Ecuador, México, Colombia y Costa Rica registran denuncias y alertas por agresiones contra mujeres que participan en la política. Las instituciones electorales y legislativas se enfrentan al desafío de garantizar la protección y el ejercicio del debate democrático.
Las redes sociales y los parlamentos se han convertido en escenarios de denuncias de violencia política contra las mujeres en América Latina. Las agresiones denunciadas incluyen expresiones sexistas, amenazas, cuestionamientos sobre la capacidad de las representantes y conductas que pueden obstaculizar el ejercicio de sus funciones. Ecuador, México, Colombia y Costa Rica ofrecen ejemplos recientes de cómo las instituciones intentan responder a este problema.
El 6 de octubre de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador presentó una campaña para prevenir la violencia política de género de cara a las elecciones seccionales de 2027. La iniciativa busca informar sobre los mecanismos de atención y fortalecer las capacidades de las organizaciones políticas para reconocer y prevenir conductas discriminatorias.
La decisión tiene antecedentes documentados, ya que la organización Participación Ciudadana realizó un seguimiento de publicaciones dirigidas contra mujeres con visibilidad pública entre diciembre de 2019 y abril de 2024. Durante esos 53 meses examinó 20.748 publicaciones e identificó 1.200 expresiones discriminatorias, 3.343 frases de esa naturaleza y 1.388 contenidos violentos difundidos mediante imágenes, memes, caricaturas y vídeos.
El seguimiento comenzó con 36 cuentas y posteriormente se amplió a 69. Incluyó a funcionarias públicas, periodistas y representantes de organizaciones sociales, por lo que sus resultados no corresponden exclusivamente a mujeres elegidas para cargos políticos.
Según la información difundida por El Comercio, los ataques incluían referencias a la apariencia física, descalificaciones intelectuales, insinuaciones sexuales y expresiones racistas. El estudio permite identificar modalidades de agresión digital, aunque sus cifras no deben interpretarse como una medición de la situación ecuatoriana en 2026.
En julio de este año, el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral suscribieron un convenio de cooperación para fortalecer la prevención de la violencia política de género. La coordinación forma parte del Plan para la Prevención de la Violencia Política de Género 2025-2029.
México documenta denuncias contra representantes
En México, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el 24 de septiembre de 2026 un informe sobre quejas y denuncias por violencia política contra las mujeres por razón de género, recibidas entre el 13 de junio y el 20 de septiembre.
Durante la sesión del Consejo General, la consejera Carla Humphrey explicó que, entre las mujeres identificadas en las quejas, figuraban dos diputadas federales, una senadora, dos servidoras públicas, una militante y una consejera electoral.
Los ataques en redes sociales y en los medios de comunicación estuvieron entre las conductas más denunciadas. El informe también examinó los registros de personas sancionadas, una categoría distinta de las quejas recibidas durante el período.
México cuenta con mecanismos electorales específicos para investigar estas conductas. Su legislación contempla la violencia de género que busca limitar el ejercicio de los derechos políticos, el desempeño de cargos públicos o la participación de las mujeres en la toma de decisiones.
La información del INE confirma que las denuncias alcanzan a representantes con responsabilidades legislativas. También muestra la importancia de distinguir entre una queja presentada, una investigación en curso y una resolución sancionadora.
Colombia reclama una mayor aplicación de su legislación
En Colombia, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer de la Cámara de Representantes realizó, durante 2025, debates de control político sobre las agresiones contra mujeres que participan en la vida pública.
El 1 de octubre de ese año, la comisión advirtió sobre los obstáculos que enfrentaban las candidatas y las dirigentes políticas. Durante la sesión se expusieron antecedentes de amenazas, acoso sexual, ataques digitales y agresiones físicas.
El 28 de noviembre, las congresistas volvieron a examinar el problema, esta vez centradas en la implementación de la Ley 2453 de 2025, aprobada para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres.
La Comisión señaló dificultades en la aplicación de la normativa y solicitó medidas institucionales que permitieran ofrecer una protección efectiva. El debate puso de manifiesto que la existencia de una ley requiere procedimientos, coordinación entre las autoridades y mecanismos accesibles para las afectadas.
Las intervenciones parlamentarias también destacaron la necesidad de proteger a las mujeres durante las campañas electorales y tras asumir sus cargos, cuando las presiones y las conductas discriminatorias pueden persistir en las instituciones.
Costa Rica cuenta con una ley específica desde 2022
Costa Rica también ha registrado en los últimos años denuncias y controversias públicas relacionadas con el trato hacia las mujeres que participan en la política. En el ámbito legislativo se han presentado señalamientos por expresiones descalificadoras, conductas consideradas ofensivas y posibles obstáculos al ejercicio de las funciones de las representantes.
