La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre la gravedad estructural de la violencia doméstica armada en Estados Unidos, tras recientes asesinatos de mujeres, niñas y niños cometidos con armas de fuego en contextos familiares. El organismo señaló que la combinación del acceso a armas, las fallas en los mecanismos de protección y los procesos de separación o divorcio incrementa el riesgo de homicidios, especialmente contra mujeres afroamericanas, indígenas y de bajos ingresos.
La CIDH expresó su “más profunda consternación” ante los recientes casos de violencia doméstica ocurridos en Estados Unidos y urgió al Estado a reforzar las medidas de prevención, protección y sanción frente a este tipo de crímenes.
Según datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), entre 2020 y 2024 se registraron más de 11.000 víctimas de homicidio en contextos de relaciones domésticas o familiares. El 74,5 % de las víctimas fueron mujeres y las mujeres afroamericanas figuran entre las más afectadas.
El organismo interamericano recordó que diversos estudios han demostrado que la presencia de armas de fuego en los hogares incrementa drásticamente el riesgo de homicidio en contextos de violencia doméstica. Ese peligro aumenta durante procesos legales como divorcios, disputas por la custodia o solicitudes de medidas de protección.
La CIDH mencionó dos casos recientes ocurridos en abril de 2026. El primero se registró el 16 de abril en Annandale, Virginia, donde una mujer fue asesinada a tiros por su esposo, quien tenía una orden judicial para abandonar el hogar en medio de un proceso de divorcio.
Tres días después, en Shreveport, Louisiana, un hombre asesinó a ocho niñas y niños de entre tres y 11 años —siete de ellos, sus propios hijos— y dejó gravemente heridas a dos mujeres, incluida su esposa, con quien también atravesaba un proceso de separación. Para la CIDH, estos hechos reflejan “la intersección letal entre la violencia doméstica, el acceso irrestricto a las armas de fuego y la falta de mecanismos efectivos de protección”.
La Comisión reconoció algunas medidas adoptadas por Estados Unidos en los últimos años. Entre ellas, destacó la Ley Bipartidista de Comunidades Seguras de 2022, que amplió las prohibiciones de posesión de armas a personas condenadas por violencia doméstica en relaciones de pareja y destinó recursos para fortalecer las leyes estatales de protección ante el riesgo extremo.
De acuerdo con información entregada por el propio Estado a la CIDH, solo en 2024 se rechazaron más de 5.000 ventas de armas a personas condenadas por violencia doméstica.
La CIDH recordó, además, que conforme a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y al caso Jessica Lenahan (Gonzales) y otros vs. Estados Unidos, el Estado tiene la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir la violencia doméstica y proteger a las víctimas.
El organismo subrayó que esta violencia afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas, niños y adolescentes, especialmente en poblaciones afrodescendientes e indígenas, así como en contextos de vulnerabilidad económica. También insistió en que la aplicación efectiva y oportuna de medidas de protección es esencial para garantizar la vida e integridad de las víctimas.
En ese contexto, la Comisión instó a Estados Unidos a continuar fortaleciendo las restricciones al acceso de las personas con antecedentes de violencia doméstica a las armas. También pidió mejorar las capacidades policiales y judiciales para identificar riesgos. Además, pidió crear mecanismos de seguimiento y de rendición de cuentas de las medidas de protección.
Oficina de Prensa y Comunicación – CP- No. 089/26
