamente en retirar a una mujer de la prostitución puede resultar insuficiente si no contempla sus necesidades de vivienda, documentación, atención sanitaria, formación y acceso a ingresos, así como las obligaciones familiares que mantiene en otro país.
El dato de Valladolid sobre la manutención de las familias permite observar una relación económica que trasciende fronteras. Detrás de los ingresos obtenidos por muchas mujeres hay hogares que dependen de ellos, mientras las posibilidades de acceder a otros medios de subsistencia permanecen condicionadas por desigualdades que comenzaron antes de la migración y pueden prolongarse en el país de destino.
Referencias
Asociación In Género. (2025). Informe nacional 2024. https://www.ingenero.es/wp-content/uploads/2025/12/Informe-Nacional-2024.pdf
Asociación In Género. (s. f.). Nuestro impacto. https://www.ingenero.es/nuestro-impacto/
Fraile, Ó. (2026, 13 de octubre). El 70% de las prostitutas mantiene a su familia con ese dinero. El Día de Valladolid. https://www.eldiadevalladolid.com/noticia/zaf477f8a-99d6-4524-8d930b46aa8cec33/202610/el-70-de-prostitutas-envian-dinero-a-su-familia-en-otro-pais
Ministerio de Igualdad. (2024). Macroestudio. Trata, explotación sexual y prostitución de mujeres: un enfoque cuantitativo. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaencifras/estudios/investigaciones/macroestudio-trata-explotacion-sexual-y-prostitucion-de-mujeres-una-aproximacion-cuantitativa/
Ministerio del Interior. (2026). Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado liberaron a 1.869 víctimas de trata y explotación en 2025, un 4 por ciento más que en 2024. https://www.interior.gob.es/opencms/es/detalle/articulo/Las-Fuerzas-y-Cuerpos-de-Seguridad-del-Estado-liberaron-a-1.869-victimas-de-trata-y-explotacion-en-2025-un-4-por-ciento-mas-que-en-2024/
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2024). Global report on trafficking in persons 2024. Naciones Unidas. https://digitallibrary.un.org/record/4069246
