La reforma incorpora la perspectiva de género en la legítima defensa y busca evitar que las mujeres que se defienden de agresiones sean criminalizadas, al considerar contextos de violencia previa y de desigualdad.
El Congreso del Estado de Chiapas aprobó una reforma legal conocida como “Ley Petrona”, orientada a incorporar la perspectiva de género en la interpretación de la legítima defensa, con el objetivo de evitar que mujeres que se defienden de agresiones sean procesadas penalmente.
La modificación introduce criterios específicos para que jueces y fiscales evalúen las condiciones en las que ocurre una agresión, incluidos los antecedentes de violencia, la desigualdad estructural y los contextos de riesgo. En la práctica, esto implica que la reacción de una mujer ante una amenaza no se analizará únicamente bajo parámetros tradicionales de proporcionalidad, sino que se considerarán factores como la violencia previa, el miedo fundado o la vulnerabilidad.
El nombre de la ley hace referencia a un caso emblemático: el de Petrona, cuya historia ha sido retomada por organizaciones civiles, quien enfrentó un proceso judicial tras defenderse de una agresión. Su caso evidenció vacíos en la legislación penal mexicana respecto de la forma en la que se juzga la legítima defensa cuando intervienen relaciones de poder desiguales, en particular en contextos de violencia de género.
La reforma cambia las reglas del Código Penal estatal para que, en casos de violencia constante o con antecedentes de agresión, la evaluación de la legítima defensa tenga en cuenta la situación integral de la víctima. Esto es respuesta a un reclamo recurrente en el sistema judicial mexicano: la tendencia a exigir una reacción “inmediata y proporcional” sin tomar en cuenta las dinámicas de la violencia prolongada.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que, en múltiples casos, mujeres que se defienden de agresores —especialmente en contextos domésticos— terminan siendo procesadas por homicidio o lesiones, mientras que sus antecedentes de violencia quedan minimizados o invisibilizados.
De acuerdo con datos de organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70 % de las mujeres en México han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido cuestionada por su falta de enfoque diferenciado en materia de acceso a la justicia.
Casos documentados por organizaciones como Amnistía Internacional y colectivos feministas han evidenciado patrones de criminalización de mujeres que actuaron en defensa propia, en especial cuando los hechos derivan en la muerte del agresor. En estos procesos, la ausencia de perspectiva de género se ha señalado como un factor determinante en las sentencias.
Especialistas advierten que, aunque la “Ley Petrona” representa un avance normativo, su impacto dependerá de su aplicación efectiva. La capacitación de operadores judiciales, la armonización con otras leyes y la voluntad institucional serán claves para evitar que la reforma quede en el plano declarativo.
Asimismo, el desafío será garantizar que este enfoque no se limite a Chiapas, sino que abra la discusión a nivel nacional sobre la necesidad de reformar los criterios de legítima defensa en contextos de violencia de género.
Por ende, la aprobación de esta ley posiciona a Chiapas como una de las primeras entidades de México en incorporar explícitamente la perspectiva de género en la legítima defensa. Sin embargo, el debate de fondo persiste: cómo equilibrar el principio penal de proporcionalidad con la realidad de la violencia estructural que enfrentan millones de mujeres.
Referencias:
Congreso del Estado de Chiapas. (2026). Reforma al Código Penal en materia de legítima defensa con perspectiva de género (“Ley Petrona”).
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).
Amnistía Internacional. (2022). México: Justicia fallida en casos de mujeres criminalizadas por defenderse.
Observatorios y colectivos feministas en México. (2024–2026). Informes sobre la criminalización de las mujeres en legítima defensa.