Durante 2026, los medios nacionales documentaron denuncias formales por presunta violencia contra las mujeres en la política, presentadas ante instancias de la Asamblea Legislativa. La existencia de estos procedimientos no implica que las conductas denunciadas hayan sido acreditadas ni que exista una sanción definitiva, dado que los procesos de investigación son lentos y burocráticos. Aunque algunas organizaciones, como Movimiento Balance y el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, han solicitado, mediante comunicados de prensa, no solo celeridad en los procesos, sino también sanciones ejemplarizantes que desestimulen la escalada de violencia en los Congresos.
Desde mayo de 2022, el país cuenta con la Ley 10235 para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política. La norma contempla medidas preventivas, procedimientos de denuncia y posibles sanciones políticas, éticas y administrativas.
La legislación reconoce que estas conductas pueden producirse tanto durante el acceso a cargos públicos como mientras las mujeres ejercen sus responsabilidades. Su aplicación exige examinar las circunstancias de cada caso y respetar las garantías de las personas implicadas.
La propia ley establece que la discrepancia de criterios, las posiciones adversas y el debate democrático están protegidos por la libertad de expresión. Por ello, una crítica política, incluso severa, no constituye automáticamente violencia por razones de género.
La protección debe alcanzar el ejercicio del cargo
Los antecedentes de estos cuatro países muestran manifestaciones distintas de un problema compartido. En Ecuador, el seguimiento de las plataformas digitales permite identificar expresiones discriminatorias. En México, las autoridades electorales tramitan quejas que involucran a legisladoras. En Colombia, las congresistas han exigido una aplicación más efectiva de la legislación. En Costa Rica, las denuncias parlamentarias ponen a prueba los procedimientos establecidos desde 2022.
La violencia política contra las mujeres puede afectar su participación antes de una elección, durante las campañas y después de asumir funciones. Las amenazas, la difusión de contenidos discriminatorios y las conductas que obstaculizan el desempeño en un cargo requieren mecanismos de atención adecuados a cada situación.
El desafío institucional consiste en investigar los hechos denunciados, establecer responsabilidades cuando corresponda y proteger el derecho de las mujeres a ejercer la representación política, sin restringir la crítica legítima ni las garantías del debido proceso.
Referencias
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2022). Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política (Ley n.º 10235). Tribunal Supremo de Elecciones. https://www.tse.go.cr/pdf/normativa/Ley10235-violencia-contra-mujeres-en-politica.pdf
Cámara de Representantes de Colombia. (2025, 1 de octubre). No para la violencia política contra la mujer en el país. https://www.camara.gov.co/no-para-la-violencia-politica-contra-la-mujer-en-el-pais/
Cámara de Representantes de Colombia. (2025, 28 de noviembre). Comisión de la Mujer alerta sobre lentitud en la implementación de la Ley contra la violencia política hacia las mujeres. https://poderlegislativo.camara.gov.co/2025/11/28/comision-de-la-mujer-alerta-sobre-lentitud-en-la-implementacion-de-la-ley-contra-la-violencia-politica-hacia-las-mujeres/
Consejo Nacional Electoral del Ecuador. (2026, 16 de julio). CNE y TCE suscriben convenio para fortalecer la prevención de la violencia política de género. https://www.cne.gob.ec/cne-y-tce-suscriben-convenio-para-fortalecer-la-prevencion-de-la-violencia-politica-de-genero/
Consejo Nacional Electoral del Ecuador. (2026, 6 de octubre). CNE presenta campaña «Por una democracia libre de violencia». https://www.cne.gob.ec/cne-presenta-campana-por-una-democracia-libre-de-violencia/
El Comercio. (2026, 10 de octubre). Violencia contra mujeres en la política prima en las redes sociales. https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/violencia-contra-mujeres-politica-prima-en-redes-sociales/
Instituto Nacional Electoral. (2026, 24 de septiembre). Versión estenográfica de la sesión ordinaria del Consejo General del INE, 24 de septiembre de 2026. https://centralelectoral.ine.mx/2026/09/24/version-estenografica-de-la-sesion-ordinaria-del-consejo-general-del-ine-24-de-septiembre-de-2026/
Participación Ciudadana. (2024, 7 de mayo). 20.748 publicaciones violentas contra mujeres registra el monitoreo número 53. https://www.participacionciudadana.org/web/category/sin-categoria/page/10/
Sequeira, A., & Astorga, L. (2026, 13 de agosto). Diputada del Frente Amplio presenta denuncia formal contra José Miguel Villalobos. La Nación. https://www.nacion.com/politica/diputada-del-frente-amplio-presenta-denuncia/6TEJ4QGTS5HRRDYJEBQD3PCE6M/story/
