A casi dos décadas de la despenalización del aborto en la capital mexicana, persisten obstáculos en los servicios de salud, en la apertura de expedientes y en el acompañamiento a las mujeres, en un contexto de vacíos en las políticas públicas integrales.
La Ciudad de México cumplió en abril 19 años desde la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, una medida pionera en América Latina que ha permitido el acceso legal a la interrupción del embarazo en el sistema público de salud. Sin embargo, reportes recientes evidencian que, pese al marco normativo vigente, persisten obstáculos institucionales que dificultan el ejercicio efectivo de este derecho.
De acuerdo con el reportaje de Jennifer Flores, las mujeres que acuden a servicios de salud enfrentan negativas para acceder a procedimientos, así como la apertura de expedientes administrativos o médicos que, en algunos casos, derivan en procesos de seguimiento que generan incertidumbre. Estas situaciones se presentan incluso dentro de un sistema en el que la práctica es legal, lo que evidencia brechas entre la legislación y su implementación.
Las dificultades también se extienden al acompañamiento, pues algunas organizaciones civiles han señalado la falta de orientación integral para mujeres que cursan embarazos en condiciones de vulnerabilidad, en particular para aquellas en situación de calle o sin redes de apoyo. En estos casos, la falta de protocolos claros entre instituciones dificulta el acceso a información adecuada y a servicios de salud constantes, tanto para interrumpir el embarazo como para la atención prenatal cuando se elige continuar con la gestación.
Aunque la red de clínicas públicas en la capital ha realizado miles de procedimientos desde 2007, especialistas y colectivos advierten que el acceso no es homogéneo. Factores como la objeción de conciencia del personal médico, la desinformación o la falta de recursos en ciertos centros de salud pueden derivar en demoras o rechazos.
El panorama se inserta en un contexto nacional en el que la regulación del aborto ha avanzado de manera desigual. Mientras algunos estados han replicado modelos de despenalización, en otros persisten restricciones que obligan a las mujeres a desplazarse o recurrir a alternativas fuera del sistema de salud.
En política pública, diversas voces coinciden en que el enfoque no se limita al acceso legal al procedimiento, sino que también abarca la necesidad de garantizar condiciones que permitan tomar decisiones informadas. Esto incluye educación sexual, acceso a anticonceptivos, atención médica continua y mecanismos de acompañamiento social para mujeres en contextos de vulnerabilidad.
La experiencia de la Ciudad de México demuestra que, aunque la despenalización ha ampliado los derechos, aún persisten desafíos en la implementación de las políticas y en la creación de un enfoque que aborde el embarazo desde la salud pública y el bienestar social.
Referencia:
Flores, Jennifer. (2026). A 19 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, persisten barreras institucionales. Disponible en: https://es-us.noticias.yahoo.com/19-a%C3%B1os-despenalizaci%C3%B3n-aborto-cdmx-051353887.html
